Monopolios nacionales e internacionales pusieron toda su fe en que Felipe Calderón –al llegar a la presidencia de la república– implementaría las políticas que convinieran a sus intereses, exigidas desde ya hace tiempo.

A pesar de que aplicaron algunas de éstas (reforma al IMSS, nueva Ley del ISSSTE, reforma fiscal, reforma electoral, entre otras), desde su llegada a la presidencia se topó con la resistencia y oposición a las reformas estructurales, un ascenso del movimiento popular, así como un gran descontento tanto por su imposición en el poder como por las condiciones paupérrimas de vida.

Ante la incapacidad de imponer, tal y como la conciben, su estrategia promonopólica con los instrumentos de la democracia burguesa, los monopolios le exigen redoblar la política de corte fascista, que le permita oprimir, explotar de la manera más rapaz a los trabajadores y pueblo mexicano; con el fin de implementar la dictadura del capital sobre el trabajo.

Este reforzamiento de la política reaccionaria, lo dejo claro Calderón en su Primer Informe de Gobierno, donde habla no sólo de seguir con el militarismo y lucha contra el crimen organizado, sino de “redoblar esfuerzos”, librando una “batalla dura y dolosa”, y adelanta, que habrá “costos humanos lamentables”.

Además, sintetizo su estrategia de “seguridad nacional”, donde una y otra vez reitero que es necesario: “transformar a México” en “el imperio de la ley”, ¿esto con qué intención?, no hay más fin más que el de asegurar la estabilidad y confianza que les permita a los grandes monopolios, a la gran oligarquía financiera, implantar su paraíso del capital, de la especulación financiera, de la concentración y centralización del capital, de la maximización de las ganancias.

Calderón y su equipo militar-policiaco, así como de relaciones Exteriores, emprenden un gran Plan que abarcará a todas las “fuerzas del orden”, con el objetivo de acabar con la “delincuencia”, el narcotráfico, las bandas armadas y los grupos guerrilleros que “buscan desestabilizar al país”. Un Plan Colombia para México con la participación de militares yanquis en la asesoría y entrenamiento del ejército mexicano.

Recibirían en los dos primeros años de ejecución, entre 700 y mil 200 millones de dólares; del mismo modo incluiría: tecnología para espionaje y extremada vigilancia, tal como intercepciones telefónicas y radares de rastreo, aeronaves para transportar grupos de elite; además “diversos tipos” de entrenamiento militar y policial. Se negociarán siete helicópteros y la ampliación de recursos para el desarrollo de centrales de inteligencia.

El Plan México que tratan de ocultar es parte del programa internacional de “combate al terrorismo”, implementado por Estados Unidos, encargándose de financiar la represión –a nivel internacional– contra las luchas sociales y las resistencias a su fines imperialistas. De la misma forma como “donará” los millones de dólares a México en los dos primeros años, igualmente lo hizo Clinton en el 2000 con los mil 300 millones para dar inicio al Plan Colombia.

Pero, mientras concreta esta estrategia, el gobierno calderonista da pasos firmes hacia preparar el terreno para sembrar el terror estatal sobre el movimiento obrero-popular e intimidar al pueblo cuando no se convenza de la demagogia en la que gastan tanto e incrementarán (40%) gracias a su nuevo presupuesto para este fin. No sólo ha llevado a cabo la criminalización del movimiento popular en forma discursiva, pues tenemos la aprobación de reformas a los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde se da esta criminalización de la protesta social, legalizando el que los luchadores sociales sean acusados y tratados como terroristas (véase VP 226).

Se han conformado servicios especiales de inteligencia y espionaje, a la par de la conformación de nuevas policías tanto federales como especializadas, recordemos su presentación en el desfile militar del 16 de septiembre.

Tenemos recientemente la propuesta de reforma constitucional al sistema de justicia penal donde, con el argumento de combatir la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad pública, se restringen libertades y garantías fundamentales. Esta propuesta exacerba la actuación de las corporaciones policiacas y el despliegue de militares en tareas para las cuales no tienen atribución. Se considera aplicar un doble sistema de justicia penal con facultades especiales para atacar a los “enemigos del Estado”, esto será utilizado para atentar contra los luchadores sociales.

El proyecto calderonista, concentraría las tareas de seguridad pública y procuración e impartición de justicia. Un agente del Ministerio Público (MP) suplantaría a la autoridad judicial para la procuración de justicia, estaría auxiliado por una policía única de una doble función: preventiva e investigadora, pero hay que tener claro que la indefinición de atribuciones dará como resultado de policías secretas y paramilitares “oficializados” para hostigar y reprimir a todo aquel a quien el Estado considere como “enemigo”.

El Estado burgués mexicano –en su desesperación– ahora quiere pasar a la ofensiva y tiene que ubicar las causas que le permitan desplegar todo su aparato policiaco-militar y de inteligencia, no conformes con los resultados de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, que tenemos como resultado en las regiones que se encuentran en “zona de guerra”.

Los estallidos de los gasoductos y estaciones de bombeo en Querétaro, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala, son el pretexto perfecto para iniciar su “casería de brujas”, contra todo el movimiento popular.

En diversos medios periodísticos como los periódicos “La Crónica de hoy” y “Milenio”, y la revista “Reporte Índigo” –que cuentan, es claro, con acceso a archivos del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado y la Secretaría de la Defensa Nacional– se habla de hasta 5400 presuntos “terroristas”, que están siendo minuciosamente investigados y que se encuentran en 23 “organizaciones fachada de la subversión” contando en total con más de 19 mil efectivos que operan en nueve estados. Si revisamos esta lista vemos que casi todas las organizaciones son de Oaxaca, lo que muestra que el primer punto a atacar es al heroico movimiento popular de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Entre los nombres mencionados se encuentran miembros del Frente Amplio Progresista, lo cual, podemos interpretar como presiones hacia este grupo parlamentario para negociar o imponer sus políticas sin la mayor oposición.

Lo cierto es, que pretenden imponer el criterio de “para acciones violentas reacciones iguales”, por lo que no cesan los acosos a familiares de los desaparecidos, los estados de sitio, las detenciones y cateos arbitrarios, la militarización a zonas donde existen organizaciones sociales; como es el caso de las zonas cercanas a las Juntas de Buen Gobierno, donde sus habitantes han experimentado una ofensiva brutal combinada con la instalación de 79 campamentos militares y grupos paramilitares encubiertos bajo siglas de organizaciones campesinas, “a la espera de la orden”.

Del mismo modo, aparecen las organizaciones que impulsaron el proceso judicial que se “prometió” se abriría contra los presuntos responsables de los actos genocidas de la guerra sucia, y que la mayoría convocamos para formar, el próximo 2 de Octubre, el Frente Nacional contra la Represión.

Entonces, toda la querella desatada por la reacción calderonista, a petición de la oligarquía financiera nacional e internacional, va encaminada a exterminar toda resistencia que se oponga a la implantación plena del fascismo en esta región del mundo, como la política más reaccionaria y opresora contra los trabajadores y el pueblo.

Es por ello que venimos apuntalando en nuestro periódico Vanguardia Proletaria y en nuestra política general del Partido, el fortalecimiento de la unidad de todo el movimiento popular con miras a arribar a un gran Frente Único antifascista y antiimperialista, que de el combate frontal al Estado y cimiente un gobierno de democracia proletaria y popular, un Gobierno Provisional Revolucionario. Sólo con la unidad de todo el pueblo podremos dar pasos firmes por la emancipación proletaria, podremos dar al traste con todas las reformas antipopulares y parar la fascistización del país.

Hagamos balance de todos los errores cometidos en el movimiento, avergoncémonos de nuestros sectarismos, unifiquemos todas las luchas y salvaguardemos a todas las organizaciones de lucha de nuestro pueblo y sus luchadores sociales: todos somos necesarios para realizar estas tareas y en estas tenemos nuestros puestos de combate.