Los diputados y senadores discutirán la reforma fiscal y la electoral en el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

Este panorama evidencia la actual correlación de fuerzas de las distintas facciones de la burguesía, que encubierta de leyes, legitimidad y Estado de derecho se disputan la representatividad de la oligarquía financiera.

Sobre la reforma fiscal, es inminente su aprobación, al cierre de esta edición se están aprobando los dictámenes para pasarlos al pleno de la Cámara de Diputados. Sobre el impuesto del 5.5% a la gasolina lo único que se sigue comentando es reducirlo al 4.5%, lo cual no representa ninguna diferencia, toda vez que como los mismos funcionarios neoliberales señalan (Guillermo Ortiz, del Banco de México), el impuesto se traduciría en una escalada inflacionaria; pero de cualquier manera sigue trabada. En esencia la reforma fiscal no representa ningún cambio de fondo en la estructura general del capitalismo en México, que clava la uña a los trabajadores y privilegia a la burguesía, especialmente a la oligarquía financiera.

Como se previó en nuestros números anteriores, por lo que toca a la reforma electoral, los monopolios, especialmente Televisa, TV azteca y Radio Fórmula, ahora dicen defender la libertad de expresión raíz que fueron despojados del gran negocio de los mensajes electorales, la reforma se aprobó sin alterar los cambios en los tiempos oficiales para difundir mensajes de partidos políticos y limita la contratación de tiempos por particulares.

La nueva ley dice: “Ninguna otra persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección”. Con esto tendrán algunas complicaciones para que grupos empresariales, que son los únicos que pueden pagarlos, lancen “campañas sucias”.

Lo que estos cambios a la ley evidencian son los reacomodos de los grupos políticos burgueses (PRI, PRD, PT, incluso algunos del PAN) por controlar a un poder fáctico (real, efectivo), que es el de los monopolios televisivos y que les disputa y controla en la vía de los hechos su propia actuación. El poder de los medios de comunicación -y esto se debe analizar aparte ampliamente- no sólo es material, sino también ideológico; en primer lugar posiciona a un par de familias dentro del listado de los más ricos del mundo, por otro lado mantiene el dominio ideológico de la clase obrera y el pueblo bajo condiciones de enajenación.

En nuestro país, como en el resto del mundo capitalista, domina la oligarquía financiera, que se agencia a los grupos o partidos políticos que mejor representan sus intereses.

Así, repasando sus capacidades, el PRI esta en la bancarrota como “gran partido” con enormes grupos corporativos que le garantizaban el voto duro. El PRD, que a propósito de esta reforma electoral está representado por Arturo Núñez y Ricardo Monreal. Núñez fue Director del IFE gubernamental, artífice del Fobaproa y Subsecretario de Gobernación; mientras que Monreal, fue cuestionado por mal manejo de recursos cuando fue gobernador de Zacatecas, y se le abrió un proceso para expulsarlo del PRD por apoyar al PT. Como partido, viene en caída libre después del fraude electoral y en continua lucha intestina.

Por todo lo anterior, se ve que con su participación en estas reformas, el PRI y el PRD buscan reposicionarse como “opciones”, no para el pueblo, sino para la oligarquía, midiendo fuerzas con uno de sus principales baluartes: los monopolios de la comunicación.