Entre 35 y 41 estados de la Unión Americana, de un total de 50, cuenta con una o varias leyes que perjudican a los trabajadores inmigrantes. En Arizona, por ejemplo, la gobernadora Janet Napolitano promulgo la Ley HB2779 la cual obliga a una mayor vigilancia sobre los trabajadores, pues sus empleadores deberán cerciorarse de que sus obreros estén legalmente en el país. Las empresas que no cumplan con lo anterior pueden ser multadas o incluso cerradas, a partir de enero de 2008.

Paralelamente a finales de agosto, pero desde el gobierno federal norteamericano, se estableció una revisión nacional sobre los datos particulares de los trabajadores –anglosajones e inmigrantes– tanto en los archivos de la Administración de Seguro Social (SSA) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ambas bases de datos deberán de contener la misma información, los números de seguro social deberán de corresponder con la identidad del trabajador y todos los errores que puedan existir deberán corregirse. El Estado norteamericano dará 90 días a partir de septiembre –lo cual hasta ahora está suspendido por orden de un juez– a todas las empresas para que lleve a cabo lo anterior, en caso de no acceder pague 2,000 dólares por cada infracción o despida masivamente a los trabajadores ilegales o con errores en sus registros. Incluso, miembros del Consejo Nacional de la Raza como Michele Waslin plantean que será un golpe durísimo para todo el conjunto de la clase obrera en Estados Unidos, no sólo para los trabajadores sin papeles. Millones serán despedidos.

En medio de una declarada crisis económica y en defensa de los grandes empleadores y monopolios, el Estado norteamericano busca echar legalmente a la miseria y al desempleo a millones de trabajadores.

El terror de la mano fascista del monopolio y de las autoridades anglosajonas ataca en las calles, en las casas y en los centros de trabajo de la clase obrera latinoamericana. A finales de agosto en una redada masiva en Ohio –en la planta de pollos de Koch Foods Inc.- más de 180 trabajadores fueron citados para interrogatorios y más de 160 fueron arrestados por violaciones a las leyes de inmigración.

Otra constante, es la criminalización de los inmigrantes, por ejemplo, ante un triple asesinato en Newark, Nueva Jersey, diversos políticos culpan de ello a la presencia masiva de los trabajadores sin papeles. Las autoridades federales anunciaron un incremento en su capacidad carcelaria para inmigrantes a más de 31,000, lo cual también habla de un incremento en las redadas y deportaciones. El periódico Los Ángeles Times informó en la última semana de agosto que el arresto de trabajadores sin papeles que se resisten a salir del país se ha acrecentado a unos 675 por semana.

No hay reforma migratoria, pero en plena crisis de la economía norteamericana la burguesía y sus representantes promueven iniciativas y establecen leyes contra los trabajadores sin papeles y contra los propios trabajadores norteamericanos. El terror ilegal o legal, la deportación masiva, las redadas, las multas, la ilegalización de un importante sector de la clase obrera en Estados Unidos, es un intento de los monopolios y su gobierno por ponerle un tope a la crisis, a costillas de los trabajadores. Convirtiendo a los obreros sin papeles en chivos expiatorios de esa misma crisis, legalizando su papel de esclavos asalariados sin ningún derecho civil, laboral y humano.

Ante todo esto, los obreros sin papeles de múltiples nacionalidades en Estados Unidos no se detienen. En el marco de la deportación de Elvira Arellano, los trabajadores se movilizaron en Los Ángeles el 24 de agosto. Miles en el estado de Virginia se movilizaron el 1 de septiembre contra la escalada anti-inmigrante y las leyes contrarias a sus intereses. En Arizona, diversos sectores de trabajadores se sumaron a un boicot comercial y no se presentaron a trabajar entre el 3 y el 9 de septiembre en demanda de la abrogación de la Ley HB2779. La lucha en las calles, la consolidación de las organizaciones populares de los migrantes, el avance hacia una mayor conciencia de clase por parte de los obreros sin papeles y la unidad con todos los explotados y oprimidos en Norteamérica, siguen siendo las principales alternativas de resistencia, organización y lucha para los trabajadores inmigrantes multinacionales en Estados Unidos.

Frente a las medidas fascistas del gobierno de George Bush y de los diferentes representantes demócratas y republicanos de los monopolios, contra los obreros inmigrantes diversos personajes buscan lavarse la cara y granjearse simpatías a costillas de aquéllos. El 2 de septiembre, Felipe Calderón, en su mensaje presidencial, hacía una condena por todos estos hechos, sin embargo, no pasa de la demagogia y de la frase vacía. Su gobierno no ha tomado una sola medida concreta para intervenir a favor de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, no ha habido ningún hecho concreto en contra de las redadas en los barrios populares y no cuenta con ningún plan de defensa de los intereses de los obreros mexicanos sin papeles en Norteamérica. Durante su administración han muerto 370 mexicanos tratando de cruzar la frontera en búsqueda de mejores condiciones de vida. El presupuesto propuesto por el ejecutivo federal para 2007 –encabezado por el propio Calderón– redujo considerablemente los recursos económicos para atender programas como: Repatriación de Cadáveres, Identificación de Cadáveres y Localización de Individuos, Asesorías Legales Externas a Migrantes en Estados Unidos y Apoyo a Mujeres y Niños y Migrantes en Situación de Maltrato. Hechos concretos contra la clase obrera, de ambos lados de la frontera.

Por otro lado, aparecen los demócratas en Estados Unidos. En el debate entre pre-candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, el 8 de septiembre, por parte del Partido Demócrata todos hablaron de una “reforma migratoria integral”, todos hablaron de la necesidad de obtener seguridad en la frontera, pero cuidando de no mencionar la palabra muro. Hablan de un programa “benéfico” para los trabajadores migrantes, pero no dicen con claridad cuál es.

Los demócratas, que ahora como hace un año sólo buscan mediatizar y beneficiarse del descontento contra la administración Bush y las medidas anti-inmigrantes; en el fondo, al igual que Calderón, Bush y las diversas expresiones republicanas en Estados Unidos, los demócratas sólo están por regular el flujo migratorio de acuerdo a las necesidades de fuerza de trabajo por parte de los grandes monopolios y empleadores en dicho país. Y ahora, en momentos críticos y cuando lo que quieren los grandes ricos de Norteamérica no es tener más trabajadores como en los momentos de gran auge industrial o comercial, los demócratas ponen pretextos, pues esa regulación ahora pasa por la aplicación de la violencia policíaca, el terror estatal y las leyes fascistas para despedir y expulsar masivamente a los trabajadores sin papeles, inicialmente, en aras de que las grandes empresas y la misma economía capitalista norteamericana lo requieren para hacer menos dura la recurrente crisis capitalista.