Proyecto de la Escalera Náutica, es un megaproyecto que fue formalizado en el 2001, contemplando la construcción de 29 embarcaderos para que atrancaran yates; comprometiendo a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Pretendía construir en el Mar de Cortés (Golfo de California) un “destino turístico de clase mundial”.

Pero luego de planes y proyectos, de problemas políticos del régimen de Fox, de contradicciones interburguesas entre los que querían más inversión en la industria turística existente y entre quienes estaban por construir y desarrollar otros destinos terminó encarpetando el proyecto. Después, hablaron del proyecto Mar de Cortés.

Aunque se menciona que el objetivo estratégico del proyecto es “construir un futuro mejor para los habitantes de la Región”, esto es imposible de demostrar, cuando a los pobladores de esta región se les está considerando como empleados de hotel y en general prestadores de servicio, es decir, como proletariado del sector turístico, cuando originalmente son los dueños de estas tierras.

Y el proyecto se impone, a pesar de contradecir abiertamente la legislación burguesa, ya que Fox, decretó a la región, como Parque Nacional Marino protegiendo así, las 50 mil hectáreas del archipiélago Espíritu Santo, (bahía de La Paz).

Las cifras oficiales en la información sobre el proyecto Mar de Cortés son, crecimiento del 3.8% durante el periodo de 1993 a 2001. Incluso menciona cifras sobre el ejército de reserva (desocupados) del que se puede disponer, para que los capitalistas puedan hacer sus cálculos de ganancias: “Si bien en 2002 la tasa de desempleo en la Región fue menor que el promedio nacional (3.8%), registró un incremento de 1.6% en 2000 a 1.8% en 2002, y los despidos aumentaron de 9,431 a 15,560 en esos años respectivamente… Los sectores que han reducido su nivel de empleo son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, cuyo número de personas ocupadas disminuyó en 70,284 en el periodo 1998-2002, la industria extractiva y de electricidad con una disminución de 27,281 y la industria de la transformación con 4,023.” (Pagina Web del Mar de Cortés, de FONATUR)

Incluso en la difusión del proyecto se plantea abiertamente la entrega de concesiones para controlar (privatizar) el agua: “Para empresas experimentadas en sus respectivas áreas, está previsto otorgar concesiones de servicios de agua potable, tratamiento y reutilización de aguas residuales, recolección y disposición de desechos sólidos y transporte público.”

El Estado, a través de Fomento Nacional del Turismo (FONATUR), trabajando típicamente como capitalismo monopolista de Estado, dirigiendo el beneficio para el capital financiero (bancos), dará el visto bueno a las inversiones porque “ofrece el servicio de certificación de proyectos de inversión turística, facilitando de esta manera la obtención de créditos de la banca comercial por parte de los empresarios.” Se les “facilita su acceso al financiamiento bancario privado.”

La entrega del país se toma como un hecho consumado: “Los capitales del exterior también son claramente bienvenidos. El turismo es una prioridad nacional para el país, y por tanto sus autoridades le dan a la inversión extranjera todas las facilidades y las garantías legales necesarias para su ingreso y desarrollo. El marco regulatorio mexicano apoya totalmente la propiedad extranjera en la mayoría de las actividades económicas, incluso en las inmobiliarias, permitiéndole participar con 100% del capital social. Las leyes vigentes en la materia prevén garantías jurídicas, otorgan certidumbre a los inversionistas, simplifican los procedimientos administrativos para registrar las inversiones extranjeras, y permiten repatriar libremente utilidades, regalías, dividendos y pagos por intereses, entre otros movimientos hacia el exterior.” Así venden el Golfo de California.

Se sabe que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no es garantía de nada, incluso su director se vio obligado a renunciar por la autorización irregular ambiental de proyectos. En esta área por la autorización de la terminal regasificadora de Chevron-Texaco en las islas Coronado y por el aval ambiental al propio proyecto del Mar de Cortés; sin contar las otras denuncias en Quintana Roo, Yucatán, Jalisco y otros estados.

Los daños ecológicos por la devastación a esta área considerada como el acuario del mundo y el cuarto en diversidad, serán irreversibles, tanto por la cantidad de basura que se generará como por la devastación de especies protegidas.

El proyecto de los monopolios afecta también a las comunidades indígenas de Baja California (Cucapah) y Sonora (Comcáac-Seris), atravesando sus territorios, privándolos del derecho a pescar y quitándoles sus tierras.

A los Cucapah, que son pescadores tradicionales se les están negando los permisos para pescar, con el pretexto de que están en un área protegida, igual que a los Seris, a quienes persiguen para favorecer a los pescadores furtivos, muchas veces extranjeros. En el caso particular de los Seris, poseen títulos de propiedad sobre grandes territorios (incluyendo la isla Tiburón), además de contar en un régimen de autonomía de sus propias autoridades y guardia armada.

En Baja California Sur lo central es el despojo. Terrenos que les pagan a los pobladores en unos 15 o 20 mil pesos (con el argumento de que son tierras improductivas) los precios de estas tierras alcanzan el millón y medio de pesos por metro cuadrado o se destinan a la construcción de villas turísticas para extranjeros que inician en los 300 mil dólares, como sucede en Los Cabos y Mulegé. Esta tierra casi virgen, es aprovechada a gran escala, no sólo para los turistas de lujo, sino incluso -en tierras de menor valor-, por jubilados estadounidenses que buscan rentas más baratas en comparación con las de California y Arizona; y con la crisis inmobiliaria en Norteamérica este éxodo se multiplicará.

Y es que lo que antes se hacía con prestanombres, ahora se legitima con las reformas al Artículo 27 constitucional, con lo que se legaliza el despojo. El mismo FONATUR ha vendido 15 millones de metros cuadrados a precios casi de regalo a los inversionistas, por lo que el director de FONATUR, John McCarthy durante el foxismo, fue demandado por venta ilegal de terrenos –255 hectáreas– y daños al patrimonio en Cabo Cortez. La denuncia fue interpuesta en el Juzgado Cuarto de lo Penal, en Baja California Sur, lo que originó que se girara una orden de aprensión en su contra.

Como se ha denunciado y tomando de referencia otros desarrollos turísticos, FONATUR subsidia proyectos, legitima el despojo de los posesionarios de la tierra, casi siempre ejidatarios, para luego entregarlos a precios de regalo a los empresarios.

¿Quienes se benefician? Especialmente la oligarquía, como el Grupo Modelo, que a través del Grupo Questro construye hoteles y marinas en Los Cabos. Tan solo en Loreto, Baja California Sur, se proyecta la construcción de 80 mil cuartos de hotel; según el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la zona, incrementará su población actual de 14 mil habitantes hasta en nueve veces en los próximos 25 años. Por supuesto que el gobierno pone todo en bandeja de plata, simplemente el gobernador de Sonora, Eduardo Tours, destina el 80% de su presupuesto turístico en la zona.

Dentro de las empresas que se han beneficiado, destacan las extranjeras, como Loreto Bay Company (canadiense), y la norteamericana Golden Beach, o Villas de Group -que invertirá 750 millones de dólares-, también esta Loreto Paraíso -española, con 5 mil millones de dólares-. Y va más allá, porque además en la región se proyecta la Terminal de la Regasificadora Sonora Pacific, que procesará gas con fines energéticos para Arizona, Texas y California.

El proyecto del Mar de Cortés es una muestra más del poder de los monopolios en México, del despojo de tierras y la generación de destrucción de recursos naturales en bien del gran capital.