Felipe Calderó cerró filas con los dueños de las empresas que conforman el monopolio de los medios de comunicación en México, ya que las decisiones del Estado en cuanto a las concesiones, nuevas tecnologías y cambios en la ley federal de radio y televisión fueron ventiladas por diversos medios.

Aún cuando existe una fuerte pugna entre las principales empresas de comunicación y el gobierno de Calderón, lo cierto es que éste sí tiene serios compromisos con el duopolio de Televisa y Tv Azteca, televisoras que no sólo respaldaron políticamente su candidatura a la presidencia, sino que formaron parte instrumental del fraude electoral que lo llevó a la Presidencia de la República.

El conflicto con Calderón, consiste, en aprovechamiento del espacio radioeléctrico únicamente al actual duopolio televisivo, el cual controla el 92.4 % de los canales de televisión abierta, o lo que se mencionó como una posibilidad de abrir el espacio radioeléctrico nacional para la participación de una nueva cadena televisiva igual de fuerte que las ya existentes en el país.

El Estado necesita asegurar la lealtad de los medios de comunicación al tiempo que regula los excesos de éstos mismos, por medio de la reforma a las leyes federales de telecomunicaciones, de radio y televisión, sin afectar más de la cuenta a las empresas de medios, pero tampoco a las otras empresas, ya que muchas de estas compran publicidad en televisión a costos que van de los 400 mil a los 600 mil pesos por tan sólo 30 segundos para un espacio comercial.

El monopolio General Electric vino a ser el tercero en discordia, pues a partir de esta posibilidad formó con una de sus empresas, Telemundo, el grupo Xtra en asociación con el empresario mexicano Isaac Saba y presentó desde septiembre del año pasado la solicitud de una concesión para televisión, lo que generó una campaña en contra por parte de Televisa y Tv Azteca.

En dicha campaña, salió a relucir el negocio farmacéutico de Isaac Saba y la especulación que dicha empresa hace con el precio de los medicamentos, así como algunos negocios sucios de General Electric, pero es obvio que a las televisoras lo que les interesó no fue la salud de los mexicanos, sino fundamentalmente no tener competencia en la transmisión televisiva y por ende seguir controlando el 99.4% del mercado publicitario en México, dado que con la reforma electoral ya perdieron aproximadamente 2,500 millones de dólares anuales por publicidad electoral.

Para dejar claro este asunto, Luis Téllez, Secretario de Comunicaciones y Transportes, declaró que ni en este año ni en el siguiente se darán licitaciones de una estación o estaciones de televisión nacional o regional, lo que depone la decisión del gobierno federal de respetar al duopolio de la comunicación en México, negando por lo menos en un plazo de dos años la entrada de una tercer empresa a este remunerativo negocio, todo consistirá en nuevas argucias y maniobras ilegales bajo la negociación con los principales interesados.

Aún así, la existencia de una tercera cadena en la televisión nacional no propiciaría realmente la “apertura” de los medios, como algunos defensores de la libre competencia plantean y tampoco provocaría que unos si dijeran la verdad y otros no, pues a la hora de la hora, cuando se trata de plegarse a las posiciones del régimen, nadie en televisión, radio o cualquier otro espacio electrónico dice esta boca es mía.

General Electric no es la única que quiere entrarle a la concesión de nuevos espacios de radio y televisión, tiene meses que Marcelo Ebrard pidió permiso para tener un canal de televisión para el Gobierno del Distrito Federal, por su parte Carlos Slim quiere cambiar el título de la concesión de Telmex para poder competir en la televisión de paga e incluso corre el rumor de que el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, implicado en el lavado de dinero, quiere también su canal.

Ni el poder ejecutivo ni el legislativo pretenden reforzar los medios de comunicación que todavía son manejados por el Estado, eso queda claro con el recorte que Calderón propuso y el Congreso de la Unión aprobó, de 2 mil millones de pesos al gasto destinado este año para el sector cultural, donde resultaron afectados el Canal Once y el 2.

Es la misma táctica utilizada por el Estado desde hace años en la industria ferrocarrilera, de teléfonos, de fertilizantes, etc., reduciendo año con año los presupuestos, llevando a las paraestatales a propósito a una posición de ruina económica y en el punto de la quiebra.

Mientras tanto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pone a discusión el derecho de las comunidades rurales e indígenas a expresarse libremente, en este caso por medio de radios comunitarias, las cuales existen desde hace años como medios alternativos de comunicación y cuya existencia se encuentra constantemente atacada por los gobiernos estatales y federal, este debate derivó de las controversias constitucionales que antepusieron municipios de estados como Oaxaca, San Luis Potosí y Chiapas contra la ley federal de telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión.

Aún antes de que sean modificadas dichas leyes, su contenido actual pone una serie de trabas, colocando prácticamente en la ilegalidad a las estaciones de radio que pertenecen al pueblo, y no a un concesionario millonario, por lo que no hay indicios de que la nueva Ley cambie en algo la situación, más bien al contrario, en los últimos meses el gobierno federal ha cerrado por lo menos una docena de radiodifusoras que “no cumplieron con la ley”.