Considerada como el máximo tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre sus funciones, se encuentran, defender el orden establecido por la Constitución, mantener el equilibrio entre los poderes y ámbitos de gobierno, emite resoluciones judiciales con el fin de solucionar problemas que competen a la sociedad, imparte justicia a nivel constitucional y no hay quien pueda ejercer recursos legales en contra de sus resoluciones.

Cabe mencionar que los ministros que conforman la SCJN son elegidos mediante una propuesta que el presidente de la república presenta ante la Cámara de Senadores, el procedimiento está hecho de tal forma, que quede el candidato designado por el presidente, pues si los Senadores no resuelven en 30 días, éste, de facto pasa a formar parte de la SCJN, de esta forma, queda demostrado una vez más que el equilibrio de poderes en México no existe.

Con el supuesto fin de equilibrar el accionar de los poderes ejecutivo y legislativo, desde los primeros días de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo en sus manos una serie de casos y controversias que se han dado alrededor de, la Ley Televisa, los abusos en Oaxaca por parte de los gobiernos estatal y federal, en caso de la periodista Lydia Cacho y la agresión del gobernador de Puebla; sin embargo, a pesar de las declaraciones rimbombantes de los magistrados a cerca de que se hará respetar la legalidad en el país, resulta dudoso que realmente esto suceda, pues con tal de preservar sus privilegios, resultan ser los primeros cómplices de los monopolios y los gobiernos estatales y federal.

a) Ley de Medios

Debido a las opiniones que generó la aprobación de la Ley Televisa, la cual beneficiaba claramente a los monopolios Televisa y TV Azteca, la SCJN decidió tomar el asunto en sus manos, por ello comenzó una serie de procedimientos mediante los cuales según ellos, sometían a juicio la Ley de Medios, con el supuesto fin de que el procedimiento fuese transparente, se realizó una serie de reuniones con expertos de la UNAM y el IPN sobre el espectro electromagnético, sin embargo, la tirada no les salió del todo bien, pues algunos de ellos fueron participes de la formulación de la Ley Televisa, por lo que se vieron en la necesidad de abandonar el procedimiento, para seguir dando una imagen de transparencia.

A pesar de las supuestas correcciones y enmiendas a la Ley Televisa, esta de cualquier forma sigue beneficiando solo a las dos grandes televisoras del país, dado que la SCJN se declara incompetente para formular resoluciones en cuanto a las peticiones de que el Congreso de la Unión regule la concesión para las radios comunitarias o para que comunidades indígenas puedan, adquirir, operar y administrar estaciones y canales de radio y televisión, claro, para ellos esto no representaría enormes ganancias por lo que ahora se declaran sin injerencia incluso para hacer valida la legalidad burguesa, esto en el sentido de que el Artículo 2 constitucional, que establece que el Congreso de la Unión debe dar todas las garantías para que las comunidades y pueblos indígenas puedan contar con sus propias estaciones y canales de televisión, lo cierto es que la SCJN defiende la constitución según le convenga a la burguesía y se declara incompetente cuando no conviene a los monopolios se aplique la propia legalidad burguesa.

b) Oaxaca

Para el caso de Oaxaca y las constantes violaciones a los derechos sociales y humanos del pueblo oaxaqueño, la SCJN, resolvió conformar una Comisión especial, con el fin de investigar, lo que ellos llamaron las “probables” violaciones graves a las garantías individuales, esto, bajo la premisa de que no se prejuzgará en base a los hechos ocurridos, es decir, no bastan los testimonios de la brutal represión, los cientos de detenidos y los muertos, pues hay que darle el beneficio de la duda a la Policía Federal Preventiva y a Ulises Ruíz.

c) Mario Marín

En el caso del gobernador de Puebla, Mario Marín, la SCJN iniciará una serie de investigaciones, con la finalidad de esclarecer si Marín violó o no las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho y por su “presunta” responsabilidad en la detención de Cacho, tanto en este caso como en el del gobernador de Oaxaca, la dirigencia del PRI ya ha declarado que estará del lado de sus correligionarios y que confían en la resolución de la SCJN. Al cierre de esta edición, la SCJN aplazaba la revisión del caso de Marín.

En cualquiera de los casos anteriores, no podemos esperar que se haga justicia, ya que la SCJN es, al igual que todos los aparatos del Estado, controlada por la burguesía y sus representantes en el poder. Del otro lado, se puede ver como para el pueblo organizado, sí se aplica la “justicia” y el Estado de Derecho, muestra de ello, son los más de sesenta años de prisión, a los que condenaron a miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, las modificaciones constitucionales al Artículo 139, para poder criminalizar la protesta social, en estos casos la SCJN no vera los “probables delitos”, simplemente se ceñirá a “hacer valer la justicia”.