-La visión que tiene el presente régimen del derecho de huelga es una visión que se asemeja a su visión del sindicalismo: pura simulación.


Sin duda el conflicto minero al igual que todo tipo de acontecimiento político, económico y social, ha servido para decantar posiciones con respecto al tipo país, de sociedad que se quiere y de intereses que se representan.

El Juzgado Sexto en materia de trabajo del Distrito Federal le concedió la suspensión definitiva de la declaración de inexistencia que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), sobre la huelga que mantiene en Cananea.

De manera por demás ambigua, la resolución del juez Máximo Torres Quevedo también señala, sin embargo, que la empresa Industrial Minera México puede “reanudar sus labores con los trabajadores no huelguistas y con los huelguistas que voluntariamente deseen regresar al trabajo”, señalando que esa contradicción legal continuaría hasta que se resuelva el fondo de la demanda de amparo promovida por el sindicato, ya que la resolución emitida no significa que los trabajadores hayan ganado el amparo de fondo, sino exclusivamente que mientras dure el juicio tienen garantizado su derecho a la huelga.

Casi al mismo tiempo en una actitud provocadora, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recibió el martes 22 de enero con una enorme manta a los agremiados del sindicato minero quienes realizaron un mitin en estas instalaciones, en la cual les advertía que “En esta secretaría no se tramitan asuntos penales”, por lo cual los manifestantes calificaron al titular de la dependencia de rompehuelgas y esquirol, pidiendo su renuncia.

Sobre la manta colocada a la entrada de la dependencia, el Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, comenta que fue para fijar la posición de la secretaría, porque en su interpretación, el sindicato minero presiona y chantajea “para lograr la liberación” de su Secretario General Napoleón Gómez Urrutia; manifestando respecto a su renuncia, y sin que aparentemente estuviera relacionado con el tema principal del conflicto, que “nadie detendrá la reforma laboral”.

Ya con anterioridad, Héctor Alcudia Goya quien funge como director general de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el Correo Ilustrado del periódico La Jornada, una carta en la que acusa al abogado del gremio de ser corrupto abogado oficioso del sindicato minero, llamándolo “presunto experto en derecho laboral”. Por otro lado para el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón, “dejó de ser el interlocutor” de este conflicto laboral, ya que “no tiene voluntad política” para resolverlo y no ha sabido o no ha querido solucionar el problema, negándose rotunda y reiteradamente a recibir a la representación sindical.

Por lo que se ve, y por toda la serie de actitudes tomadas por la autoridad laboral en el presente conflicto, las contradicciones de intereses distan de tener una solución a corto plazo. Antes bien, la forma que viene adquiriendo tiene visos de tornarse violenta, y no sólo en el discurso. Tal pareciera que los funcionarios rompehuelgas de la Secretaría del Trabajo, estuvieran empeñados en acorralar a los obreros mineros, orillándolos a una violencia por demás justificada para de esa manera darle una solución represiva. Efectivamente por un lado la burguesía y su aparato gubernamental representada por la Secretaria del Trabajo, pretenden imponer a sangre y fuego lo que han dado en llamar “una nueva cultura laboral”, reflejada en la tan decantada reforma laboral, que ha sido impulsada para aprobarse en el presente sexenio.

Por consiguiente, la visión que tiene el presente régimen del derecho de huelga es una visión que se asemeja a su visión del sindicalismo: pura simulación. Una huelga donde no se ejerza el paro de la producción, donde la voluntad mayoritaria de los trabajadores no se pueda imponer y los esquiroles tengan la oportunidad de boicotear la huelga.

Esta manera, por demás reaccionaria y pro-empresarial de concebir los derechos laborales de los trabajadores, como parte de la política fascista del presente régimen, se ha convertido en la forma preferida del gobierno de solucionar los problemas sociales para lograr mantener la explotación de la clase obrera. Donde en este conflicto laboral el régimen plantea abierta y descaradamente que detrás de esta cerrazón para darle solución a la demanda de mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, se encuentra la imposición patronal en la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Es decir, se trata por un lado de chantajear a las organizaciones sindicales y por otro lado de mandar un mensaje a aquellos que intenten oponer resistencia.

Por tanto, hoy no se trata de solidaridad con un gremio o sector de la producción, se trata de poner en el centro de atención de todos los proletarios la necesidad de la defensa de nuestros derechos básicos de los asalariados y de nuestros intereses como clase trabajadora, donde en el sistema capitalista el derecho de huelga es fundamental y la única arma que tienen los trabajadores para lograr un equilibrio entre las clases sociales para no morir de hambre. Los capitalistas declaran la guerra abiertamente a los oprimidos y explotados y subestiman su capacidad de respuesta organizada. Queda en nuestras manos pasar de la resistencia a la rebeldía consciente.