-Para la burguesía la seguridad social tiene que desaparecer: que los recursos de los trabajadores acrecienten los capitales bancarios.

-Utilizando la ideología nacionalista se revisten como celosos defensores de los intereses populares.

-Discurso nacionalista y paliativos: utilizados para contener el empuje de la lucha de clases contra las secuelas del capitalismo.

El pasado 22 de noviembre, se aprobó por unanimidad en el Congreso de Morelos la Ley de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, compendio de normas implementar por el gobierno de Adame Castillo.

El reglamento propuesto por la administración panista y secundada por todos los partidos burgueses participantes en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Participación Ciudadana, tiene por objetivo la regulación corporativa de las organizaciones civiles y no gubernamentales, es decir, la restricción a las ya de por sí precarias libertades y garantías con las que cuenta el pueblo, en la cada vez menos maquillada dictadura de la oligarquía financiera.

La ley ataca flagrantemente los más elementales derechos democráticos, al establecer a las organizaciones obligaciones tales como, registrarse ante la Secretaría de Gobierno, rendir informes trimestrales sobre las actividades que desarrollan, explicitar “la razón social o denominación de la organización, el nombre del o de los representantes, el objeto, el domicilio, la fecha de constitución y los nombres de los integrantes de la misma” y además, “abstenerse de realizar actividades políticas o religiosas”, lo que resulta en una descarada medida del Estado por suprimir la organización política independiente de la clase obrera, los campesinos pobres y demás sectores populares.

Todo lo anterior bajo el pretexto de incentivar a las organizaciones mediante promesas de “facilidades para la obtención de recursos, estímulos, apoyos y reconocimientos” que “serán” otorgados a cambio del registro y cumplimiento estricto (sobre pena de fuertes sanciones económicas) a las normas que establezca el poder oligárquico, sus funcionarios, gobierno y partidos.

Además de contemplar el aspecto netamente vigilante del gobierno y sus funciones de inteligencia, con la Ley también se establecen las vías para ensanchar la esencia opresiva del Estado incluyendo ahora con mayor amplitud no solo la violencia represiva de la policía y el ejército, sino también la intervención directa de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Sergio Álvarez Mata, sobre las “actividades, los objetivos y metas de las organizaciones”, a partir de la llamada Comisión de Fomento (estipulada en el capítulo segundo) que será la herramienta de corporativización integrada por un representante de la Secretaría de Gobierno, uno de la Contraloría, uno del Congreso y dos representantes de las “ONG”. Esta comisión dirigirá a las organizaciones por el camino que mejor convenga al capital y su Estado para someter a los trabajadores del campo y la ciudad.

De ejecutarse, con la implementación de esta Ley se evidencia el papel reaccionario de la administración liderada por el gobernador yunquista, la esencia antidemocrática de los partidos burgueses (PRI, PAN, PRD, PANAL, PVEM, etc.) y el verdadero carácter de la democracia burguesa, la dictadura de los ricos y poderosos que excluye la representación de los intereses de las masas y reprime, desaparece o corporativiza a las organizaciones que los enarbolan.

Ante esta violación a las libertades y derechos fundamentales, todas las organizaciones democráticas, progresistas, antifascistas y revolucionarias debemos combatir resueltamente por la no publicación de esta Ley en el periódico oficial “Tierra y Libertad” y por la caída de esta medida coercitiva, pugnar por la abrogación de la Ley en caso de entrar en vigor.