El aumento a los combustibles (gasolina, diesel y gas carburante) coloco al gobierno de Felipe Calderón en nuevas dificultades para concretar esta modalidad de impuesto, por las repercusiones que traerá a los bolsillos de la población trabajadora.

Tal impuesto a los combustibles fue diseñado por el equipo fiscal de Calderón encabezado por Agustín Carstens para compensar el fracaso que tuvo la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), la cual fue rechazada por la mayoría de las cámaras empresariales y por los monopolios, puesto que la CETU no fue aprobada por el conjunto de la burguesía, la siguiente dificultad era como compensar la cantidad de recursos que se tenían previstos con la primera modalidad de la reforma fiscal, el camino tomado por el gobierno fue gravar una de las mercancías de consumo imprescindible para la población y para el conjunto de la producción y distribución de mercancías.

La intención del impuesto a los combustibles es obtener recursos de uno de los más amplios sectores de contribuyentes para no afectar a las ganancias de los grandes monopolios y de la oligarquía financiera.

La solución fue bajar la cantidad inicial de la CETU en 5.5 por ciento y trasladarla a los combustibles, de manera burda el gobierno considera que no importa de donde provengan los recursos siempre y cuando logren garantizar los gastos estatales, de los cuales cerca del 50 por ciento se van al pago de los salarios de los burócratas.

Después de ser presentada la iniciativa de reforma por la bancada de diputados panistas, -según declaraban con la intención de destrabar la reforma hacendaria- las repercusiones sobre la consecuencias inflacionarias que esta tendría se presentaron en cascada, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), por medio de su vicepresidente, Víctor Manuel Bolaños, se manifestó en contra del impuesto a combustibles, esta fue una de las primeras respuestas, como ocultando la mano, una parte de los diputados panistas se desentendieron de la propuesta calderonista lo que no impidió que los jefes de bancadas como Santiago Creel y Emilio Gamboa se mantuvieran firmes en el nuevo impuesto.

Las consecuencias de este aumento serian una elevación generalizada de los precios pues los combustibles gravados son el elemento esencial para el transporte y distribución de mercancías, son insustituibles en el trasporte público y privado de todo el país, esto quiere decir que al grabar las gasolinas los dueños de las franquicias elevarían su costo para compensar el tributo estatal y con ello se incrementaría el costo de la mercancía, lo que traería una elevación en el costo final de las mercancías, no hay mercancía que sea consumida directamente en el centro de la producción.

Por otra parte, el transporte publico incrementaría su costo, que ya de por si es elevado y desde hace años ha sido una exigencia de los transportistas debido a lo alto de los costos que se incrementan paulatinamente mes con mes, si este aumento se produce el salario real de los trabajadores se vería disminuido tanto por el aumento del precio de las mercancías básicas como por el incremento de los costos del transporte.

También el grueso de la población que cuenta con automóvil se vería afectada por esta medida, es importante destacar que a pesar de que México es un país productor de petróleo cerca del 40 por ciento de la gasolina que se consume es de procedencia norteamericana, lo que evidencia la falta de interés en mejorar esta exigencia de la economía nacional, y el favoritismo a los monopolios gasolineros yanquis.

El incremento a los combustibles es una mutación de la propuesta de gravar con IVA a alimentos y medicinas, la cual fue rechazada por el conjunto de los trabajadores desde su primer intento con el gobierno de Vicente Fox, hoy la continuidad de la política neoliberal obliga a Calderón a buscar de cualquier manera mas recaudación de impuestos, a pesar de que esto traiga un incremento al descontento de la población.

Los resultados inflacionarios de los nuevos impuestos fueron afirmados por el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, lo que evidencia que entre la propia burguesía existen diferencias sobre de donde sacar los recursos estatales.

De llevarse acabo la aprobación de la actual reforma fiscal, se estaría lacerando profundamente el nivel de la calidad de vida de los proletarios del campo y la ciudad, hecho que sin duda seria un elemento mas a sumarse al creciente descontento popular que se origina por la condición miserable de los trabajadores y del desempleo galopante de los últimos años.

El panorama para los trabajadores es desafortunado, porque también el próximo año seremos testigos de la invasión de los productos agrícolas provenientes de Estados Unidos y Canadá al entrar en vigor el apartado del Tratado de Libre Comercio referente a los aranceles a productos del campo, esto repercutirá también en el incremento de precios de los productos agrícolas para poder equilibrar los ingresos ante la baja de ventas originada por la mayor capacidad productiva del imperialismo.

El inevitable escenario del incremento de la pauperización de las masas trabajadoras es previsto por los partidos políticos, que considerando las elecciones del 2009, procuran desmarcarse del desprestigio de aprobar las reformas estructurales, pero la propia dinámica de la economía y el entrelazamiento de los intereses burgueses obligan a los partidos a que de ninguna forma olviden los interés de la clase que representan, así vemos que tras las declaraciones rechazando tanto al propio Calderón, la reforma al ISSSTE, se consolida el programa del imperialismo, con el anzuelo de la reforma electoral los sectores socialdemócratas del Frente Amplio Progresista han acordado, de manera indirecta, la aprobación por paquete de las dos reformas tanto la fiscal como la electoral, nuevamente priorizando el prestigio electoral sobre los intereses materiales de los trabajadores, como aseguró Horacio Garza, del PRI y secretario de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados quien declaro que "Ya hubo acuerdos (de los coordinadores parlamentarios de los partidos) y la idea es sacar la reforma esta misma semana".

Los estragos de la sumisión a la economía estadounidense y su planes de control regional se están sintiendo con profundidad en la vida de los trabajadores de México, Felipe Calderón está demostrando la determinación con que defiende los interés imperialistas, esto se enmarca en las exigencias de recaudación que se necesitan para financiar la zona económica trazada bajo el Plan Puebla Panamá, el régimen tiene serias limitaciones para extraer recursos sin que representen nuevos riesgos de estallidos sociales, con el empecinamiento de grabar a los combustibles, a pesar de que la propia burguesía señaló de los riesgos de inflación, Felipe Calderón esta abriendo una franja más de confrontación con los proletarios.