Continúan las afrentas interpartidarias por impulsar la reforma fiscal que más se acomode a sus intereses y a sus tiempos políticos, pero sobre todo por una reforma fiscal que represente los intereses de los sectores de la burguesía que representan.

Así los priistas pugnan por mayor impulso al “federalismo fiscal” –como no, si gobiernan 17 estados de la República-, por su parte el PRD cuando toca este tema lo hace pensando en una “equitativa” distribución de la recaudación por el fisco –se refiere esencialmente al DF, su gran bastión partidista y de recursos financieros-, pidiendo que esta reforma no se toque en el Congreso de la Unión, sino hasta una próxima sesión ordinaria; por su parte, el PAN, habla de actuar sin partidismos en este tema, pues si al fin y al cabo ellos controlan los instrumentos federales de recaudación.

Pero, también nos encontramos que al interior de cada uno de estos partidos existen contradicciones, debido a intereses particulares y de cuotas de poder o de los sectores a los que representan. Ni siquiera hay el consenso de la secretaría de Hacienda hacia la propuesta presidencial, esto lo evidencio el propio senador panista, Federico Döring, al defender la intención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar modificaciones al proyecto de reforma fiscal, para enmascarar esta contradicción calificó estas modificaciones como una “fe de erratas” más que como una posición injerencista en el trabajo legislativo.

Del otro lado, en el PRD, se ve más claro: aquí gobernadores de la calaña de Lázaro Cárdenas Batel (Michoacán), Zeferino Torreblanca (Guerrero) o Juan Sabines (Chiapas), dispuestos a negociar “todo” con Calderón, mostrando su derechización; allá un Obrador, un Godoy o un Encinas, diciendo nada de negociaciones nosotros tendremos nuestra propuesta, pero sabemos cual ha sido la política fiscal del Gobierno del Distrito Federal; acullá los que solo se preocupan descaradamente por sus intereses personales como Monreal en Zacatecas.

Aún con todos los intentos del gobierno federal, de tratar de aparentar la búsqueda de consensos, hasta hablan de las torpezas que cometió Fox en esta materia, la oligarquía financiera les está exigiendo una reforma más agresiva, aún más conveniente a sus intereses. Los titulares de las confederaciones Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo González Sada, y de Cámaras Industriales (Concamin), Ismael Plasencia, advirtieron que la iniciativa de reforma fiscal del Ejecutivo “sigue sin responder a las necesidades del país (léase, a sus intereses) y se centra más en una correlación de las fuerzas políticas”.

Por separado, los dirigentes empresariales coincidieron en que “la propuesta fiscal va contraria a las tendencias internacionales, de crear sistemas de recaudación eficientes sustentados en impuesto al consumo y una ampliación de la base de contribuyentes”, si las reformas fiscales implementadas en países neoliberales han aumentado más las desigualdades económicas entre ricos y pobres, han abierto aún más la brecha entre las oligarquías y los trabajadores. Que nos espera en México donde el 10% de la población (gran burguesía y oligarquía) controla el 85% de la riqueza del país; donde la política neoliberal ha generado un 85% de la población en condiciones de pobreza y, a la par, al hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú.

Asimismo, el Grupo Financiero BBVA Bancomer opinó que la reforma fiscal que se propone no es la más eficiente, dado que no se modifica el régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “un impuesto más eficiente y de costo de recaudación más bajo”; o sea, que se incremente el impuesto al consumo, que el que lo pague sea el pueblo, diría Ebrard: “primero los pobres”. Además aplaude la introducción de la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) a la cual califico como “una opción ingeniosa para ponerle un límite a las deducciones del Impuesto sobre la Renta (ISR); o sea que se incremente el impuesto a los ingresos, que el que lo pague sea el trabajador.

También celebran el Impuesto contra la Informalidad (ICI) que aplicaría una tasa de 2% a depósitos bancarios en efectivo superiores a 20 mil pesos mensuales, el cual es un impuesto de control que según el grupo financiero “le pone las cosas algo más difíciles a la informalidad”, pero lo cierto es que hay ganancia doble: por un lado, los ingresos respectivos por las transacciones de esta tasa, y; por el otro, se generaría una mayor afluencia de dinero depositado en los bancos, éste listo para jinetearlo a su placer y hacer crecer sus utilidades.

Contribución Empresarial a Tasa Única

Éste es un nuevo impuesto monopólico, afectaría directo a las pequeñas y medianas empresas (PyME's) y con ello, reducen la creación de plazas de trabajo. Pretende sustituir al impuesto al activo, el cual es un gravamen complementario del impuesto sobre la renta (ISR), impuesto con el cual muchas empresas realizaban “planeaciones financieras” (léase, tranzas) para que dicho impuesto les fuera devuelto hasta por los 10 ejercicios anteriores, en caso de que la empresa no generara utilidades al cierre de su ejercicio.

También prevé que sobre la base de este nuevo impuesto, las empresas puedan reclamar a Hacienda la devolución de sus pagos de impuesto al activo. Dice la propuesta: “podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que hubieran pagado en el impuesto al activo en los diez ejercicios inmediatos anteriores”; es decir, mayor evasión fiscal, truco muy usado por los grandes monopolios.

El gravamen de CETU no constituye un avance en materia de simplificación tributaria, pero puede elevar 30 por ciento lo que actualmente recauda el gobierno federal por medio del Impuesto Sobre la Renta (ISR), porcentaje que no pagarán las empresas monopólicas, pues es de tipo directo y equivale a gravar a nivel de la empresa, con una tasa uniforme, es por esta razón por la que las empresas que cuentan con menos capital pagarán porcentualmente más.

Además, este impuesto cuenta con un apartado donde aclara que las empresas que cuentan con mayor capital invertido en el país pagarán menos que aquellas que han invertido menos, esto según para promover la inversión; en su lógica instrumental, alguien que tenga invertidos 100 millones de pesos (mdp) pagará menos que el que tenga 20 mdp, por lo que éste último tendrá que invertir más para pagar menos impuestos, tendrá –entre otras cosas- aumentar la explotación de hacia sus trabajadores. Favor que le hacen a los monopolios; por ejemplo, a Slim, no por algo el reclamo de la empresa Movistar que cuenta con menor capital invertido en México que Telmex-Telcel.

Esta iniciativa de ley, entonces, ni amplía la base de contribuyentes, ni alienta la generación de empleos, ni tampoco modifica la base gravable, pero sí asegura los intereses de los grandes capitales. Los grandes afectados, de aprobarse esta ley, serán las PyME's y doblemente (directa e indirectamente) el pueblo trabajador.