Producto del desarrollo de la sociedad capitalista, el crecimiento anárquico de las ciudadeshace evidente la miseria en que se encuentra sometida más del 60% de la población nacional, concentrada es las urbes.
Parte de la llamada solución que “ofrece” el régimen, son los incentivos para la industria constructora nacional y extranjera, en la que es claro que la ganancia para las grandes empresas es extraída a costillas de los trabajadores.
Detrás está una cadena de complicidades que involucra autoridades municipales y a grupos caciquiles que en sus comunidades han fraccionado grandes extensiones de tierra agrícola de excelente calidad para el cultivo, que finalmente serán utilizadas para la construcción de casas y residencias particulares.
El suelo urbano y el que se urbaniza de manera constante, está sujeto al juego del mercado y la especulación. En el sistema institucional de vivienda, los trabajadores que ganan tres salarios mínimos, aportan al INFONAVIT, pero no existe una opción para ellos de adquirir un crédito, por lo que su dinero es para los que si tienen oferta de vivienda “popular”.
Las principales ganancias se las llevan finalmente los grandes monopolios de desarrollo de infraestructura del país, como IDEAL-CICSA del grupo Carso o ICA propiedad de Bernardo Quintana, que junto con instituciones bancarias e hipotecarias como Banamex, Scotiabank, Serfín, HSBC, Santander, BBVA-Bancomer se reparten el jugoso negocio de la edificación y venta de viviendas.
Tampoco se quedan fuera constructoras como GEO, ARA, SADASI, HOMEX-BETA, CAME, Consorcio Hogar, SARE, URBI, PULTI Y DEMET, que entre otras empresa conforman un amplio espectro de pequeñas constructoras absorbidas por monopolios, que actúan como operadores de proyectos que ponen en riesgo tanto los recursos naturales como a la misma población al no ser construidas con materiales de calidad, con la finalidad de reducir costos.
Los llamados conjuntos habitacionales, que se localizan en la periferia de las ciudades, no ofrecen condiciones adecuadas para habitar y no resuelven las necesidades urbano-comunitarias esenciales: empleo, recreación, cultura, transporte, disposición de residuos, tratamiento de agua, justamente por estar ubicados a las afueras de las grandes ciudades.
De esta manera las constructoras elaboran viviendas cada vez más pequeñas para abatir costos financieros propios, aunque no se refleje en el costo real de las viviendas que ofrecen.
El desarrollo indiscriminado de complejos habitacionales en las entidades, obedece a la necesidad de contar con ciudades dormitorio de fácil acceso a los centros industriales, las cuales se caracterizan por ser edificadas sobre terrenos que en su mayoría fueron de uso ejidal, comprados a base de engaños o a la fuerza.
Así mismo estas unidades son construidas sobre pequeños terrenos donde generalmente se edifican varios millares de casas o departamentos, provocando hacinamiento; en venta a través de créditos que esclavizan a los trabajadores a toda una vida de pagos de intereses.
La propagación de complejos habitacionales, ya sean estos para las masas trabajadoras o bien ostentosos complejos habitacionales residenciales, destinados a ser casas de descanso para la burguesía nacional e incluso centros de retiro para estadounidenses, acarrea una serie de consecuencias para los pobladores originarios de estos lugares como el desabasto de agua y la recepción de aguas negras.
La problemática de la vivienda y en particular de las ínfimas condiciones de las viviendas de tipo “popular”, llevan a los colonos a los sin casa a empujar estas demandas y levantarlas como banderas de la lucha popular.
Este sector ha concentrado en los últimos años un contingente muy importante que ha dado grandes combates frente al régimen, como el movimiento de damnificados en la ciudad de México. De igual manera ha desarrollado formas más consistentes de lucha como huelgas de pagos y tomas de tierras, lo cual demuestra que el movimiento urbano popular puede llegar a tener capacidad de enfrentar a los monopolios.
