PAN, PRI y PRD aprobaron en la cámara de Senadores la reforma electoral, relacionada con la prohibición de compra y venta de propaganda electoral en medios electrónicos, así como la destitución de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), con lo cual superó ya los principales escollos que condicionaban la aprobación de dicha reforma.

Esta relativa rapidez para resolver la cuestión electoral se relaciona con la urgencia de Calderón y el Partido Acción Nacional por aprobar la reforma fiscal, la cual mantiene beneficios para los grandes empresarios por un monto aproximado de 500 millones de dólares por concepto de evasión legal de impuestos, gracias a los regímenes especiales destinados a las 16 principales empresas participantes en la Bolsa Mexicana de Valores (Bimbo, Telmex, Televisa, Grupo México), mismas que financiaron el fraude electoral.

Cayó la cabeza de Ugalde, y con esto se reconoció de manera por demás implícita el papel que este tuvo como operador del fraude electoral del 2006. Como todo acuerdo entre las cúpulas partidistas en el poder, tiene su contradicción, ya que aún cuando destituyeron al principal operador político del fraude, en ningún momento pusieron en duda la legitimidad del fraudulento en sí.

En esta contradicción los interesados buscaron una ventaja: tratar de crear la ilusión en la población votante de que las elecciones federales intermedias del 2009 se realizarán en condiciones optimas y limpias, sin un consejo ni un tribunal electoral manchado por las irregularidades cometidas en el anterior proceso electoral. La falsedad de la democracia electoral en México quedó consagrada con esta maniobra política que pretende tomar a los trabajadores mexicanos por ciegos.

Las ocho reformas electorales en los últimos 30 años, mostraron en diferentes momentos los reacomodos políticos a conveniencia de los partidos y empresarios en el poder. La penúltima reforma en 1996 determinó la autonomía del IFE respecto del gobierno, así como el principio de inamovilidad de sus consejeros, sin embargo, la última reforma electoral, aprobada en lo general hace unos días tiró por la borda estas disposiciones, mostrando que la política mexicana se maneja al antojo de los grupos en el poder, no en beneficio de la llamada democracia.

La reforma electoral se planteó como parte de una reforma de Estado, declarada desde principios de este año, con la finalidad de borrar de la mente del pueblo el fraude electoral en base a componendas a la “democracia” al estilo mexicano.

También se aprobó la reducción del tiempo de jornadas electorales, lo que derivará en un superficial conocimiento de las plataformas políticas de los partidos, aunado a la posibilidad de que la población cuestione y estudie sus propuestas. Las jornadas electorales en México eran un escenario en las organizaciones de oposición populares también ofrecían cuestionamientos del conjunto del régimen, como en el caso de la otra campaña, en menos tiempo de discusiones las estrategias electoreras de los partidos se centrarán como lo han venido haciendo en las descalificaciones y chismes a sus adversarios como método de ganar votos, lo que vulgarizará más las campañas electorales.

De esta manera la nueva reforma fue utilizada igual que sus antecesoras, como la fórmula para superar la nueva crisis política del Estado, para dar legitimidad a sus instituciones y a los procesos electorales que vengan y pasar a cosas más importantes para el poder.

Cada vez que los grupos de poder en México se encuentran en una crisis ya sea económica o política (la última deviene de la primera), inmediatamente salen a la luz las declaraciones rimbombantes sobre la necesidad de una gran reforma de Estado, que desde hace unos años en realidad significa el desmantelamiento de una estructura ya inservible para los intereses de los capitalistas, para los cuales la idea de un Estado democrático, republicano que tanto defendían y con una economía mixta en el caso de México es cosa del pasado.

En lo que respecta a la prohibición de contratar publicidad en los medios electrónicos (mas no en los impresos) los partidos políticos dejaron en claro que no siempre estarán dispuestos a garantizar el cumplimiento de los intereses de ciertos grupos empresariales, pero sólo en el caso de los medios de comunicación.

La pasada actuación de los medios de comunicación en los comicios electorales, puso en claro que no es conveniente para los partidos políticos exponerse a la manipulación de los medios, en lo fundamental por el gasto excesivo que tuvieron que realizar, el cual ascendió a 2 mil millones de pesos aproximadamente y que salió de las arcas públicas.

Aunque en realidad lo que preocupa a los partidos no es el alto costo de la propaganda en los medios electrónicos, sino el gran poder que los medios, principalmente Televisa, TV Azteca y Radio Fórmula, llegaron a tener controlando los tiempos de publicidad electoral, pues utilizaron esta para chantajear a los partidos, golpear a unos y apoyar a otros, buscando siempre el beneficio propio.

Es por eso que en este único caso, los partidos políticos estuvieron de acuerdo en limitar el poder de las empresas de comunicación. En discusiones previas, incluso se llegó a mencionar la creación de una figura tipo ombudsman para la vigilancia de los medios, así como un posible Consejo Nacional de Medios, propuestas que aunque no fueron discutidas formalmente, establecieron implícitamente el nuevo trato que el estado tendrá con los medios.

Como en toda nueva relación política, la aprobación de estas disposiciones no se realizó sin que las principales empresas de medios dieran batalla, pues inmediatamente compareció ante el Senado la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, con personajes de la calaña de los “periodistas” Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, hasta Paty Chapoy y Pedro Ferriz de Con para demandar el respeto a su libertad de expresión, la cual por supuesto tiene un precio.

En síntesis, la reforma electoral garantizó el control total de los partidos políticos sobre el Instituto Federal Electoral y por tanto sobre las campañas electorales, reguló la manera en que repartirán los recursos económicos entre sí, acortó el tiempo de campaña y con ello redujo gastos en recursos materiales y humanos para la futura realización de elecciones ya que al fin y al cabo no son necesarias campañas largas para pactar cargos de elección popular por encima de la decisión del pueblo. De paso, dio un golpe en seco a las empresas de medios de comunicación en su aspiración por sacar más de lo que les toca.

De esta manera el poder aprende de sus errores y se reconfigura políticamente, cosa que en nada beneficia a la población trabajadora y de sectores populares, al contrario, este nuevo reacomodo del poder económico y político afirma el desarrollo de un régimen de caracteres fascistas que se irá agudizando conforme sea necesario ejercer mayor dominación en la población, sin importar el descaro con que lo haga.