El inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa ha venido a confirmar muchos de los graves escenarios que los trabajadores advertíamos luego del fraude descarado que lo llevó al poder. El temor de millones de trabajadores de ver pérdidas sus históricas conquistas sociales, laborales y políticas se ha vuelto realidad con la puesta en marcha de toda una serie de medidas reaccionarias que vienen a redoblar la ofensiva burguesa sobre los trabajadores en todos los sentidos.

La contención salarial (3.9%) impuesta a inicios del año, la especulación financiera y la carestía de la vida con el alza de precios en los productos de primera necesidad, la militarización del país, la cruzada contra la autonomía sindical, la libertad de asociación, así como la nueva Ley impuesta al ISSSTE que atenta contra los derechos laborales y sindicales de los trabajadores al servicio del Estado; demuestran de forma tajante el verdadero carácter de clase del Estado mexicano, cuya orientación política está enfocada a privilegiar los intereses de los grandes monopolios.

De esta manera, la actual campaña mediática impulsada por los partidos burgueses referentes a la “necesidad” de aprobar las reformas estructurales en general, pasando por: la energética, laboral, hacendaría, educativa, del Estado, electoral; persigue claros objetivos políticos en un contexto nacional caracterizado por el avance de las posiciones más reaccionarias de ésta, con el endurecimiento del régimen; por el otro lado, el ascenso de las luchas, las resistencias del pueblo trabajador contra las políticas antipopualres de los explotadores.

Sin embargo, en el terreno de la salud como factor productivo, tanto como derecho social, las tentativas fascistas del régimen han encontrado un cause mucho más dinámico ante la dispersión que priva en nuestro gremio con la atomización organizativa y el distanciamiento político que el charrismo sindical se ha encargo de realizar durante todos estos años al interior de nuestros sindicatos.

Esta situación se ha visto recrudecida de manera particular con la llegada al frente de las instituciones de salud de personajes nefastos en la vida política nacional, identificados con posiciones verdaderamente retrogradas en material laboral y de salud, demostrando con esto su incompetencia para estar al frente de éstas. Como muestra basta con observar lo siguiente:

Juan Molinar Horcasitas, que en el sexenio pasado fuera diputado federal por el PAN, ha sido impuesto por Calderón como director general del IMSS a partir de los favores que realizó a la burguesía en la reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Las declaraciones que en aquel entonces sostuvo a ese respecto, donde atacaba el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y sus conquistas, denostaban a los trabajadores del sindicato. Ya como director del instituto, ante la próxima revisión que se acerca del CCT, este lacayo del régimen ha dejado en claro cual será su posición, asumiendo nuevamente una actitud golpeadora hacia el sindicato declarando que “el problema del IMSS es el problema del CCT del SNTSS” el cual califica de “irresponsable”.

También en el ISSSTE, se da la presencia de personajes reaccionarios con la llegada de Miguel Ángel Yunes al frente de la institución, quien junto con los círculos más rabiosos de la oligarquía y el charrismo sindical, abanderó la imposición de la nueva Ley del ISSSTE, en contra de los trabajadores al despojarles de su derecho a la jubilación, la pensión, la estabilidad en el empleo, entre muchos más.

Este personaje se ha opuesto de manera abierta a las luchas de los trabajadores por la abrogación de la nueva Ley del instituto, calificándonos de “delincuentes e inmorales”, ha pedido en múltiples ocasiones que sean desalojados por la fuerza policíaca los plantones que se encuentran en las oficinas centrales del ISSSTE, en la Ciudad de México.

En la Secretaría de Salud las cosas no están nada mejor, José Ángel Córdova Villalobos quien fue impuesto como secretario de salud por Calderón, fue durante el sexenio anterior, diputado federal por el PAN, estuvo a cargo de la Comisión de Salud de dicha legislatura, sus manos también están manchadas de la sangre de los trabajadores. Como ejemplo basta saber que este personaje estuvo a cargo de las acciones de salud realizadas en la mina Pasta de Conchos, luego de que 65 mineros perdieron la vida -sin ser rescatados sus cuerpos hasta ahora-, limitándose en ese entonces a brindar “apoyo psicológico y moral” a las familias de las victimas, sin emitir ni un solo dictamen técnico respecto a la falta de seguridad que ha caracterizado desde siempre a las empresas del Grupo México, uno de los más fuertes en la industria minera.

Desde luego, como presidente de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura, Córdova Villalobos, se opuso también a las iniciativas de despenalización del aborto y de reforma a la Ley General de los Derechos de las Personas Enfermas en Estado Terminal, referentes a el derecho de una muerte digna mediante la eutanasia, aduciendo a ello argumentos “de ética medica”. A esto hay que agregarle el impulso que éste personaje le da al mal llamado “Seguro Popular” que pretende aniquilar en la vía de los hechos el derecho a la seguridad social solidaria de los trabajadores y sus familias, evadiendo la responsabilidad de la patronal.

Esta situación nos demuestra los ejes político-ideológicos por los que actualmente se rige el sistema laboral y de salud en nuestro país, en donde los trabajadores de ambos apartados somos considerados una mercancía cuyo valor de uso es también ser fuente de valor y por lo tanto nuestra salud y los servicios sociales que requerimos para preservar la salud de nuestras familias, merece de su parte, el mismo trato que la reposición de una pieza, una herramienta, una maquinaria, etc., cambiando un trabajador por otro en cuanto nos vean deteriorados en nuestra salud.