-Calderón está emitiendo un seguro de explotación que contempla mano de obra barata, control sindical charro, pésimas condiciones de trabajo sin seguro social.
-El Estado incrementará el proceso de criminalización de los movimientos sociales.
-“Se trata de fortalecer capacidad para detectar terroristas que quieran entrar a territorio nacional para atacar a nuestros vecinos”: Relaciones Exteriores.

El gobierno mexicano solicitó al Banco Mundial, por medio del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, un seguro contra riesgos políticos que garantiza las ganancias de los monopolios a pesar de los estragos de pobreza que vive la población.

La solicitud de adhesión al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), es una especie de seguro financiero para que en caso de un estallido social, insurrección o revolución, los monopolios reciban protección al capital que está invertido en nuestro país, no solo eso, el nuevo seguro contempla entre sus funciones asegurar proyectos de inversión privada, en caso que se frustren planes de privatización de empresas estatales o se causen pérdidas originadas por conflictos sociales.

El seguro del MIGA también contempla como riesgos la expropiación y nacionalización de empresas, con lo cual se protege con una garantía la propiedad privada o el beneficio derivado de su explotación.

También la garantía contempla las guerras y disturbios civiles, da protección contra pérdidas causadas a bienes materiales a raíz de cualquier acción militar o disturbio civil en cualquier territorio del país receptor de la inversión. Esto incluye revoluciones, insurrecciones, golpes de Estado, sabotaje y terrorismo y en casos en que el gobierno incumpla un contrato con el inversionista. La duración de esta garantía es de 15 años y podrá ser ampliada hasta 20 años, si MIGA considera que el proyecto lo justifica.

El gobierno aportará inicialmente una suscripción de 1.3 millones de dólares, esta solicitud se hizo sin ser acordada por el senado de la república, por lo que se destaca la supeditación de todos los poderes del Estado a los designios imperialistas, no sólo esto, también podemos observar la firme decisión de la oligarquía gobernante de privatizar las últimas empresas estatales, al contemplar que se cubrirán inversiones no consumadas, considerando que las reformas de privatización no se consumen en el congreso; en otras palabras el gobierno venderá de antemano industrias como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad y en caso de no pasar las reformas se retribuirá a los inversionistas un monto mayor de lo que se proyectaba invertir.

El dinero con que se contrata el seguro es parte de los recursos públicos, lo cual, significa que la población trabajadora está soportando el costo de asegurar a quien los oprime y explota, los monopolios también están interesados en que se cubran riesgos como los sabotajes, huelgas, o movimientos sociales, como la lucha que libró el pueblo de Atenco en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto sobre sus tierras, que para la oligarquía significan actos de sabotaje a sus intereses, con el pretexto de atraer inversiones extranjeras para favorecer el empleo, el gobierno de Calderón está emitiendo un seguro de explotación que contempla mano de obra barata, control sindical charro, pésimas condiciones de trabajo sin necesidad de cubrir el seguro social de los trabajadores y si acaso los proletarios protestasen y pararan la producción o la circulación de mercancías, con el dinero aportado por ellos el Estado estaría pagando las secuelas que la explotación provoca en la población.

Estas medidas se están tomando cuando los capitales imperialistas se están adueñando de la mayoría de las empresas nacionales como la recién adquirida Aeroméxico por parte de Citigroup y su filial mexicana Banamex, también por medio de este banco se administran cuentas de ahorro para el retiro o Afores, la cuales extenderán el tiempo de cotización de los trabajadores con la recién aprobada reforma del ISSSTE, con la diversificación de los capitales en distintas actividades lucrativas se endurece aún más la dependencia a la economía norteamericana, la implicaciones de este seguro traerán como consecuencias el agravamiento de las presiones sobre los movimientos sociales, como en el caso de la defensa de la industria eléctrica encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, bajo el pretexto de poner en riesgo la inversiones extranjeras, el Estado estaría incrementando el proceso de criminalización de los movimientos sociales.

Para acabar el paquete de protección monopólica e imperialista los avances en cuanto a la aplicación del Plan México, están demostrando que la órbita del domino imperialista contempla ya a México como parte de sus dominios territoriales.

El gobierno de Bush exigió a su congreso la entrega de un presupuesto de 550 millones de dólares para el “financiamiento de emergencia para otras necesidades críticas de seguridad nacional”, entre las cuales se encuentra la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México, así como el control del flujo migratorio.

Con el sometimiento a los intereses imperialistas, Calderón está comprometiendo al país a formar parte del perímetro de seguridad de los Estados Unidos, a que el Estado mexicano funja como un simple policía de los intereses yanquis en el territorio nacional, pues, también se contempla el control y detección de presuntos terrorista en el país, como aseguró la secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Castellano, quien declaró que la llamada Iniciativa Mérida, no sólo contempla acciones conjuntas contra el narcotráfico, sino también, proteger a Estados Unidos de posibles ataques terroristas y por ello los recursos que Washington daría a México se destinarán también para la compra de equipo que permita controlar el flujo migratorio en ambas fronteras.

“Aquí se trata de fortalecer nuestra capacidad en México para detectar terroristas que quieran entrar a territorio nacional para atacar a nuestros vecinos. Sería irresponsable no tomar esto en cuenta”, considerando, las declaraciones de la responsable de las relaciones internacionales podemos aclararnos cuál es el verdadero interés del Plan México, asegurar el control territorial y financiero de México como parte de la zona de control estadounidense.

El descaro del sometimiento y servilismo de la administración de Felipe Calderón, se agudizó, cuando se dio a conocer el Plan México, sus objetivos injerencistas y el costo a pagar por un programa que en nada beneficia a los pobladores, teniendo como antecedentes los resultados del Plan Colombia, el gobierno mexicano decidió modificar matizarlo con una primera: “Iniciativa Mérida”, sin embargo, a estas alturas el desprestigio del gobierno no puede componerse, al grado que dentro del mismo gabinete existen contradicciones en sus declaraciones, por ejemplo Francisco Ramírez Acuña secretario de gobernación, dijo que habrá intercambio de información estratégica entre México y Estados Unidos para atacar sólo a la delincuencia organizada, no así a movimientos sociales, grupos guerrilleros o subversivos.

La oligarquía encabezada por Felipe Calderón está haciendo todo lo posible por garantizar financiera y militarmente los intereses de los monopolios y los imperialistas, mientras las deterioradas condiciones de vida de las clases trabajadoras en México, apuntan a un desbordamiento social, con el seguro anti subversión y el Plan México, Calderón está abriendo el paso a la intervención abierta de los Estados Unidos y profundizando el proceso de neo-colonización de México..