El viejo papel que venía jugando el Estado en el sistema capitalista mexicano, plenamente caracterizado como capitalismo monopolista de estado, era la protección y administración de los negocios de la burguesía, a la vez que se veía obligado a salvaguardar algunas garantías que los trabajadores habían ganado producto de largas luchas revolucionarias.

Esta función, en mancuerna con las empresas paraestatales daba la ilusión de que el Estado estaba para defender los intereses del pueblo. Incluso muchas organizaciones siguen proponiendo regresar a este viejo papel del Estado que correspondía en México a un determinado desarrollo capitalista.

Actualmente, con el predominio de las políticas que impulsa el imperialismo, mejor conocidas como neoliberales, el Estado se ha desentendido por completo de proporcionar los niveles mínimos de salud, educación, seguridad social, vivienda, seguridad y prácticamente todas las tareas que anteriormente se le adjudicaban; trasladando estos servicios a empresas privadas, directa e indirectamente. Por supuesto, que el “espíritu social” que según los socialdemócratas tiene el Estado se transforma en obtención de ganancias para quien “gana” la licitación, el contrato o la venta del servicio.

La entrega directa de los servicios públicos antes administrados por el Estado se puede ver claramente mediante las privatizaciones, como sucedió con los bancos, las carreteras y el sistema telefónico, que reportaron estratosféricas ganancias para la oligarquía -que se refleja en casos como el de Carlos Slim-, pero generando deudas impresionantes para el pueblo, como el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro-Instituto de Protección al Ahorro Bancario (FOBAPROA-IPAB). Indirectamente a través de contratistas, licitaciones y toda clase de compra externa de servicios.

La entrega indirecta de los servicios públicos se materializa a través de los contratos y licitaciones, esto, con el argumento de adelgazar al Estado, con el consecuente despido de trabajadores del sector público, se contratan servicios externos al gobierno que mediante mañosos procesos de licitación, y en algunos casos sin ellos, se entregan súper-ganancias a quien está listo (avisado antes por sus amigos en el gobierno) para vender su servicio. Los servicios que se contratan van desde impresión de libros de texto a recolección de basura, generación de energía eléctrica hasta servicios a militares. Simplemente hace algunos días, salió a la luz, por el mismo Secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, que Telmex provee de servicios de comunicación al ejército mexicano.

Las ganancias que representan los servicios de contratación son de tal magnitud, que incluso las cifras oficiales (siempre maquilladas) son estratosféricas. Una de las formas de entregar servicios es la licitación. Esta consiste en una convocatoria pública del gobierno para que las empresas que ofrecen el servicio solicitado lo puedan ofrecer. Según datos de la secretaría de la Función Pública (mayo del 2006, disponibles en Internet), el mercado de estas compras en México es de 20 billones de dólares cada año. De la contrataciones del gobierno, el 80% se realiza por medio de Licitación Pública y las restantes por compras directas, registrándose más de 30,000 licitaciones al año, 6,500 unidades compradoras y 50,000 proveedores y contratistas.

Como esto es un jugoso negocio para quien tiene la información debida, y por supuesto el capital para llevar a cabo el servicio o venta, se teje una madeja de negocios a partir de los contratistas del gobierno, a tal grado, que incluso existen cursos para ganarle demandas la gobierno y ser restituidos en caso de que antes se haya cometido una irregularidad. Muestra de ello es el curso: rehabilitación de proveedores y contratistas del gobierno mexicano inhabilitados, donde se preparan “estrategias prácticas y efectivas para ganarle controversias al gobierno, rehabilitarse como proveedor y/o contratista, eliminar cancelaciones de contratos”.
Los casos de complicidad entre las empresas que ganan los contratos y el gobierno, son de lo más común, uno de los últimos fue el caso del Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús F. Reyes Heroles González Garza, que anteriormente se desempeño como intermediario entre Pemex y la empresa Mexssub, y ahora Mexssub se apunta para ganar la licitación de mantenimiento a ductos de Pemex. O el caso del Secretario de Hacienda del gobierno de Fox, Francisco Gil Díaz, quien era accionista de Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA), empresa que gestionó la devolución de impuestos a compañías privadas de parte del gobierno, la lista podría seguir.

Lo que esta claro es que el capitalismo monopolista de Estado, bajo los dictados del imperialismo, saquea a más no poder de los recursos de las masas para entregarlos a la oligarquía financiera, los contratistas y las licitaciones son una forme de ello.