La detención de Nicolás Chávez Adame activista del magisterio en Guerrero, el día martes 26 de junio del presente año, por parte de la Agencia Federal de Investigación, es una señal del tratamiento que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo está dando a la movilización política de masas.

Sin descartar ninguna forma de lucha de la cual pueda echar mano la clase obrera y en general los trabajadores del campo y la ciudad, en el último período la movilización política se ha venido consolidando como la forma idónea para la conquista de las demandas más sentidas, tanto económicas como políticas de las masas.

Y es la misma movilización política la que pudo lograr la liberación del profesor Nicolás Chávez, veinticuatro horas más tarde, mostrando la disposición del movimiento popular en Guerrero, de no dejarse intimidar ante el paso adelante que dio el gobernador del estado en su confrontación con la organización y la lucha del pueblo.

Su actitud indiferente y falta de aprecio, así como su permanente descalificación de la protesta social utilizando como arma principal desacreditar a los representantes de estos movimientos, Zeferino Torreblanca ha “progresado”, ahora decidió utilizar la represión abierta como medio de disuasión e intimidación al pueblo de Guerrero en su lucha por mejores condiciones de vida, trabajo y estudio.

Seguramente este es el escenario visualizado al detener y encarcelar -en el caso del profesor Nicolás Chávez- con cargos que son reconocidos enteramente como delitos de carácter político. Al mensaje de Zeferino Torreblanca se respondió con otro no menos contundente de movilización, que en las condiciones actuales tiene que avanzar a desarrollar la unidad de los diferentes sectores en lucha, superando las prácticas gremiales y tomando conciencia de la necesidad de la unidad de clase.
Importante es resaltar la conjugación de las acciones de solidaridad que se presentaron para lograr la liberación del profesor, que van desde, en primer orden, la movilización, la cooperación desinteresada de los contingentes y principalmente de los campesinos de Carrizalillo, que cubrieron la exagerada suma de 116 mil pesos para la segunda fianza; hasta la intervención de personalidades como la del Dr. Pablo Sandoval Cruz, el diputado Ramiro Solorio, la ex diputada Rosario Merlín y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández.