Felipe Calderón ordenó atrapar a los responsables de los atentados a los ductos de Pemex, reunió a los responsables del Consejo Nacional de Seguridad, encabezados por el secretario de gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien ha declarado al finalizar los trabajos de la reunión del lunes 17 de este mes, que tienen prisa de entregar resultados a la orden del presidente de atrapar “a la brevedad” a los responsables de los atentados.

El presidente cercó con agentes del Estado Mayor la plancha del Zócalo para poder dar el grito de independencia, y después de cumplido el acto se dedicó en toda la semana siguiente a instigar a la población a reprobar los atentados perpetrados por el EPR, que sigue exigiendo la presentación con vida de sus dos militantes desaparecidos.

Calderón llamo “a los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y a todos los mexicanos para que unan fuerzas y condenen estos actos delictivos que dañan la vida y el patrimonio de todos [...]. Por supuesto que actuaremos con energía en contra de los responsables y no descansaremos hasta encontrarlos y llevarlos a la justicia [...] ¡Que se sepa de una vez quiénes apoyan o toleran, así sea veladamente, este tipo de actos, y quiénes los rechazamos, porque estamos convencidos de que la vía pacífica es la única para fortalecer a México! ¡Que se sepa quiénes apoyamos la democracia y quiénes la cancelan por la vía de la violencia! ¡Que se sepa quiénes apoyamos o promovemos de palabra, de obra, las instituciones democráticas y quiénes de palabra u obra apoyan la violencia!”

Las instigaciones y bravuconadas de los hambreadores del pueblo, el mismo gobierno calderonista, asemejan al totalitarismo de los imperialistas estadounidenses y ponen en la mira del Estado a todo el que disienta del criterio del gobierno en cuanto a fondo del problema, y métodos para afrontarlos, “o están con nosotros o están contra nosotros” amenazaba Bush antes de la invasión a Irak.

El gobierno calderonista no sólo está alentando a generalizar un clima de terror entre la población, también está robusteciendo los aparatos represivos del Estado de corte militar como el recién creado Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal, la presentación oficial de este nuevo cuerpo represivo fue en el desfile militar del 16 de septiembre, cuando desfilaron con uniforme y vehículos color caqui. Este grupo está integrado por elementos de elite que pertenecían al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), creado para afronta la insurrección zapatista, elementos de tropa del ejército y de la marina armada de México.

Este cuerpo estaba destinado a obedecer ordenes explicitas del presidente, pero con el antecedente del costo político pagado por su antecesor Vicente Fox, por sucesos como Atenco y Oaxaca, Felipe Calderón se desmarcó y cedió la responsabilidad política de las acciones de este nuevo grupo al Secretario de Gobernación y a los gobernadores estatales por medio del decreto del pasado 14 de septiembre, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se indica que los gobiernos estatales y locales deberán presentar su solicitud de apoyo al secretario de Gobernación (y no al presidente), quien de manera conjunta con los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública Federal evaluará la situación e instrumentará las medidas para, en su caso, intervenir y coordinarse con las autoridades solicitantes.

De esta forma la primera responsabilidad política estará a cargo de Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación, y las operaciones a cargo del Secretario de la Defensa Galván Galván, por lo que le dará un respiro al presidente en caso de que ocurran situaciones con alto costo político como la expedición a Oaxaca a manos del ejército y la Policía Federal Preventiva, lo que no queda claro es cuáles son los casos en que este cuerpo actuará, ni cuáles serán los criterios que los gobernadores utilizarán para detectar situaciones de riesgo, el último referente que tenemos son los llamados de Ulises Ruíz Ortiz a sofocar la rebelión del pueblo oaxaqueño encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Evidentemente el régimen está sintiendo su inestabilidad y el descontento de la población expresado en descontento y movilizaciones por todo el país en respuesta a su política que atenta contra los elementos primordiales de la vida de los trabajadores como el aumento a tortillas, gasolinas, pan y agua, que dan como resultado el aumento general del 34% en la canasta básica tan solo en lo que va de su sexenio.

La intención del régimen es criminalizar todo tipo de manifestaciones de oposición real a su política pro imperialista y está recurriendo a crear tención entre la población culpando a las organizaciones populares de la situación que vive el país, llama por medio de Eduardo Medina Mora titular de la Procuraduría General de la República, a castigar a quien atenta contra la seguridad de los mexicanos y minimizando el contexto de pobreza y explotación generalizada causantes de que la población exija sus derechos fundamentales y busquen legítimamente en la lucha el medio para conseguirlas.

El espectro que por medio de los medios masivos de comunicación se trata de implantar pasa también por una aceptación intrínseca de la incapacidad de gobierno de evitar atentados como los ocurridos en días pasados, pero conviene señalar aquí a quién le sirve esta opinión y de ser atendida cuales serán sus resultados: en primer lugar los atentados se hubieran evitado si el gobierno no recurriera a la desaparición forzada de miembros de las organizaciones populares, por lo que se olvidan del origen del acontecimiento y su continuación nos lleva a que son las funciones de espionaje las que evitaran tales actos y a la detención, es decir, a la represión como solución a estos problemas sociales, en segundo lugar estas declaraciones o sugerencias son el pretexto ideal para justificar los métodos represivos, los nuevos cuerpos de corte militar y sobre todo las tajadas presupuestales a estos rubros, que de por sí son descomunales con respecto a lo que se asigna a programas para la población, por ejemplo, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ocupa el 20% del presupuesto destinado a la Secretaria de Gobernación.

La proyección que se deriva de los hechos del Estado es la reactivación de la guerra sucia, de las desapariciones, las violaciones y las torturas a los participantes en los movimientos sociales y el aplastamiento por la vía militar de las protestas para lo que diseñaron al Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal como un cuerpo de elite militar considerando las posibilidades y los alcances de insurrección popular que la situación del país está gestando en los últimos años.

Las acciones emprendidas por la burguesía en materia de seguridad ya se olvidaron de los narcotraficantes, y están tejiendo un nuevo enemigo a quien atacar formado por los movimientos y organización populares, conviene destacar los esfuerzos que en este sentido se están dando en la construcción del Frente Nacional Contra la Represión, organizaciones como la APPO y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra entre otras organizaciones y personas, saludamos este nuevo camino que los luchadores sociales y militantes revolucionarios están emprendiendo promoviendo nuevas rutas para la unidad del movimiento, en donde se puedan probar nuevas formas de organización, se acerquen los proyectos de las organizaciones, se destaquen las prioridades como lo es hoy la lucha contra la militarización y el terrorismo de Estado, ejerciendo así las formas de lucha más viables y la organización de los trabajadores.