La iniciativa de la reforma fiscal es una necesidad para el Estado burgués mexicano, resultado del despilfarro de recursos que se han acumulado, tanto por los rescates carretero y bancario, los sueldos exorbitantes de los políticos y los múltiples desvíos de recursos para empresas familiares, como los casos de la familia Sahagún y de la empresa Hildebrando del cuñado del presidente.

La bancarrota a que llegaron las finanzas públicas obliga al gobierno a buscar más recursos para que el Estado pueda cumplir con los objetivos que la oligarquía y los monopolios le están marcando, por ejemplo, emprender la construcción de la infraestructura eléctrica que de abasto a los proyectos del Plan Puebla Panamá, en este terreno se encuentran el fracasado proyecto de “La Parota” en el estado de Guerrero y las nuevas instalaciones eólicas de la Venta en el estado de Oaxaca, entre otras.

Otro caudal por donde se desvían los recursos del Estado es el pago de la deuda externa y sus intereses, sin que por ello los trabajadores del campo y la ciudad vean mejorías en sus condiciones de vida, puesto que la mayoría de los recursos prestados al Estado se quedan en los bolsillos de los banqueros por medio del rescate bancario.

Para cubrir con los gastos del Estado, la iniciativa de la reforma fiscal está pensada para recaudar nuevos recursos sin tocar la ganancias de los grandes monopolios, pero dado la complejidad y la competencia que existe entre estos, la dinámica del más fuerte también se impone, por lo que el gobierno de Calderón encuentra empedrado el camino para la aprobación de la reforma fiscal, un ejemplo de las contradicciones de intereses monopólicos lo encontramos en las declaraciones emanadas de la investigación del banco español Santander, en donde señala que la propuesta del nuevo impuesto llamado Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), que aplicaría una tasa inicial de 16 por ciento a partir de 2008, no afectará a América Móvil (la empresa más importante de la Bolsa Mexicana de Valores) ni a Teléfonos de México propiedad ambas de Carlos Slim, la declaración del Banco Santander va en el sentido de protegerse de impuestos y proteger a otros monopolios como la empresa telefónica española Movistar, que desde luego están en desacuerdo con que la reforma fiscal favorezca a los oligarcas con más capital invertido en México.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo González Sada, protestó a nombre del sector privado, preocupado sobre la aplicación de los nuevos impuestos, ya que las empresas medianas pagaran más que los grandes monopolios y desde luego no quieren ver afectadas sus ganancias, ante este hecho, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, Gustavo Enrique Madero, aseguró a empresarios de la Coparmex que la CETU es susceptible de modificarse para evitar los efectos secundarios que ha manifestado la iniciativa privada en los últimos días, desde luego con la clara intención de calmar los ánimos de esta fracción de la burguesía.

De los hechos que comentamos, salta a la vista que las diferencias entre los propios capitalistas, es una de las razones que tiene atorada la reforma fiscal calderonista en la cámara de diputados, pues mientras los grandes monopolios saldrían beneficiados, las empresas con menos capital tendrían que pagar más que las primeras, y como ya hemos señalado en Vanguardia Proletaria, el Congreso de la Unión está formado por empleados de los capitalistas y obedecen a distintas nominas, no está de más citar a Emilio Gamboa Patrón del PRI y su relación con Kamel Nassif (empresario de la mezclilla) y el gobernador de Puebla Mario Marín, cuando el primero les ofrecía legislar en favor de la ley de apuestas.

Otra contradicción que mantiene sin terreno al régimen es la bancarrota de su intención de cobrar impuestos a alimentos y medicinas, por lo que mañosamente diseñó el mecanismo que sugiere que sean los gobiernos estatales -incluido el GDF-, los que obtengan ingresos fiscales adicionales gravando al consumo. Se facilitarían así las tareas del gobierno federal y facilitarían la imposición de estos gravámenes; es decir, en otras palabras, si no se puede en el ámbito federal, allí donde políticamente se puedan aplicar estos impuestos se apliquen. Para ello, existe un mecanismo de presión en la propuesta federal que limita los recursos a los estados mediante la sustitución de la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal, que utiliza el nivel de población para determinar la cantidad de recursos que recibe cada estado de la república, por la nueva propuesta que incorpora el criterio de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de cada entidad, con el propósito de inducir la competencia entre éstas, premiando con ello la actividad económica estatal y los esfuerzos de recaudación, lo que en la realidad profundizaría la pobreza de estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz frente a estados más industrializados como Jalisco, Monterrey y el Estado de México; los primeros dado que su economía es predominantemente agrícola y turística aportan menos al PIB, éstos recibirán menos recursos, por lo que la tentación de gravar a los alimentos y medicinas de forma regional será la única salida a los problemas presupuestales de los estados menos industrializados y con mayor índice de pobreza, echando por la borda el argumento de la burguesía de que “no se afectará a los más pobres”.

El otro terreno flojo en donde pisa Felipe Calderón y su propuesta fiscal, es en el impuesto de 2% sobre los depósitos en efectivo por 20 mil pesos o más realizados en una cuenta bancaria, bajo el pretexto de grabar a la economía informal, lo que estaría afectando no sólo a pequeños comerciantes, prestadores de servicios y burócratas, sino también a los ahorros que algunas familias proletarias cuidan a lo largo de años de esfuerzos. Algunas consecuencias de esta ultima iniciativa, será el encarecimiento de los productos básicos y las rentas de casas habitación.

Tomando el ejemplo de un pequeño comerciante, digamos dueño de una tienda de abarrotes de las que abundan en los barrios populares, en donde fácilmente se puede acumular una cuenta de 20 mil pesos, el titular de esta cuenta desde luego que buscara reponer a sus bolsillos el impuesto que se va a las arcas del Estado y dado su actividad, la única salida será el incrementar el precio de los productos que al menudeo adquieren las familias proletarias en sus establecimientos. Tomando el segundo ejemplo, en las zonas urbanas del país es una práctica generalizada la renta de cuartos de una misma casa habitación, de vecindades o de edificios enteros de departamentos cuyos dueños también alcanzan fácilmente a acumular por medio de las rentas la cantidad de 20 mil pesos, que en la gran mayoría de los casos depositan en cuentas bancarias, por lo que serian afectados por el nuevo impuesto y en la misma lógica del pequeño burgués, por reponer los recursos perdidos, tiene la posibilidad de compensar ese descuento a los ahorros, la salida es pasarle la factura las familias a las que renta el inmueble, y quién es la capa de la población con mayores carencias de vivienda, sino los proletarios, los que estarían cargando nuevamente con este impuesto a las cuentas bancarias de manera indirecta. Las contradicciones en este rubro, también provienen de las cámaras bancarias que prevén una desbandada de pequeños ahorradores, puesto que este tipo de cuentas representa una gran porción de los capitales que los bancos manejan, lo que nulificaría las intenciones originales de la recaudación de impuestos que es la de grabar las cuentas bancarias superiores a 20 mil pesos y evitar la evasión fiscal.

Dos cosas quedan claras con la intención de la nueva reforma fiscal, una es que los intereses monopólicos dominantes son intocables, aunque con ello se entre en fricciones con otras capas de la burguesía, finalmente el que paga manda, dice la sentencia popular. Y dos, con la intención de sustraer recursos para el Estado, la burguesía busca diferentes mecanismos, tanto de forma regional en los estados, como particular en las cuentas bancarias, y lo central de estas propuestas es que al final de la cadena quien pagará los impuestos son las capas populares y principalmente la clase proletaria del país.

Como se puede observar, la propia lógica del capitalismo crea contradicciones que atañen a diversas capas sociales, reafirmándose con esto el carácter anárquico del sistema capitalista que ya no puede ofrecer salidas en sus propios marcos de la propiedad privada, lo que se traduce en la imposibilidad de resolver sus propios problemas y lo más importante, ya no puede resolver los problemas de millones de trabajadores que en México pasan una dura vida en medio de la pobreza a causa de la rapiña del capitalismo.

El espectáculo que los políticos burgueses actualmente protagonizan no es otra cosa que un mercado de intereses burgueses, en donde lo que menos importa es la vida de los trabajadores, así vemos como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se indulta a pederastas como el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el fascista gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz, a cambio de que el PRI se sume a la reforma fiscal, que como señalamos al principio busca recursos para financiar el propio desarrollo de la oligarquía y el imperialismo.

El aspecto que los comunistas queremos destacar, es que, las consecuencias que la reforma fiscal traerá la tendrán que soportar los trabajadores del campo y la ciudad indudablemente, y que esto es resultado de la propia esencia del sistema capitalista podrido desde sus entrañas, el cual, tendrá que ser sepultado por un nuevo orden social en donde el fin no sean las ganancia de la burguesía, sino la elevación de las condiciones de vida de los trabajadores, esa sociedad es la socialista y tiene a sus constructores en los diferentes espacios de organización de la resistencia popular que en estos días inundan las calles con sus protestas.