Constantemente se pueden ver anuncios televisivos en donde se promueve la importancia de la nueva Reforma del Estado. ¿En qué consiste esta reforma?
Los principales partidos políticos, así como los diversos grupos empresariales y “grupos selectos de ciudadanos”, participan desde ahora en un proceso de discusión y negociación sobre cómo será la futura Reforma del Estado, la cual consiste en un conjunto de reformas políticas y prácticamente se divide en cinco temas principales: régimen y gobierno, impartición de justicia, democracia, garantías sociales y federalismo.

En el punto de régimen y gobierno, el PAN propone que en la Cámara de Diputados y Senadores se discutan y resuelvan, en primer lugar, las iniciativas que surjan del poder ejecutivo; otorgándole a Calderón el reconocimiento legal de que tendrá preferencia y prioridad para presentar iniciativas de reformas y expedir decretos (esta tarea tradicionalmente le corresponde a las cámaras de representantes), además de sugerir que se introduzca la reelección de diputados y senadores. En estos puntos ni el PRD ni el PRI hacen una propuesta diferente. Así que en este punto, la tendencia es otorgarle mayor poder al Presidente, y migajas de recompensa a los diputados y senadores. Confirma que un importante sector de la burguesía y los monopolios considera que el presidencialismo sigue siendo una herramienta necesaria para hacer efectivo el papel del Estado como una junta administradora de los negocios de la burguesía.

En cuanto a impartición de justicia, el PAN propone realizar una reforma penal de acuerdo a las necesidades que, según ellos, tiene el país. El PRI propone otorgarle autonomía al Ministerio Público, lo cual promueven el PAN y Calderón e incluso es prácticamente un hecho su realización. El PRD propone que los derechos humanos queden ampliamente contemplados en la constitución y se otorguen mayores facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin precisar la facultad de que sus recomendaciones se deban de cumplir y acatar, cuestiones que de por sí, no son obligatorias. En este apartado, tanto el PRI y el PAN mantienen los puntos de coincidencia que han promovido para reformar el código penal, el cual recientemente fue modificado para calificar como un delito grave el que el pueblo se oponga con sus métodos de lucha a leyes que el Estado imponga y que les sean perjudiciales, como la Ley del ISSSTE, la reforma fiscal.

Las reformas penales del calderonismo, han sido avaladas por el PRI y el PAN principalmente, estas, restringen los derechos humanos, las garantías individuales y criminalizan la lucha obrero-popular en virtud de la "necesidad" del combate al crimen organizado. Bajo esa careta, en realidad golpean por todos los medios a la clase obrera y a las masas populares en su lucha por mejores condiciones de vida, se previenen para que el resultado de la lucha de clases no atente contra la paz y el orden que los negocios necesitan. Esa es la necesidad que tiene el país según el PAN, visto desde los ojos del interés monopólico y oligárquico. Por su parte, el PRD, sólo se ha limitado a proponer cuestiones que ya son parte de la Constitución, pero que no se aplican, se tapa los ojos ante los problemas que dañan seriamente a las masas y aparenta representar sus intereses en cuestiones que a la burguesía no le dañan en realidad.

En el tema de la democracia, los principales partidos tienen prácticamente las mismas propuestas. El tema Democracia en la discusión hacia la Reforma del Estado abarca prácticamente la reforma electoral que recientemente se aprobó.

En tanto, las principales propuestas que hay en torno a las garantías sociales, rayan en la demagogia del régimen. El PAN, el PRI y el PRD coincidiendo en una defensa recia de los derechos humanos y en una defensa en abstracto del derecho a la salud y a la educación pública. Si bien mantienen diferencias de matiz, nunca en sus propuestas hay algo parecido a una definición concreta contra la privatización de la educación –la cual excluye de las escuelas y universidades a los hijos de los trabajadores– o contra las reformas que profundizan la privatización del IMSS y el ISSSTE. Eso sí, cuando se trata de establecer algo que beneficie a los monopolios y sus inversiones, el PAN se encarga de que quede bien claro de qué se trata, por ejemplo, en el terreno laboral los inversionistas necesitan mejores condiciones, es decir: menos derechos laborales para los trabajadores y mayores apoyos del Estado, libre acceso al saqueo y a la ganancia. El PRI y el PRD no proponen nada alterno.

Finalmente, está el apartado relativo al federalismo. En general los principales partidos coinciden en darle una mayor importancia a los municipios y a los estados, otorgándoles mayores poderes y derechos, entre ellos una mayor cantidad del total de impuestos recaudados. Ferviente lucha contra el centralismo y mayores recursos para que los municipios y los estados sean las cajas chicas de los partidos políticos que los controlen. Además de las dos principales menciones sobre la necesidad de una reforma que cambia el carácter del Distrito Federal y la posibilidad de convertirse en el estado 33. El PAN la reivindica, pero sin proponer nada concreto en virtud de quien se beneficiaría de ello sería el partido que tiene mayor influencia en la capital, el PRD. El partido del “sol azteca” se esmera y propone la reforma, en virtud de obtener más elementos que garanticen y desarrollen sus espacios de poder e influencia, a partir del control del Distrito Federal y la autonomía de un futuro como nuevo estado de la República, incluyendo una amplia fuente de recursos monetarios.

Ahora, ¿cómo fue que los principales partidos políticos se pusieron para aprobar la reforma electoral? Primero, habría que decir que la reforma electoral es la primera ley que forma parte del conjunto de leyes propuestas en la futura Reforma del Estado.

La reforma electoral es: mayor equidad entre los partidos en las contiendas electorales, destitución de funcionarios en el IFE, fin de la compra de espacios en los medios de comunicación por parte de los partidos y uso de los tiempos que legalmente le corresponde al Estado, entre otras cosas. Esta reforma surge como acuerdo en lo oscuro entre las direcciones formales e informales de los principales partidos y sus partidos apéndices.

Aprobar la reforma electoral –tal como la proponían el PRI y el PRD– era la condición para aprobar el aumento de la gasolina y el conjunto de la reforma fiscal propuesta por Calderón. La primera beneficia principalmente a los partidos, la segunda perjudica a las masas y profundiza la carestía y las dificultades económicas del pueblo. El PRD pretende que el pueblo se trague la mentira de que una reforma que prohíba que los monopolios televisivos y de otro tipo intervenga públicamente en las campañas o con su financiamiento bastará para que las camarillas burguesas que representan asciendan al poder político, con todo y sus caudillos. En realidad, nada de eso puede impedir que la oligarquía financiera imponga a placer a sus representantes y sus propios intereses de clase. Sólo puede evitarse por la combativa y decidida lucha y organización popular. Es pues, puro cretinismo parlamentario, ilusión febril de la burguesía media y la pequeña burguesía: beneficios concretos para los de arriba y costos altos para los de abajo.
Así, la Reforma del Estado se dará y se está dando al margen de la mayor parte de la población trabajadora y contra sus intereses. La clase obrera y los sectores populares no han sido invitados para su elaboración. Esta reforma repartirá recursos públicos y espacios de poder a los partidos minoritarios, al PRI y al PRD.

En ningún sentido eliminará los abusos de los grandes ricos y sus partidos políticos, los embellecerá, eliminarán uno que otro que sea superficial y profundizará toda una serie de medidas que permitan garantizar la buena marcha de las inversiones y el desarrollo del Estado como instrumento de los grandes ricos, en momentos en que en importantes sectores de los proletarios y el pueblo comprende en mayor medida la importancia de la organización de combate por mejores condiciones de vida, la lucha callejera, la unidad obrero-popular y la prioridad de luchar contra el régimen militarista y anti-popular de Felipe Calderón. Ante esas condiciones, la oligarquía financiera y sus partidos reformarán el Estado para tratar de aceitar el control sobre los pobres, confundir a los trabajadores y tener mejores armas para que el Estado burgués y la sociedad burguesa sobrevivan a costillas del pueblo.