El 24 de mayo fueron desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR); el 26 de septiembre fue desaparecido Francisco Paredes Ruiz, ex militante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), actualmente integrante de la Fundación Diego Lucero A.C., defensora de derechos humanos, y; el 30 de diciembre, fue desaparecido Lauro Juárez, campesino indígena dirigente regional del Frente Popular Revolucionario (FPR) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Estas desapariciones políticas recientes se dan contra militantes de movimientos políticos con formas de lucha diferentes -los dos desaparecidos del EPR son militantes insurgentes de una organización armada, el desaparecido de la FDLAC es un defensor de derechos humanos, y el desaparecido del FPR-APPO es militante de una organización del movimiento de masas-, lo cual evidencia que la practica de desaparición forzada de personas implementada por el Estado mexicano, tanto a nivel federal como en los estados, esta dirigida contra toda la oposición, sin importar si desarrolla su lucha en los marcos de la legalidad burguesa o fuera de ella.
Las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Lauro Juárez, fueron llevadas a cabo en el estado de Oaxaca, estado caracterizado por un avanzado proceso de fascistización, sostenido y apoyado por el gobierno federal, en el caso de Francisco Paredes, su desaparición se dio en Michoacán, estado donde se supone existe un “gobierno democrático”, en ninguno de los dos estados hay mayor investigación, ni información sobre el paradero de estos luchadores populares.
Por filtraciones periodísticas y denuncias de la población, se ha dejado entrever que en las desapariciones antes mencionadas han participado grupos paramilitares, coordinados con el ejército y corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, lo anterior evidencia que estas desapariciones forman parte de un marco general de represión, no limitado a la práctica de desaparición forzada y no sólo dirigido a un tipo de organización popular y social.
La práctica de desaparición forzada de personas es una mas de las medidas implementadas por la oligarquía financiera y su Estado contra toda oposición a su política y medidas antipopulares, decimos que es una mas porque junto con la militarización, la represión abierta contra las luchas populares y obreras -la reciente represión de la huelga de Cananea, por ejemplo-, reformas penales reaccionarias -Ley contra el terrorismo, reforma judicial, Plan Mérida-, creación de grupos de elite antisubversion, centralización del mando policiaco, sostenimiento y encubrimiento de grupos paramilitares, etc.
Lo anterior, forma parte del proceso de fascistización del Estado mexicano, es decir, la oligarquía financiera esta tomando medidas para modificar la forma de dominación que ejerce mediante su Estado e instituciones, que se correspondan a su necesidad de imponer sin mayor oposición y de la manera más rápida posible, una mayor explotación y expoliación sobre las masas populares, buscando maximizar sus ganancias.
Es importante mencionar que cuando nos referimos al Estado mexicano, no nos referimos sólo al poder federal o gobierno de Felipe Calderón, nos referimos a todas las instituciones del ámbito federal, estatal y municipal -con sus tres poderes e instituciones, así como a las instituciones “descentralizadas”-partidos políticos electorales, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Federal Electoral, etc.-, que en su conjunto constituyen un solo aparato de dominación de la oligarquía financiera sobre el proletariado y masas populares.
Aparato que, bajo la forma de una democracia burguesa parlamentaria, en esencia hoy tiene una sola agenda a todos los niveles: llevar a cabo todas las medidas y acciones necesarias tendientes a que la oligarquía y sus monopolios maximicen sus ganancias, en materia económica, por ello, se vienen aplicando la política económica neoliberal: reformas estructurales, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatizaciones, etc.
En particular, respecto a las desapariciones políticas, la tarea de los comunistas y revolucionarios es propagandizar, luchar y reivindicar a todos, lo cual abrirá camino a la lucha para su presentación, acompañada por una labor de denuncia contra las desapariciones forzadas, enmarcadas en el proceso general de represión, de fascistización que se da nuestro país, cumpliendo estas tareas, corresponderemos a la lucha contra el fascismo y sus expresiones con nuestra lucha por la revolución y el socialismo.
