El dominio de los monopolios en México, mantiene en constantes tensiones el orden político burgués, en esta lucha lo mismo participan capitalistas nacionales como extranjeros, los estragos que éste deja se observan en la descomposición de la legalidad burguesa y en el desgaste de sus métodos de control de las masas trabajadoras.

El control que ejerce la oligarquía financiera sobre el Estado, se ha convertido en un tema constantemente tocado en la prensa nacional por su evidente influencia en las políticas de los gobiernos tanto federal como estatales, también los magnates mexicanos son ya claramente identificables por la población entre los que destacan, el dueño de Teléfonos de México, Carlos Slim, colocado como el más rico del mundo; Lorenzo Zambrano, que acapara el 90 por ciento de la producción de cemento con Cemex; Germán Larrea y Grupo México concentra el 95 por ciento de la explotación y comercialización de cobre; Alberto Bailleres y Peñoles tiene el monopolio de la plata; la familia Servitje, con Bimbo, el del pan industrializado; el grupo cervecero Modelo, tiene para sí el 65 por ciento del mercado nacional y es el principal exportador de este producto; FEMSA, de Eugenio Garza Lagüera, se queda con el otro 35 por ciento del mercado cervecero, pero controla más del 60 por ciento del mercado refresquero nacional; Televisa y su accionista mayoritario, Emilio Azcárraga Jean, concentra el 70 por ciento de la televisión abierta en el país y una parte creciente de la televisión restringida. Este conjunto es el dominante en cuanto a capitalistas nacionales y juntos negocian su dominio con otros capitales que quieren ocupar un lugar en el mercado nacional.

Respecto a los capitales extranjeros recientemente se colocaron el Banco Bilbao Vizcaya, Santander, Movistar, Repsol, de España; por otra parte, Halliburton con inversiones en perforación petrolera, Banamex-CITIBANK, General Electric y Fillip Morris son los monopolios extranjeros que más evidentemente destacan su influencia en la política mexicana, las controversias como la ley Televisa, las concesiones de explotación de la Cuenca de Burgos y las participaciones en cuanto a la administración de las pensiones de jubilación son prueba de la injerencia en las decisiones gubernamentales.

La política neoliberal continuada por el impuesto gobierno de Felipe Calderón convierte a nuestro país en un centro de disputa entre los distintos monopolios, pues las garantías de extracción de ganancias propician el encono por participar en el mercado mexicano, por esta razón la reforma fiscal de Calderón tropezó con un escenario complicado, un rompecabezas difícil de armar ya que los diferentes capitalistas tienen grandes discrepancias respecto a la cantidad de impuestos que quieren pagar.

La principal tarea del gobierno de Felipe Calderón se concentra en tratar de armonizar estos intereses, sin embargo, los estragos que está causando a la población también se hacen evidentes, el desempleo, los bajos salarios, la migración y la represión, se conjuntan de manera paralela en los asuntos de la política nacional, así en días pasados a la par que presenciamos los acercamientos con los países del Mercosur, también fuimos testigos de la bancarrota nacional e internacional en relación al respeto de los derechos humanos, en esta materia ni todo el poder de los medios de comunicación pudo evitar que se conociera la situación de barbarie que vive México, en donde la tortura, la detención de opositores políticos y las desapariciones son el sello distintivo de la conducta de los políticos mexicanos.

Al fracaso en torno a los derechos humanos sigue el evidente acercamiento de organizaciones de ultraderecha encabezadas por el ex presidente español José María Aznar, y más recientemente con el líder de la oposición en ese país; el alcalde electo de Buenos Aires, Mauricio Macri, surgido del partido de derecha Propuesta Republicana en donde acordó con Calderón trabajar bajo el liderazgo del Partido Acción Nacional (PAN) en la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) para fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos de derecha en Latinoamérica.

Estas acentuaciones de la fascistización del régimen se vieron fraguadas con la ilegalización de las tres huelgas mantenidas por el sindicato minero en el norte del país que se convierte en un nuevo elemento que debe enfrentar el gobierno calderonista.

Las descomposición de la política burguesa se manifiesta en el temor al primer informe de gobierno, el cual está suscitando la polémica de, si es pertinente o no que Calderón asista al Congreso o solo envié su informe, varios aspectos se conjugan en este hecho, el primero es que esta fecha se ha convertido en los últimos años en un día emblemático para la protesta social y con el antecedente de la toma del poder de Calderón el régimen está tomando sus precauciones, el segundo aspecto es la política del Frente Amplio Progresista empeñado en desgastar la figura presidencial para posicionar a López Obrador como segundo bateador respecto al fracaso de Calderón y amenaza con cuestionar la legitimidad del presidente, otra posición es la del PRI, que propone que se envié el informe por escrito lo cual le beneficiaría al darle mayor margen de negociación con un gobierno que se muestra débil ante el acoso popular y parlamentario, por último la posición del gobierno y del PAN es mostrar fuerza y arriesgarse a un nuevo escándalo que evidencie el pasado fraude electoral y la naturaleza del gobierno impuesto.

La tendencia seguida por el régimen, se mostró desde el hecho mismo del fraude electoral y es la imposición a la fuerza de los intereses monopólicos para lo cual adoptó la política fascista de llevarlos a cabo, sin que le importen las formas como se evidenció en los últimos cuestionamientos respecto a los derechos humanos.

Otro elemento que deja ver la descomposición del régimen es la continuidad de su política represiva expresada en los recientes acuerdos entre los Estados Unidos y el gobierno de Felipe Calderón, que consiste en destinar apoyo militar y financiero a la supuesta lucha contra el narcotráfico, que en el país se traduce en militarización y agudización de la represión, considerada por los yanquis como la mayor alianza en su tipo desde la puesta en marcha del Plan Colombia, este acuerdo podría anunciarse el próximo 20 de agosto en la reunión de los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush en Canadá e incluiría equipo para la intercepción de llamadas, radares para rastrear embarques de drogas, aviones para transportar agentes mexicanos, así como una variada gama de capacitación en materia de contrainsurgencia.

El empeño con que la oligarquía empuja sus intereses la conduce a refugiarse en la política de cuartel, ya que no tiene posibilidades de resolver ninguna de las demandas populares sin transgredir sus propios intereses, en medio del desprestigio del régimen y del constante golpeteo entre las diferentes expresiones de la burguesía. La clase obrera tiene una difícil tarea en torno de agrupar a los diferentes contingentes en lucha contra el régimen y consolidar una estrategia que le de solidez a las acciones populares en el sentido de derrocar el poder de la oligarquía.