La reforma electoral y la reforma fiscal constituyen los principales puntos a resolver en el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión que inició este primero de septiembre, al respecto, las bancadas partidistas principalmente del PRI del PAN y del PRD meses antes del inicio de sesiones, buscaban las negociaciones escondidas y los chantajes políticos.

Claro está, que estos consensos serán con los empresarios y no con los millones de trabajadores y sus familias que se verán afectados por las reformas. A grosso modo, la reforma fiscal “integral” que propone Felipe Calderón, consiste en aumentar los impuestos a combustibles (que afectará el costo de los alimentos y del transporte público).

Aunque a través de los medios se imponga la visión de que la reforma fiscal consistirá fundamentalmente en la recaudación de impuestos a grandes empresas, la cuestión está en que los verdaderos evasores de impuestos son justamente los empresarios que llevaron a Calderón al poder, por ello la implementación de la Contribución Empresarial a Tasa Única, mejor conocida como CETU, fue un verdadero fracaso, tan sólo la evasión fiscal por parte de las grandes empresas asciende a 400 mil millones de pesos al año.

En el caso de la reforma electoral, se trata de revocar la reforma de 1996 que los mismos partidos habían empujado, donde el Instituto Federal Electoral (IFE) venía funcionando con cierta autonomía respecto a los partidos políticos; ahora los partidos en apariencia podrán controlar con mayor libertad el funcionamiento del IFE, pero nada descarta su verticalidad, y por tanto sus posibilidades para que se imponga por encima de estos como instancia superior de los monopolios en materia electoral, otro de los aspectos es lo que tiene que ver con los gastos de campaña electorales (gasto en medios principalmente), con el corte de cabezas de los consejeros del IFE.

Aún cuando el tema del control del IFE y la destitución de Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, se dio en medio de una exigencia venida del PRD en el sentido de castigar a los operadores del fraude electoral, lo cierto es que la reforma electoral termina beneficiando a todos los partidos políticos. Por esto la discusión de la reforma fiscal, que incluye el nuevo paquetazo económico para 2008, esta sometida a como quede la reforma electoral.

Sin entrar por ahora en mayores detalles, la cabeza de Ugalde junto con la distribución de recursos y tiempo para los procesos electorales es el acuerdo ya negociado entre el PRD, el PRI y el PAN para poder avanzar hacia la reforma fiscal, sin importarles rebasar el orden constitucional establecido por ellos mismo, donde se planteaba la inamovilidad de los consejeros del IFE.

Hay que mencionar de pasada, que el PAN también tiene puesto su interés en abrir nuevas vías para la discusión de una reforma legislativa para la reelección en cargos populares, tema que planteó por primera vez en la legislatura 99-200.

En el caso del PRI, apenas el 4 de septiembre presentó una propuesta en el senado para modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), donde se establezca que juntando 1000 firmas, cualquier ciudadano que cuente con registro electoral puede presentar una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión, lo cual serviría para armar grupos de paleros que sean utilizados para presionar la aprobación de reformas a conveniencias de los propios partidos.

Esta el caso por ejemplo, del gobernador de Puebla Mario Marín, quien enfrenta un proceso ante la corte por el caso de los excesos cometidos contra la periodista Lydia Cacho y que se ha mencionado que constituye en punto de negociación del PRI en el sentido de aprobar la reforma fiscal con la condición de exonerar al “gober precioso”; también entra la nueva propuesta de destitución de Ulises Ruiz y la inhabilitación de Jorge Hank como candidato para la gubernatura de Baja California.

Así es como se las gastan los partidos políticos en el poder, atrasando las discusiones legales formales, para avanzar en acuerdos por debajo del agua, de ahí que el rechazo a la propuesta de hacer un periodo extraordinario de sesiones antes del inicio del primer periodo ordinario del año. De esta manera la aprobación de las reformas electoral y fiscal implican acuerdos en lo oscurito entre partidos políticos y empresarios, de manera que cada quien pueda salir beneficiado en sus intereses inmediatos o largo plazo.