Aumenta la escalada represiva del Estado


Las explosiones registradas el 5 de julio en los gasoductos y oleoductos de Pemex en los estados de Guanajuato y Querétaro, se convirtieron en el centro de atención de los noticieros y gran cantidad de articulistas en los medios impresos de comunicación. En un primer momento el Estado pretendió ocultar los hechos argumentando el robo clandestino y las malas condiciones de las instalaciones petroleras, pero cuando la autoría de Ejército Popular Revolucionario (EPR) se conoció, la actitud del régimen cambio.

La cargada reaccionaria se orientó a reprobar los atentados y movilizar a las tropas del ejército por todo el país aparentando ser los garantes de la seguridad nacional ante una situación alarmante, en donde su objetivo fue nuevamente crear un clima de miedo entre la población y sumar los atentados al mismo carril de la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, para así continuar con su escalada militarista y represiva en contra de los movimientos sociales que se levantan por todo el territorio en contra de las políticas imperialistas del régimen.

Las opiniones reaccionarias se empeñan en exaltar el hecho mismo de las explosiones, las pérdidas económicas a los monopolios que les originó el desabasto de gas, la creciente ingobernabilidad y algunos atribuían los acontecimientos a la creciente pobreza que aqueja al país. Pero creemos necesario centrar la atención al origen del problema, que es la desaparición forzada de los militantes del EPR, que no es un hecho aislado, sino un elemento más que devela la brutalidad del régimen y la escalada fascistoide con que el Estado ha estado actuando para sofocar a los movimientos populares y democráticos del país.

De la misma manera cabe destacar la complicidad del criminal gobierno oaxaqueño encabezado por Ulises Ruíz Ortiz junto con la Procuraduría General de Justicia del Estado y su titular Evencio Nicolás Martínez Ramírez, que niegan que su participación en la desaparición forzada.

La brutalidad e impunidad con que actúa el régimen en el verdadero enemigo de la seguridad de los pueblos de México y no las movilizaciones y protestas que inundan el país a consecuencia del rapaz saqueo de la oligarquía y el imperialismo, este último pretende hacer creer a la población que las organizaciones populares, manifestantes, activistas y sindicatos son los causantes de la actual situación de miseria e inseguridad en que vive el país.

La intención de criminalizar la protesta social es una política intencionada para justificar la violencia estatal y confundir al pueblo, sin embargo, los hechos hablan por si solos: ¿Quién ha cometido las vejaciones más criminales a la población? Los aparatos represivos estatales, la Policía Federal Preventiva en las violaciones y golpizas a los detenidos en Atenco, en donde murió el estudiante de economía Alexis Benhumea y se condenó a más de 60 años de prisión a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de La otra campaña, a causa de la irracional venganza de Vicente Fox y el Grupo Atlacomulco, por sus planes frustrados de construir el aeropuerto en Atenco.

¿Quién defiende y mantiene al sanguinario gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz?
La alianza del PRIAN que sostiene al impuesto Felipe Calderón y mantiene detenidos a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

¿Cuáles actos son más reproblables que la pederastia y el encubrimiento de las redes de prostitución infantil practicadas por el gobernador de puebla Mario Marín?
No lo son el periodismo de Lydia Cacho, ni los plantones de la APPO en el centro de Oaxaca.

¿En dónde reina la más humillante impunidad, sino en los cuerpos que siguen sepultados en la mina Pasta de Conchos y en el martirizado cuerpo de la fallecida Ernestina Asencio a manos de las hordas militares?

Los argumentos que el Estado lanza para justificar la militarización y el proceso de fascistizacion del régimen no soportan la luz de la realidad.

Las pesquisas y la cacería de militantes populares comenzó en el estado de Querétaro con la detención y el interrogatorio de los profesores integrantes del Frente Popular Revolucionario y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Faustino Hernández Meza y Roberto Aparicio Romero, ambas detenciones fueron realizadas en sus domicilios ubicados en la ciudad de Querétaro por parte las fuerzas de la Procuraduría General de la República y de la Agencia Federal de Investigación, quienes buscaban al camarada Bertín López Reyes vocero de nuestro Partido.

Los orígenes y ejecutores de la violencia en México no son más que la oligarquía financiera y su putrefacto régimen, quien alimenta las protestas y movilizaciones populares son las imposiciones como la de la asesina Elba Ester Gordillo, la política explotadora del Fondo Monetario Internacional y la brutalidad carcelaria de Ramírez Acuña, titular de gobernación.

Por nuestra parte, nos sumamos a la exigencia de la presentación de todos los desaparecidos políticos y luchamos por la libertad de los presos políticos del país, asumimos los trabajos de las protestas de la CNTE, apoyamos la Guelaguetza Popular, las resistencias populares y los trabajos rumbo a la huelga general que hoy tiene un nuevo elemento que nutre su necesidad.

Ante la escalada represiva del Estado, el valor y la combatividad de las masas trabajadoras en las calles son el arma con que doblegar al putrefacto régimen ¡Arriba parias de la tierra, en pie famélica legión!

Así está la lucha de clases por estos días.