-El respaldo de la dirigencia priista en el senado y en la cámara de diputados es más seguro para privatizar Pemex.
Con la privatización energética en puerta, el incremento de operativos militares y un movimiento campesino en marcha, Felipe Calderón hizo un llamado a suscribir un Pacto Nacional por la Legalidad y la Seguridad, sujetar las coincidencias y divergencias al cauce institucional establecido por la Constitución es el eje de dicho pacto promovido en la pasada reunión conmemorativa del 91 aniversario de la constitución.

Las declaraciones de Calderón en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro persiguen posicionar a las instituciones legislativas como las únicas poseedoras de legitimad para producir cambios políticos, “coincidencias y divergencias” no pueden salir de los salones legislativos, y menos ahora que las mayorías parlamentarias del PRI, el PAN y las sorpresas esperadas del PRD le aseguran que la reforma privatizadora de la industria energética está en sus manos.

El respaldo de la dirigencia priista en el senado y en la cámara de diputados es más que seguro, el diputado priista Samuel Aguilar declaró que su partido pretende aprobar una “reforma integral” que abarque la modernización de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), aún mas, se sumaran a la propuesta de “democratizar” las inversiones en Pemex, o lo que es lo mismo, subastar sus acciones en la bolsa de valores para el enriquecimiento de gran burgueses dichosos porque la democracia incremente sus bolsillos.

Ahora sí le interesa la legalidad a la burguesía, pero cuando ella no cuadra a sus objetivos, no hay más que saltársela y listo, el ejército en las calles parece no entrar en el pacto sobre legalidad se viola constantemente el artículo 129, que dice: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Aún cuando los operativos militares son denunciados por las violaciones a los derechos humanos, estos lejos de ser “cada vez más esporádicos” son planificados con más continuidad como lo prueban las declaraciones del secretario de la defensa nacional Guillermo Galván, quien señaló que se aplicaron y están en curso tres operaciones de “erradicación de alto impacto” en Michoacán, Guerrero y en los límites de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, informó también, de otras tres operaciones regionales en los estados de Jalisco, Nayarit y Oaxaca.
Entonces el Pacto Nacional por la Legalidad y la Seguridad no llega a los cuarteles militares.

Los pasos que persiguen el gobierno federal y el conjunto de la oligarquía con dicho pacto son aclimatar a la población ante el advenimiento de las reformas privatizadoras, dar un baño de legalidad a la venta de las paraestatales energéticas y los recursos considerados patrimonio nacional, e intrínsecamente seguir atizando en la criminalización de las protestas sociales que se están poniendo en marcha ante este inminente escenario.

Lo anterior se refuerza con las declaraciones del secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño que declaró, refiriéndose a la lucha contra el narcotráfico: “en esa lucha no existe para nosotros la derrota, pues ningún grupo criminal es capaz de resistir la fuerza del Estado” aseguró que se ha logrado dañar la estructura de grupos del narcotráfico, a grado tal que se le arrebataron importantes plazas hoy bajo control estatal. Mouriño agregó que los resultados de esa política “están a la vista, siendo la violencia, las guerras entre las mafias y las ejecuciones, síntomas claros de que el crimen organizado se ha debilitado”.

Las declaraciones del secretario de gobernación contrastan con la realidad y pretenden dejar la impresión que la utilización del ejército es benéfica para la seguridad del país, y por lo tanto debe seguir en las calles, asimismo se adjudica una falsa victoria que trae consigo un ambiente social más seguro, siempre y cuando el ejército continúe en las calles.

Aunado a esta nueva pantalla que cubre la privatización energética están las negociaciones en torno a minimizar los alcances del movimiento campesino que se está desarrollando, en este sentido Felipe Calderón sostuvo una reunión en los Pinos con la dirigencia nacional del PRI, de la CNC y legisladores del PRI, el objetivo era amarrar la reforma y salvar al secretario de Agricultura Alberto Cárdenas, con ello evitar una confrontación que impidiera la reforma energética.

Como se sabe la renuncia de Alberto Cárdenas Jiménez es la exigencia de un sector del movimiento campesino, es desconocido como interlocutor para temas del campo, sin embargo su cabeza ha sido salvada por las exigencias de la coyuntura legislativa.

Para ejemplificar la comunión de la oligarquía en los partidos políticos burgueses nada mejor que las confesiones del coordinador priista en la cámara de diputados, Emilio Gamboa, dijo a César Horacio Duarte, coordinador de los diputados del sector campesino: “si amenazamos al Presidente, nos manda a la chingada y no sacamos lo de Petróleos Mexicanos”. Es claro ¿o no?

Los priistas sacrifican las exigencias de sus propios allegados en aras de mantener a salvo los intereses monopólicos, y se suman al llamado a la legalidad de Calderón pues desde la lógica del régimen, se tiene asegurada la privatización.

Respecto a la seguridad en el llamado de Calderón intención que se confirma es la de poner sobre aviso a quien no acepte este tipo de legalidad, los que se atrevan estarán en la mira de los que atentan contra la seguridad y para salvaguardarla, la represión estatal se alista.

En el llamado de Calderón nada se dice sobre derechos humanos, empleo o los más de cien desaparecidos sólo en el estado de Guerrero en lo que va de su gestión. Los políticos de la burguesía en sus negociaciones hacen gala de sumisión a los monopolios a costa de los intereses populares.

Con este tipo de legalidad la movilizaciones y lucha popular que se fraguan en el país son la consecución justa y necesaria contra las políticas entreguistas y explotadoras del régimen..