Recientemente el Senado aprobó (en una muestra clásica de tortuguismo), una agenda de trabajo para discutir los temas que serán reformados en la Ley Federal de Radio y Televisión, así como la de telecomunicaciones, dado que no pudieron mandar al congelador el proyecto de reforma, cosa que estuvo a punto de suceder el 9 de septiembre, cuando la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión mandó a sus mejores estrellas a defender el botín que se llevan cada vez que hay procesos electorales.

Tal como se preveía, los partidos políticos no buscaron suprimir la parcial privatización de los medios de comunicación mediante la reforma electoral, sino intentar controlar al Instituto Federal Electoral (IFE) como a los propios medios, pero en ambas cosas se engañan. Sí, aquellos mismos legisladores que lanzaron exclamaciones de escándalo y a favor de la “libertad de expresión” cuando el presidente venezolano Hugo Chávez retiró la concesión de un canal de la televisora RCTV.

La última reforma aprobó un tiempo de 20 años para la duración de las concesiones y dejó lejos la posibilidad de existencia legal para las radios comunitarias o las ahora llamadas radios “piratas”, supuestamente son estos los temas que preocupan a los legisladores, pero si lo que busca el Estado es un velado control de los medios, la regularización de los medios alternativos queda como mero discurso declarativo para intentar reivindicarse ante los trabajadores.
A lo que va claramente esta nueva reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley de Telecomunicaciones, es a establecer medidas de control político en los medios, de ahí que lo fundamental de dicha agenda se refiera a la revisión de las concesiones, así como del contenido y la programación en las emisiones.

Incluso un canal como el 22 de propiedad federal, cuenta ya con una especie de “ombudsman” de medios, que sin menospreciar su posible papel como garantizador de un contenido realmente íntegro que ayude al desarrollo intelectual y cultural de la población, así como evitar la manipulación ó tergiversación de información, también podría servir como tapadera de las arbitrariedades del régimen.

No hay que equivocarse, esto no significa que los reclamos sobre la libre expresión de los empresarios del ramo sean honestos, pues el camino de las reformas constitucionales es también el de los reacomodos políticos, y como queda claro que existen contradicciones entre los grupos que detentan el poder económico y político, la cuestión es que esta disputa producirá un nuevo y ventajoso arreglo para ambas partes (gobierno y empresas) en mayor o menor medida.

Es por lo anterior, que seguirá sin ser sancionada la programación que desde hace años la ley de medios prohíbe, y que aún así es transmitida en radio y televisión, por ejemplo: en la fracción II del artículo quinto de la ley vigente se establece que debe evitarse la influencia perturbadora al desarrollo armónico de la niñez y la juventud, pero de una simple ojeada a los programas infantiles y juveniles se advierte la excesiva violencia, la exaltación de la moda, la imposición de aspiraciones superficiales, etc.

En el mismo artículo fracción III dice que la radio y la televisión deben contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, desde luego, exceptuando al canal 22, al Once, a Radio Educación entre otros manejados por instituciones públicas, todos las demás emisoras tienen como base la transmisión de programas de chismes, violencia sin sentido, telenovelas y shows por demás mojigatos, sexistas, racistas y clasistas, cuyo objetivo se acerca más a la denigración del ser humano como tal en lugar de ayudar a su desarrollo intelectual.

Tomando en cuenta que cerca del 80% de las transmisiones tan sólo en Televisión, las controlan Televisa y TV Azteca, la población se ve bombardeada a diario por este tipo de contenido, sin que existan sanciones por ninguna instancia correspondiente, al contrario, la complicidad de las instituciones para esta situación ha quedado clara como la Secretaría de Salubridad y Asistencia que aprueba los comerciales de Coca-Cola, de sopas Maruchan, de hamburguesas Mac Donald's, etc., es decir, de comida puramente chatarra que va en detrimento de la salud popular, aún cuando la ley lo prohíbe.

Ni hablar ya del Artículo 66 fracción III, donde prohíbe comerciales que engañen al público, puesto que si la ley se cumpliera prácticamente los medios electrónicos se quedarían sin publicidad, de cigarros y desodorantes que prometen virilidad o feminidad, enjuagues y enseres que aseguran la belleza eterna, artículos que duran toda una vida y gobernadores que resultaron más guapos que capaces para gobernar.

La sola existencia de canales de paga, como los que ofrece Cablevisión, Sky (ambas propiedad de Televisa) violan su propia ley, puesto que esta determina que los ciudadanos recibirán de “manera directa y gratuita” las señales emitidas, pero como siempre, pueden encontrarse escollos en las leyes burguesas como en el caso de la educación que debería ser “laica y gratuita”, pero no lo es, tan solo porque la publicidad la pagamos en cada producto que se adquiere ya se a por influjo de un comercial o no, el cual trae en su precio un porcentaje destinado a la publicidad.

En cuanto a las multas que se aplican en el caso de transmitir contenido prohibido por la Ley Federal de Radio y Televisión o por el IFE, sirven más como tapadera de las infracciones que como solución real, pues conviene más a las televisoras vender espacios a precios que rebasan los cientos de miles de pesos y pagar irrisorias multas que van de 5 mil a 50 mil pesos, que dejar de transmitir.

Las tarifas por la prestación de servicios, se supone están reguladas por la Secretaria de Telecomunicaciones y Transportes, con todo, cuando se dieron a conocer las tarifas escandalosas de los spots televisivos para las comicios electorales que ascendían a precios de más de 400 mil pesos y que se pagaron con el dinero del pueblo, no se cuestionó en ningún momento la capacidad de dicha Secretaría para regular estos precios, simplemente se omitió.

Se dice que la nueva Ley propone que exista un tope de multas, de manera que cuando se incumpla la ley por cuarta ocasión, se retirará al infractor la concesión que permite trasmitir. Por otra parte en la realidad esta Ley nunca se cumple, salvo en el caso mencionado de las bajas multas, que más bien sirven para taparle el ojo al macho, como se suele decir.

Los medios de comunicación no representan en verdad la democracia en nuestra sociedad, ni son reflejo de una diversidad que convive en armonía, lo que si reflejan, aunque sea de forma involuntaria es la existencia de clases sociales, pues aún cuando transmiten la posición de la burguesía, tienen que mostrar necesariamente los conflictos, por lo menos los más relevantes, ya que no mostrar algo que se hace o se hará evidente para la población, rebotaría en mayor pérdida de credibilidad en sectores cada vez más amplios de la población.

Constantemente emiten juicios sobre “buenos” o “malos”, poniendo en el papel de los primeros al Estado, a sus instituciones y a ellos mismos, poniendo en segundo plano al trabajador organizado y a las organizaciones político-sociales en oposición al régimen. Pero, aún con estas etiquetas creadas, los mismos medios muestran que efectivamente existen clases sociales opuestas en sus intereses, y al hacerlo necesariamente reflejan una realidad, aunque tergiversada.

Sin pretender hacer juicios de fe, hay que mencionar que la reforma a la ley de medios en donde el Estado podría ejercer un papel más dominante y de más presencia en el espectro radioeléctrico, en el contexto internacional actual no es asunto exclusivo de México, como en el caso de España, donde existe una polémica similar alrededor de la elección del director general de la Radio y Televisión de Andalucía, sin dejar de mencionar que ésta última es manejada por el Estado.