El papel de las autoridades laborales consiste, según el sistema burgués, en velar por la aplicación de las leyes que regulan las relaciones de producción capitalistas, es decir, las relaciones obrero-patronales. En este mismo sentido, es que entonces las instituciones juegan un papel de control, para tratar de evitar de ese modo que las condiciones de trabajo de los asalariados sean producto de la lucha de clases. Cosa inevitable a pesar de sus órganos mediatizadores, como son las juntas de conciliación y arbitraje, que en la práctica se han convertido en verdaderos nidos de corrupción y pillaje tanto patronales, como del charrismo sindical y los representantes gubernamentales.

La cloaca que ha salido a la luz pública, a partir de la extorsión denunciada por un empresario extranjero chino de parte del propio secretario del Trabajo, no debería extrañarnos si entendemos el verdadero papel de las instituciones burguesas. La política de servilismo al sistema burgués de parte de los funcionarios, en este caso de quienes sirven a las autoridades laborales, sean Secretaría del Trabajo, Direcciones de Inspección, Procuradurías del Trabajo, Juntas de Conciliación, sean Locales o Federales, supuestamente encargados de impartir justicia laboral y que en la practica sirven a los dueños del capital, no obedece a un acto de maldad, sino a una red de intereses creados ex-profeso para mantener bajo control el descontento de la clase trabajadora.

Esta red de corrupción y servilismo al sistema, se construyen en forma piramidal desde los funcionarios del mas bajo nivel y los abogados litigantes hasta los Secretarios de Estado, donde los favores recibidos y su pago son cosa de todos los días y los únicos que pagan los platos rotos son los trabajadores, quienes de ninguna manera pueden esperar de esta institución, ni de sus “representantes obreros” que son los charros sindicales, mucho menos de los representantes gubernamentales o patronales, una defensa de sus intereses; todos ellos encargados de dictar los laudos o sentencias de cada juicio. Estos juicios solo pueden ser favorables entonces, si de ninguna manera afectan al capital o si de plano se ejercen actos de presión de parte de la clase trabajadora, para lograr arrancarle a la patronal conquistas para un mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo.

Ahora bien, el código laboral que debiera regular las relaciones de trabajo, que es la Ley Federal del Trabajo, se encuentra actualmente cuestionada de parte de los capitalistas que argumentan que ésta no favorece la inversión de capitales (léase explotación), toda vez que existen países donde la mano de obra es más barata y en este mismo sentido es que entonces el gobierno, siempre fiel a las ordenes del imperialismo, ya ha diseñado una serie de reformas a la Ley Federal del Trabajo, que permitiría competir con estos países: abaratando la fuerza de trabajo, quitando prestaciones, incrementando la explotación y matando de hambre a los trabajadores. Esto es así, aún y cuando esta misma Ley ya ha sido rebasada por toda una serie de jurisprudencias que de plano anulan los derechos laborales, tales como los candados interpuestos para el registro de asociaciones de trabajadores, para emplazar a huelga o para demandar la titularidad de un Contrato Colectivo de Trabajo, donde se requiere desde comprobar la existencia de las empresas con los testimonios notariales de éstas, demostrar el interés jurídico, comprobar la competencia, mostrar las altas del Seguro Social de los trabajadores y demás falacias por el estilo, que van contra la naturaleza de la Ley Laboral, de una inexistente imparcialidad y contra el mismo derecho burgués.

Además, las mismas Juntas de Conciliación y Arbitraje han creado una figura jurídica que va incluso contra la misma Constitución Política, a lo que han llamado “criterios de la Junta” donde la Junta en cuestión, Federal o Local, crea sus propias disposiciones legales y puede requerir al litigante cualquier cosa que pueda servir para entorpecer una defensa de los intereses de los trabajadores. Visto de esta manera el sistema burgués no necesita de ninguna reforma laboral, pues así es como hoy los turnos de 24 por 24 o 12 por 12 horas de los policías privados, para la autoridad laboral resultan “inverosímiles” y son cuestionados en su veracidad a los asalariados, hoy la asociación de los trabajadores está restringida y solo puede ser para los sindicatos blancos y patronales, al pedirles para un registro sindical las altas de hacienda de las empresas y sus actas constitutivas y un largo etcétera interminable que demostraría que la actual ley laboral se ha convertido en letra muerta y únicamente favorece los intereses patronales.


Esto resultaría innecesario para la clase obrera y todos los asalariados, pues para nosotros queda perfectamente claro el papel de todas las instituciones burguesas, aún así, existe un empecinamiento gubernamental por reformar la Ley Federal del Trabajo. Esto obedece a la necesidad del Estado de dar tranquilidad y paz laboral a los empresarios, los cuales a su vez exigen de él, toda una serie de reformas que eviten los conflictos laborales propios de la lucha de clases. Toda la serie de reformas en cuanto a la jubilación impuestas, primero a los trabajadores del IMSS, después a los trabajadores llamados “burócratas” regulados por el ISSSTE, hoy también en puerta para los trabajadores de Pemex, electricistas, telefonistas, y varios más, consisten en todo un plan para intentar sofocar el descontento propio de estos intentos por menoscabar los derechos laborales, primero con los trabajadores organizados en los sindicatos más numerosos, por lo tanto más fuertes y con mayor posibilidad de detener esta ofensiva capitalista, para después pasar a generalizar esta serie de medidas a todos los trabajadores.

Una vez logrado esto, la reforma laboral pasará a ser una mera formalidad y para entonces el reflujo propio del movimiento daría pocas posibilidades de oponer una resistencia tal para impedirla. Este proceso diseñado por el Estado, le permitiría reconocer a sus aliados dentro del charrismo sindical, además de lograr cooptar dirigentes, más preocupados por sus intereses personales que por un mejoramiento del nivel de vida de la clase trabajadora y por lo tanto derrotar las posibilidades de un ascenso del movimiento sindical y popular y de la lucha de clases. Estos planes del gobierno y sus compinches, atrincherados en el parlamento, en los partidos burgueses y en supuestas “representaciones obreras” a las que llamamos comúnmente charrismo sindical, se han topado con una verdadera resistencia, donde ya la demagogia que antes lograba dormir conciencias ha pasado a ser parte de la historia, hoy el pueblo trabajador está dispuesto a la lucha y a plantearse su futuro y cuál es el tipo de país que queremos y necesitamos los oprimidos y los explotados.

La unidad y la resistencia de los trabajadores demuestra que no nos encontramos dormidos en nuestros laureles y hemos aprendido por propia experiencia, que la unidad de los trabajadores hoy más que una consigna es un imperativo y una necesidad para luchar contra esta serie de medidas proimperialistas, hemos logrado encontrar los caminos comunes y unir las resistencias, reconociendo que si de verdad pretendemos impedir el incremento de la explotación, si de verdad queremos un país distinto, donde el pueblo trabajador decida su propio destino, debemos comenzar a construir la unidad sobre bases firmes, cohesionando la organización de los trabajadores para luchar contra este sistema basado en la explotación asalariada.