Después de aprobada por el Congreso de la Unión, la reforma electoral sigue en la disputa entre el sector público y privado, no sólo porque aún falta su aprobación en los congresos estatales, sino principalmente porque las empresas de comunicación no están dispuestas a dejar las jugosas ganancias que le generaron los anteriores procesos electorales.

Asimismo, la reforma electoral plantea no sólo la ausencia de propaganda electoral en medios electrónicos, sino que también previene los posibles ataques que podrían sufrir los partidos políticos a partir de la acción de los medios, podría decirse que efectivamente afecta la libertad de expresión, pero es necesario hacer algunas consideraciones al respecto:

En primer lugar es clara la intención de los partidos políticos por frenar los excesos de los medios, a los cuales quedaron expuestos con el pasado proceso electoral y así restarle poder a los mismos para negociar prebendas y concesiones (ver Ley Televisa), de esta manera debe quedar claro que el Estado tiene la intención de limitar únicamente a las empresas de comunicación, no a las empresas en general.
En segundo lugar, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) alega en su convocatoria a un referéndum “por la libertad” que la reforma electoral “despoja a la gente de la posibilidad de expresar sus posiciones en medios electrónicos”, sin embargo, el trabajador no tiene acceso en realidad a expresarse a través de los medios electrónicos, lo que se expresa a través de estos medios son los intereses de las empresas y del gobierno mismo.

La CIRT pretende dejar la impresión de que la libertad de expresión de los ciudadanos se cuartaría si la reforma electoral pasa, pero la verdad es que ésta de por si no existe, el Estado desde hace años restringe los intentos de ejercerla, por medio de la represión a las movilizaciones, la persecución a las organizaciones políticas y sociales, el espionaje, los secuestros, torturas y asesinatos de activistas políticos.

Por otra parte, está el bloqueo de páginas electrónicas alternativas, así como de radios comunitarias y de periódicos de oposición, es decir, de medios no oficiales, represión de la cual los medios de comunicación son cómplices al ocultar información, crear cortinas de humo, tergiversar los hechos y constantemente descalificar al movimiento social en su conjunto.

Lo que la industria de la radio y la televisión defiende en realidad, es su “derecho” a enriquecerse por medio de la publicidad electoral con el dinero del pueblo, lo cual quedó explicitado en la ridícula declaración que hizo Pedro Ferriz de Con, el 11 de septiembre, ante las comisiones unidas del Senado al grito de: “Se me hace una postura pueril y ridícula que le pasen a terceros el costo de los gastos de campaña”.

En tercer lugar, los partidos políticos se dan así mismos el poder de manejar a discreción el Instituto Federal Electoral, además de plantear que la designación de candidatos para las elecciones queda exclusivamente en ellos mismo, dejando ambigua la cuestión de los candidatos independientes, ya que por “error” fue suprimido el párrafo que hablaba sobre la prohibición de estas candidaturas en el Artículo 41.
Algunos gobernadores se han puesto del lado de la CIRT, principalmente por la cuestión del presupuesto, en unos casos por el excesivo uso de los medios de comunicación para hacerse propaganda no sólo en procesos electorales, en otros casos porque la limitación de los spots electorales podría también reducir las posibilidades de gobernadores que quieran candidatearse sin ser elegidos todavía por su partido.

Pero, también están los que ahora que viene la repartición del presupuesto para los estados, podrían pretender negociar la aprobación de la reforma electoral a condición de que el Congreso de la Unión apruebe un mayor presupuesto para sus estados o no lo recorte, ya que entrando en vigor la reforma electoral habría afectados, como Peña Nieto, gobernador del Estado de México que tiene destinados 126 millones de pesos anuales para gasto en medios.

La reforma electoral puso de relieve algunas de las contradicciones políticas del poder mismo, pues después que los tres partidos políticos mayoritarios decidieron la salida de Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Felipe Calderón tuvo a este mismo personaje como uno de sus principales acompañantes en el pasado acto del 197 aniversario de la Independencia, además que circuló en algunos medios el rumor de que Humberto Moreira, gobernador de Coahuila, no acepta la reforma electoral por la molestia de Elba Esther Gordillo por la destitución de Ugalde.

El hecho real, es que la reforma quedará en lo esencial aprobada por los congresos locales, no sin sus respectivos acomodos y negociaciones políticas, sin embargo, sólo se necesita la aprobación de 17 congresos locales para que los nuevos cambios entren en vigor y hasta donde se ve, únicamente hay diferencias en Coahuila, Tamaulipas, Hidalgo y Nayarit.

Esto no quiere decir que las empresas de comunicación queden completamente golpeadas, hay que recordar que acaba de dar inicio la discusión precisamente de la ley de medios y en el jaloneo político, pero también por medio de la presión de los verdaderos potentados que son los monopolios, el proceso lo pretenden liquidar con que el Estado suelte algunas prebendas con las cuales quede conforme el sector de la comunicación y pueda armonizar de nuevo las relaciones.