Durante los pasados días 14 y 30  de noviembre, fueron víctimas de brutales acciones de represión los alumnos y egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. El día 14 de Noviembre, los normalistas fueron desalojados de las instalaciones del Congreso del estado de Guerrero, en Chilpancingo, donde habían arribado para exigir, entre otras cosas la contratación de 75 profesores egresados de Ayotzinapa y para protestar contra la manifiesta intención del Gobierno de Zeferino Torreblanca de cerrar esa institución de educación pública.

De esta primera acción de brutalidad policíaca, resultaron heridos 230 estudiantes, dos de ellos de gravedad al ser atropellados  por  autos-patrulla de la policía de Guerrero y contabilizándose, en un primer momento 12 desaparecidos.

El 30 de noviembre, en una segunda acción represiva contra los estudiantes de Ayotzinapa, la Policía Federal Preventiva (PFP) los desalojó de la caseta de cobro de La Venta en la Autopista del Sol, a donde se habían trasladado para exigir solución a sus demandas, resultando detenidos 56,  todos violentamente maltratados  y uno herido de gravedad. Acusados de robo, secuestro y de daños a las vías de comunicación fueron trasladados, primero a las instalaciones de la PGR, posteriormente al Centro de Rehabilitación Social de Acapulco.

Como consecuencia de la movilización, y de las denuncias que tanto a nivel nacional como internacional se han hecho, fueron puestos en libertad 39 estudiantes, con una fianza ínfima; manteniendo a otros 17 en calidad de presos, es decir, de rehenes de los gobiernos del perredista Zeferino Torreblanca y del panista Felipe Calderón.

Cabe destacar, que la conjunción de intereses de los  gobiernos  federal  y del estado de Guerrero no se limita sólo al terreno educativo, donde la intención de suprimir  la Escuela Normal  de Ayotzinapa es muy grave; sobre todo,  si se considera que el estado de Guerrero es uno de los que tienen los mayores rezagos educativos del país. De hecho, la intención de desaparecer   la Normal de Ayotzinapa forma parte de un plan para desaparecer a las Normales Rurales, para privilegiar, en la lógica de la competencia, a instituciones de educación tecnológica, para atraer  inversión extranjera.

La criminalización de las luchas sociales es -también- un terreno donde coinciden Zeferino Torreblanca y Felipe Calderón. La reciente ofensiva de Elías Ayub, Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que de acuerdo con los opositores a la construcción de la Presa la Parota, "tergiversa el fallo de la Juez Octava de Distrito", al pretender haber obtenido un laudo definitivo a favor de la CFE  y en contra del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP),  "impulsa la violencia a pesar de que el CECOP ha seguido los caminos jurídicos y legales." Esta circunstancia, hace prever actividades divisionistas, un incremento de la presencia militar en la  zona y por lo tanto una mayor violencia, sobre todo, a partir del empeño de Zeferino por ligar a los ejidatarios con el Ejercito Popular Revolucionario (EPR).

Por lo anterior, el Frente Nacional contra la Represión-Sección Michoacán, protesta enérgicamente por la represión de que están siendo victimas los estudiantes y los egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Reclama la inmediata liberación de todos los detenidos. Exige mayores recursos económicos  para ser destinados a la educación. Se pronuncia en contra del cierre de las normales rurales. Más escuelas y menos cuarteles. Exige la disolución de la represiva y anticonstitucional Policía Federal Preventiva. Se solidariza con los campesinos que defienden sus tierras y que están organizados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota. Exige, naturalmente, la libertad de todos los presos políticos del país. La presentación de todos los desaparecidos, en particular de Francisco Paredes Ruiz, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Frente Nacional contra la Represión-Sección Michoacán