Desde el sexenio de Vicente Fox, la política militarista del Estado estaba perfilándose como la salida preferida para “resolver” problemas sociales, así sucedió en Atenco y Oaxaca. Las fuerzas armadas no sólo fueron dirigidas hacia los llamados focos rojos, sino también y en gran escala al pueblo en general. Patrullajes militares, retenes y cateos se multiplicaron por todo el país.
Si se retoma esto, la tendencia fascistoide del calderonismo se dibuja en todos sus rasgos como estrategia de dominación capitalista. En sí mismo el régimen actual no cuenta con el apoyo de sectores sociales amplios, tiene apenas el apoyo de la oligarquía financiera y un sector reducido de la pequeña burguesía que se traga el cuento de la guerra al crimen organizado.
De esta forma, el combate al narcotráfico apenas es un pretexto para justificar la militarización de la vida social, se viene suprimiendo las garantías individuales y otros derechos con el apoyo de los medios de comunicación, las iglesias y, por supuesto, el imperialismo.
Pero ante este contexto, es imprescindible el análisis de resultados del militarismo calderonista. Varios sectores de la burguesía y pequeña burguesía se oponen porque se traba el comercio y la ganancia entorpeciendo la circulación de mercancías, y poner en riesgo sus beneficios es el mejor argumento para estos sectores privilegiados. Incluso hay rupturas en el núcleo del panismo ante el inocultable fracaso de los militares en las calles en tareas que supuestamente realizan, lo que lleva al desprestigio real del principal soporte de control de Calderón. Criticando la participación del Ejército en labores policíacas, el panista Francisco José Paoli, explicó que “para lo único que tiene capacidad es para cooperar con las autoridades”, explicó. En referencia a las protestas contra la presencia de AFI, PFP y SEDENA en Tamaulipas, señaló que “no debiera ir más allá de los dos años, que es el plazo que puede aguantar políticamente la conciencia de la gente”. Como se difundió, en este estado, grupos de personas recorrieron las calles y la frontera denunciando que los policías federales y los soldados “se meten a las casas y se llevan dinero, objetos y todas las cosas de valor”.
Este desprestigio popular, sumado a los casos más graves como los abusos sexuales, violaciones y asesinatos llegó al grado de tener que crear una Dirección de Derechos Humanos en el Ejército, lo que apenas unos meses atrás era rotundamente rechazado. Aunque esta oficina, obviamente, es una medida meramente cosmética.
Volviendo a la revisión de la efectividad de la política castrense, los resultados son absolutamente desastrosos para el régimen. En todo lo que lleva la campaña militar, apenas si detuvieron a un supuesto jefe de un cártel de droga (el del Pacífico) hace unos días. Por supuesto, los voceros del imperialismo dan su visto bueno. En palabras del embajador yanqui, Antonio O. Garza: “tuvieron una significativa victoria al detener a Alfredo Beltrán Leyva, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa”.
El fracaso de esta política también se evidencia en el aumento de las muertes ya no sólo en acciones de los supuestos delincuentes, sino incluso en los enfrentamientos. En números y en el carácter de la violencia de los cárteles, y otros grupos de este tipo, la violencia va en aumento.
La realidad es que ni la reorganización en la Marina como “Policía marítima” y la modificación de las zonas militares, como tampoco la creación de otros grupos de élite como el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (FAF) dada a conocer por la Defensa Nacional en mayo del año pasado, logran resultados. De hecho éste último grupo mencionado no es sino el refrito del otrora fracasado Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFES), que tampoco logró nada y terminó por ser disuelto ante las pugnas de poder entre varias agrupaciones y mandos armados.
