Luego del informe presidencial, del impuesto Felipe Calderón, la burguesía y sus partidos políticos preparan el escenario para una nueva etapa en su ofensiva contra la clase obrera y los trabajadores desde el Congreso de la Unión.

Este hecho viene a concretizarse en la escalada de reformas que apuntalan para el reordenamiento político del régimen, en donde se busca por diversos mecanismos profundizar la explotación de los trabajadores y estrangular nuestros derechos sociales, políticos y laborales conquistados con sudor y sacrificio durante largas décadas de lucha.

Esta situación tiende a reforzarse precisamente con el contenido de las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, fiscal, energética y en lo inmediato, electoral; puesto que, en lo referente a esta última se pretende iniciar su discusión el 6 de septiembre de este año, rumbo a su aprobación en la Cámara de Diputados, tendiendo para ello una densa cortina de humo en cuanto a los aspecto “formales” de dicha reforma, tales como la destitución del Consejo del Instituto Federal Electoral, su transformación en un organismo centralizado, la reducción del presupuesto de gasto de campaña a los partidos, etc.

No obstante, existen elementos de fondo en dicha propuesta de reforma electoral que exigen la máxima vigilancia y disposición al combate de los trabajadores de la ciudad y el campo, justo en estos momentos en que la embestida del fascismo en México adquiere dinámicas tendientes a consolidarse asestando sus golpes a nuestra clase.

El borrador de la propuesta de reforma indica que esta deberá “prohibir la intervención de las organizaciones gremiales de los trabajadores en la creación y afiliación hacia los partidos políticos”; según ellos, para combatir el corporativismo sindical que se formó durante el siglo pasado bajo el auspicio de grupos y partidos políticos como el PRI. Este simple hecho, que ha sido minimizado en los medios de comunicación, ha servido para mediatizar a los trabajadores al presentarlo como un aspecto secundario y “bien intencionado” por parte de los legisladores y partidos burgueses, creando confusión en las filas del movimiento obrero y sindical, principalmente en sus sectores más desorganizados y atrasados políticamente.

Por supuesto que el sistema electoral mexicano en sí mismo no permite la existencia y participación de un partido obrero en los comicios electorales, puesto que el origen de dicho sistema electoral está basado en el monopolio político de la burguesía aún en sus aspectos de “representación popular”; el peligro que representa dicha reforma radica en que de aprobarse, la burguesía misma se estará atribuyendo facultades de nuevo tipo para reconocer o no la libertad política y de organización que confiere la propia constitución burguesa; es decir, que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia la clase obrera y los trabajadores, con la nueva reforma electoral, podrán aspirar a la representación popular ni por vía “independiente, ciudadana ni partidista” pues simplemente el derecho a organizarse políticamente como clase, será entonces exclusivo para los explotadores.

Esta situación, desde luego, ya la había manejado la burguesía en la propia Ley Federal del Trabajo donde estipulaba que los sindicatos deberían ser “independientes” de cualquier partido político, credo religioso, etc., pues el fin de los sindicatos era hacerlos “representativos” de los intereses comunes de los trabajadores para “armonizar los conflictos entre el trabajo y el capital”. No obstante, la burguesía misma violentaba dicha ley al auspiciar la creación de sindicatos y direcciones burocráticas, plegadas por entero a sus intereses de clase que más tarde se convertirían en reserva segura de votos y apoyo político al partido gobernante. Tal es el caso del charrismo sindical representado en la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la Confederación Regional Obrero Mexicana, la Confederación de Trabajadores y Campesinos, la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el propio Congreso del Trabajo, por mencionar a algunos de ellos.

No obstante, la propia Ley Federal del Trabajo, contempla también a las cámaras empresariales como organizaciones profesionales, es decir, como sindicatos patronales a quienes atribuye los mismos derechos y obligaciones en ese sentido. Sin embargo, hoy, la oligarquía financiera del brazo de sus diversas expresiones político-partidistas, pretende aniquilar el ejercicio del cual se valió exitosamente durante el siglo XX para mantener sometidos a los trabajadores bajo el peso del corporativismo y la antidemocracia sindical, negándonos el derecho a la organización política como clase con una reforma electoral que sanciona la existencia del partido político de la clase obrera y su relación con las organizaciones profesionales de los trabajadores, consintiendo por otro lado la permanencia de los partidos políticos burgueses y su vinculo descarado con las cámaras empresariales que durante los últimos años han venido jugando un papel de primer orden en los comicios electorales con apoyo económico, político, logístico, e incluso paramilitar a sus candidatos.


Hoy la burguesía y su ala fascista van actuando contra el papel de la clase obrera y los trabajadores como sepultureros del capitalismo y por supuesto, el peligro que implica para sus intereses el hecho de la organización de la clase obrera, por ello, quieren, evitar por todos los medios posibles la acción política de los trabajadores, reviviendo para ello la consigna del “apoliticismo” sindical y la conciliación de clases, bajo el fantasma de la representación política de todas las clases en el Estado.

Por supuesto que no faltan los “líderes” sindicales que secundan dicha propuesta, incluso aquellos que obtuvieron prebendas o puestos políticos a partir de su representación sindical, esto es parte de como la política burguesa al interior de los sindicatos que se valdrá en todo momento del oportunismo para enraizar sus intereses en el campo enemigo, un hecho destacable es el ver las diversas declaraciones de algunos otros oportunistas sindicales que se oponen a esta reforma temiendo con ello la pérdida de sus curúles o canonjías políticas, hecho que demuestra las contradicciones en las filas de la burguesía.

Nosotros, en la Corriente de Trabajadores Revolucionarios, resolvimos que nuestra labor dentro de los sindicatos necesita ser elaborada a partir de un programa estratégico que ponga el acento en la organización política del proletariado como clase aparte de la burguesía y para ello es necesario trabajar día a día en la construcción de un partido fuerte y numeroso a la cabeza de nuestra clase y los trabajadores.

Hoy toca a los sindicalistas democráticos, clasistas y revolucionarios en todos los sindicatos y rincones del país, desatar una fuerte campaña de oposición a esta reforma en defensa de nuestro legitimo derecho a la organización y afiliación política, echando por tierra el discurso del “apoliticismo” sindical que únicamente sirve a la burguesía, cámaras empresariales y partidos políticos..