Discusiones sobre la reforma electoral fueron transmitidas a nivel nacional. Buena parte de la población se enteró de la polémica sustentada entre las comisiones dictaminadoras del Senado y representantes de los medios de comunicación agrupados en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), encabezados por Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre ambos titulares de los principales noticieros de Televisa y Tv Azteca, respectivamente.

Fue extraño presenciar la programación en cadena nacional de los debates entre políticos y periodistas, pues con anterioridad importantes reformas como la reforma al IMSS y a la Ley de Jubilaciones y Pensiones del ISSSTE no fueron atendidas con el mismo interés, a pesar que tenían que ver con intereses importantes para millones de trabajadores en todo el país, tampoco recibieron la misma atención las decenas de asesinatos de periodistas, que ubican a México como el segundo país después de Irak con mas informadores muertos.

El resolutivo concerniente a la reforma electoral que propició el debate fue el que señala que: “Ninguna persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión susceptibles de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”, es decir, que las grandes cantidades de dinero que se llevaban Televisa y Tv Azteca, serían prohibidas a partir de la nueva ley, los casos como los amigos de Fox, de la empresa Hildebrando, el reciente caso de Zhenli Ye Gon quedarían en la lista de clientes perdidos, también el gasto exorbitante de los partidos políticos en mensajes por radio y televisión se perderían.

El argumento del que se sirvieron los representantes de los monopolios fue el respeto a la libertad de expresión, a gritos Pedro Ferriz de Con, conductor de noticias de Grupo Imagen, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña, dijo: “Aquí está la CIRT junta, completa y unísona; nunca habíamos estado tan unidos como en esta ocasión. No venimos a dialogar, venimos a reaccionar”, la libertad de expresión no se pudo estirar más para cubrir que el interés principal de los representantes de las televisoras era defender las jugosas ganancias de los monopolios.

Pareciera que la cambiante actitud de los medios de comunicación y los partidos políticos, estuviera provocando la ruptura entre los monopolios y los políticos, pues antes de este acontecimiento, las campañas de difamación en contra de los movimientos populares, la complicidad en los grandes fraudes electorales, las omisiones de actos deleznables contra los derechos humanos demostraban esta sólida alianza entre gobierno y televisoras, antes todos contra los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, todos contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, todos con Calderón y el PAN, hoy las televisoras lo pintan como un romance terminado.

Estas contradicciones nos permiten pensar en qué sentido el régimen y la oligarquía en su conjunto están conduciendo la política estatal, no olvidemos que Televisa y Tv Azteca son solo una parte de la oligarquía y no su totalidad, que también existen fuertes contradicciones con el imperialismo que quiere romper el cerco en el mercado de las comunicaciones, como quedó asentado en la disputa entre General Electric por conseguir concesiones de un nuevo canal de televisión que fue saboteado por el duopolio.

Los pasos que ha seguido el régimen es apostar al cumplimiento de los principales intereses imperialistas, en este sentido las negociaciones de la reforma fiscal fueron permutadas al PRD a cambio de la reforma del Estado, toda vez que este último decidió cumplir con las reglas del juego de la legalidad burguesa y abandonar a los miles de ciudadanos que estaban en contra del fraude electoral; así uno de los objetivos del imperialismo ya está amarrado.

La ultraderecha y los sectores de la oligarquía, que se aseguraron el respaldo de las televisoras durante la pasada contienda electoral por medio de la aprobación de la llamada Ley Televisa, son los mismos que respaldaron su abrogación y hoy aprueban la nueva ley electoral, es decir, que cedieron momentáneamente para después quitar lo que les habían otorgado y hoy desechan sus servicios.

La necesidad de controlar a los partidos políticos y armonizar un nuevo equilibrio en el Estado burgués es lo primordial en el actual gobierno, luego de la inestabilidad con que asumió el poder Calderón y que poco a poco está controlando, los riesgos ante protestas generalizadas, de una crisis en la solvencia estatal y de una desbandada de capitales parasitarios ante nuevos estallidos sociales como en Oaxaca, son las apremiantes necesidades del régimen por resolver, aún cuando en esta tarea se desplace a sus antiguos aliados.

Otro elemento con que se evidencia las deslealtades en la política burguesa es el caso de la destitución de Luis Carlos Ugalde como presidente del Instituto Federal Electoral, que después de ser el ejecutor del fraude electoral es ajusticiado por sus anteriores cómplices del PAN y el PRI, puesto que fue una condicionante por parte del PRD para aceptar la reforma fiscal.

Los constantes veleteos de los partidos políticos burgueses, de las declaraciones de los monopolios, unas veces en favor del libre comercio y otras en contra, como Televisa y Tv Azteca primero en favor de la Ley Televisa, que les otorgaba el monopolio televisivo y radiofónico, ahora en favor del libre comercio de mensajes políticos, son prueba de las contradicciones interburguesas que se manifiestan dentro de la reforma electoral.

Lejos de defender la libertad de expresión, la aprobación de la reforma electoral que fue televisada y difundida por la mayoría de los medios masivos de comunicación, este interés porque se conocieran los resultados de las discusiones parlamentarias no fue la información al público, sino defender los intereses económicos de los monopolios de radio y televisión.

Por otra parte, la intención de regular los mensajes políticos es una artimaña para redefinir nuevas reglas del juego que estabilicen al Estado mexicano, para proteger los intereses de la oligarquía y el imperialismo a largo plazo.