LaCon una gran presencia policiaco-militar es que las fuerzas represivas actúan como viles rompe-huelgas en Cananea. Entre agentes de seguridad, militares, policías federales y estatales, a sangre y fuego enfrentaron a los cientos de trabajadores que custodiaban los accesos de la empresa Minera de Cananea.

Dejando un saldo de 40 mineros heridos, cinco hospitalizados, cinco detenidos, quienes fueron liberados después, e incluso desaparecidos, desalojándolos de las instalaciones una vez que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declarara inexistente la huelga que inicio el 30 de julio pasado.

Esta actitud del Estado, de por un lado ir a las minuciosidades de forma para determinar la inexistencia de la huelga, en virtud de supuestamente no haber empezado a la hora anunciada; que no se había recabado la opinión mayoritaria de los trabajadores y que no eran fundados los motivos de la huelga; a todas luces se contradice con el excesivo uso de la fuerza, cuando en el actual derecho burgués no hay disposición legal alguna que autorice el uso de la fuerza pública para romper una huelga, en una franca y abierta demostración de su espíritu fascista y del ánimo que priva en las pretensiones de reformar la actual Ley Federal del Trabajo (LFT): acabar con una serie de derechos de los trabajadores para incrementar la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Todo parece indicar que en la orden que dio el Estado de romper la huelga, se encuentra de fondo la pretensión de provocar a los obreros mineros, con el fin de obtener del gremio una actitud violenta y poder de esa manera justificar más represión.

No es casual que estas medidas represivas para resolver los problemas en las relaciones de producción, se den precisamente en momentos en que con bombo y platillo se anuncian “consensos” entre los llamados factores productivos, para reformar la actual ley laboral. No es casual, porque esa es la manera en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los empresarios y el gobierno piensan imponer sus reformas laboral y energética, doblegando por la vía de la fuerza a las organizaciones sindicales opositoras.

A raíz de estos acontecimientos es que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), realizo un paro general de labores de manera exitosa en todo el gremio el día miércoles 16 del presente mes de enero, reportando que pararon 85 plantas metalúrgicas y yacimientos del país y que un total de 25 mil trabajadores se sumaron a la acción en apoyo a la huelga de los trabajadores de Minera de Cananea.

Por lo que independientemente de otras interpretaciones que tratan inútilmente de calumniar y difamar este movimiento de los obreros mineros, queda más que clara su legitimidad ante la clase trabajadora y el porque del empecinamiento de la burguesía por golpear a su organización sindical.

Por si a alguien le quedara duda del papel de las autoridades laborales como comparsas de la patronal y como si ellas mismas se empeñaran en dejar ese papel bien claro, la STPS declara que la figura de paro de labores, como el convocado por el sindicato minero, no está prevista en la LFT, por lo que antes que las empresas interpusieran alguna demanda o denuncia al respecto los califica de ilegales.

Más aún, como simples voceros de los empresarios, anuncian que por este motivo las empresas van a descontar el importe de los salarios correspondientes a las “ausencias injustificadas en este día”, y que se van a computar estas faltas “para efectos de otras sanciones aplicables”. Por lo que resulta más que obvio, que en estos y otros conflictos obrero-patronales, esta dependencia que se supone que sólo debiera jugar el papel de conciliador y árbitro entre la contradicción de intereses, se declara abiertamente del lado de los capitalistas.

Estos acontecimientos además de deber tener una correcta interpretación de parte de la clase obrera, los trabajadores y sus organizaciones, aislando las actitudes de quienes en momentos de represión como el que nos ocupa, intentan dividir la solidaridad de clase priorizando la lucha en contra de la dirigencia sindical, con quienes se tienen diferencias de fondo en cuanto a la forma en que desarrollan una política de control al interno de su organización sindical. Toda vez que si bien este asunto no es de menor importancia, no se puede caer en el mismo terreno en que cae el gobierno de justificar la represión, en aras de intentar suplantar la voluntad de los trabajadores por las diferencias políticas que se pudieran tener, intentando decidir en su lugar lo que debe ser obra de ellos mismos.

Debemos recordar que el presente conflicto minero, no es otra cosa que consecuencia de toda una serie de acontecimientos políticos, que comenzaron con el accidente de trabajo del cual fueron victimas los mineros de Pasta de Conchos Coahuila, los cuales a punto de cumplir 2 años, no han sido indemnizados legalmente sus familias. Donde a partir de ello, en lugar de hacer cumplir la ley, haciendo pagar a los responsables, se distrajo la atención con una persecución política en contra del dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia con el pretexto de una supuesta lucha del Estado en contra de la corrupción sindical, quedando hasta el momento impunes los culpables de la muerte de los obreros y las malas condiciones de trabajo en la minera de Pasta de Conchos y causa de las subsiguientes huelgas mineras, no resueltas.

No cabe duda, el Estado para imponer su política laboral, económica y social, pro-empresarial y pro-imperialista, hace uso de la bota represiva, los supuestos consensos para sus reformas no son otra cosa que imposiciones y la clase trabajadora es la indicada para detener con lucha los planes de los capitalistas, cosa que no va ser posible si no logra consolidar su unidad como clase.