En México existen entre quinientos y setecientos presos políticos, además de cientos de desaparecidos desde la década de los setenta. ¿Cuál es entonces la política gubernamental sobre los derechos humanos?

Durante el mes de marzo, elementos del ejército mexicano se vieron involucrados en la muerte de la señora Ernestina Ascencio. Originalmente diversos funcionarios, entre ellos el Gobernador prisita de Veracruz, Fidel Herrera, y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconocieron que se trataba de un asesinato causado en buena medida por violación tumultuaria. Posteriormente Calderón mencionaba que: “he estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica... La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información.”

Felipe Calderón se orientó a depositar la legitimidad de su gobierno y de todas las instituciones burguesas en el conjunto de las fuerzas armadas. Paralelamente se inició un anti-constitucional operativo nacional "contra la delincuencia y el narcotráfico", con lo cual las fuerzas armadas fueron desplegadas en el país, especialmente en diversos puntos estratégicos.

En medio del operativo policiaco-militar se hicieron presentes, toda una serie de violaciones a los derechos humanos: salieron a la luz la protección gubernamental a los militares involucrados en la violación de trabajadoras sexuales en Castaños, Coahuila, lo cual fue denunciado sistemáticamente por el Obispo Raúl Vera; asesinato de dos niños y tres adultos por militares en un reten de Sonora, en el mes de junio; violación de dos menores de edad, en Michoacán, durante el mismo mes y que incluso la CNDH tuvo que admitir; en Tamaulipas el 18 de junio 200 efectivos del Ejército Mexicano irrumpieron en medio un partido de béisbol, sometiendo a los miembros de ambos equipos. Obligaron a los jugadores a no oponer resistencia, cortaron cartucho sobre ellos y posteriormente se retiraron sin explicación de por medio; el 28 de junio una menor de edad fue herida de bala en Guerrero.

El Estado solapa las violaciones de derechos humanos, detrás de la supuesta lucha contra el narcotráfico está un sistemático despliegue del ejército contra los sectores obrero-populares que puedan oponerse ahora o posteriormente al régimen. Por ello, en medio de la 'guerra contra el narcotráfico y la inseguridad pública' los derechos humanos y las garantías individuales se van restringiendo y cancelando poco a poco en los hechos, supeditando su existencia a la existencia misma de la propiedad privada, el orden, el estado de derecho y la paz que beneficia a los grandes empresarios.

En medio de todo esto y en unidad con el imperialismo norteamericano, el régimen impulsó y obtuvo toda una serie de reformas al Código Penal, las cuales abiertamente cancelan un conjunto de derechos y garantías individuales. Se introdujo el término terrorismo y el artículo 139, por ejemplo, se vio modificado en lo siguiente: establece de seis a 40 años de prisión para aquellos que, molestos por alguna decisión gubernamental, busquen revertirla por “medios violentos”. La sentencia de 67 años contra Ignacio del Valle y dos militantes más del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco tiene que ver con esta nueva ley de corte fascista.

El Gobierno del Distrito Federal –encabezado por Marcelo Ebrard –y el Gobierno Federal llegaron a tener puntos en común en un intento por regular las marchas en el Distrito Federal, lo cual aún no ha sucedido. El Estado, a través del PAN y el PRD, pretendían legalizar la forma en que se puede protestar e ilegalizar la lucha de los explotados.

La burguesía, percibe que la paz y la tranquilidad necesarias para los negocios ya no pueden garantizarse del todo con los viejos métodos de dominación y control ideológico. Si bien aún no se deciden por destruir del todo a la democracia burguesa, si van cancelando legal o ilegalmente lo dispuesto en la constitución federal.

El régimen capitalista avanza decididamente contra el pueblo y para ello busca restringir derechos o garantías democrático burguesas. La política del régimen en cuanto a derechos humanos afecta tanto a las masas empobrecidas organizadas y en lucha, como a los trabajadores que aún no están en la calle protestando. Los asesinatos, violaciones por militares, restricción al derecho de tránsito y los retenes son una muestra de esto.

En junio, Amnistía Internacional emitió un informe oficial que documentaba la violación sistemática de los derechos humanos en Oaxaca, en medio de la aplicación local de medidas fascistas por parte del Gobierno Estatal contra el movimiento popular oaxaqueño. El Gobierno se desentendió y Ulises Ruíz afirmó que dicho documento lo habían preparado los mismos concejales de la APPO. El 7de septiembre Amnistía Internacional volvió a enviar una petición oficial al gobierno mexicano para que investigara el asesinato de Ricardo Murillo Monge, defensor de los derechos humanos en Sinaloa.

Rosario Ibarra de Piedra señaló a principios de septiembre que durante siete años de gobiernos federales panistas se presentan ya casi 100 casos de desapariciones forzadas. Sesenta y cinco de ellas durante el gobierno de Vicente Fox y aproximadamente treinta durante el actual gobierno de Felipe Calderón. Es conocido que el Ejército Popular Revolucionario ha denunciado la detención-desaparición de dos de sus militantes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante el actual gobierno de Felipe Calderón.

Por ello la defensa de los derechos humanos y de las garantías individuales de las masas populares y de la clase obrera, forma parte de la lucha contra el fascismo y el terror legalizado que pretende imponer la burguesía a los pobres de este país.
Los derechos democrático-burgueses, son armas para que el pueblo pueda organizarse y luchar contra el opresor. Es por esto mismo que el Estado pretende cancelarlos, pues desde su perspectiva y necesidades actuales le son contraproducentes.