La irrupción violenta del ejército mexicano a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sustituyéndolos en el cargo, desarmando a sus elementos bajo el argumento del combate al narcotráfico en Sinaloa era una de las primeras fachadas, con la que, Felipe Calderón, de cara a la población justificaba la militarización y endurecimiento de su política neoliberal.

En contubernio con el gobierno de Sinaloa y los medios de información, se trató de sensibilizar a los sinaloenses para que sintieran necesaria la presencia del ejército, prometieron disminuir la ola de violencia en el estado, más de mil elementos a bordo de 100 unidades terrestres y los refuerzos posteriores dan un total de cerca de 10 mil soldados hasta el momento, estos no hicieron que disminuyan los niveles de violencia, por el contrario esta se ha recargado por parte de los militares en contra de la población, por la sustitución de funciones policiacas de éstos, sólo lograron mantener amedrentada a la población.

En pleno centro de Culiacán es común ver desfilar 10 o 20 tanquetas, como si ahí fueran a descargar la droga, aún con estos actos sigue el tráfico de drogas y la violencia entre los narcos, argumentos por los cuales arribaron más elementos del ejército. Sinaloa es considerado, como el primer productor de enervantes, durante décadas se ha ido desarrollando este jugoso negocio, bajo la cobertura del gobierno estatal y federal, siendo un elemento importante de la economía del estado y recurso eficaz ante las crisis económicas que se desatan en el país; ejemplo y caso reciente, es el del narcotraficante más poderoso de México y de origen sinaloense el “Mayo” Zambada, del que el gobierno estadounidense a través del Departamento del Tesoro ordenó la congelación de sus bienes y de sus socios que se encontraban vinculados a el cartel de Sinaloa, destacando entre esas la Lechería Santa Mónica, principal industria, no sólo de lácteos sino también ganadera del noroeste del país, así como otros bienes congelados que habían sido beneficiados por el gobierno a todos los niveles.

Hasta el momento, la decisión de sacar el ejército a las calles, devino en una serie de vejaciones e incremento a la violación de los derechos humanos, como ejemplo, tenemos, los casos sucedidos en Mazatlán, Sinaloa, donde un general brigadier diplomado del Estado Mayor, de 48 años de edad, acusado del delito de estupro contra una civil menor de 17 años de edad en la unidad habitacional militar número uno y contra el honor militar; otro caso, el levantón que sufrió un periodista de Mazatlán en pleno centro de esa ciudad, y; el caso sucedido el pasado 1 de junio en el camino hacia el poblado de La Joya de los Martínez, rumbo a Ocurahui -situado entre linderos con Chihuahua-, donde en su mayoría, hay caseríos de adobe dispersos en esas alturas de pinares y encinos, fue emboscada una familia de 8 integrantes, la mayoría mujeres y niños, a excepción del que conducía la camioneta en la que viajaban Adán Esparza jefe de familia y de condición campesino, fueron emboscados por elementos del ejército mexicano que habían estado operando en esa zona serrana durante varios días y, en donde por cierto, los pobladores de esa zona habían venido quejándose ante la Comisión de Derechos Humanos del estado por las constantes agresiones por parte de los militares, que en estado de ebriedad solían disparar sus armas e incendiar lomas.
En éste hecho murieron 5 personas y 3 resultaron lesionadas, es una muestra de las consecuencias que está generando la militarización, algo que manifestó el jefe de esa familia, es que no había retenes en el lugar donde fueron baleados, no obstante, no es un hecho aislado, pues estuvo involucrada toda la organización militar, no se explica que los demás convoy hicieran retardar la llegada de los heridos a el hospital, en un lapso de 9 horas causando que en el camino murieran otros 2 miembros de la familia, cosa que propiciaron, indudablemente buscando que no hubiera testigos presenciales; o el hecho de no permitir a la Comisión de Derechos Humanos estatal realizar las pruebas de ley para confirmar el estado narcotizado en el que se encontraban los militares asesinos, de lo cual se presentaron pruebas; o el hecho de que la PGR no realizara las diligencias correspondientes a tiempo dejando pasar días en el lugar de los hechos tratando con toda la intención de que se contaminara y no hubiera pruebas suficientes para condenar el crimen. Lo anterior, demuestra el claro encubrimiento que las instituciones del Estado, realizan bajo el amparo de Calderón, con el objeto de no desatar más el desprestigio del ejército.

Sinaloa, precisamente por el constante jineteo del dinero proveniente del narcotráfico representa algo estratégico en caso de contingencia, y así lo demuestra la serie de visitas constantes y encerronas por parte de altos funcionarios incluido el presidente de la República al estado en los últimos días. Sin duda las contradicciones internas entre fracciones políticas se reflejan a nivel del narco, está claro que este último creció a enormes escalas con la ayuda política, así como hay un reacomodo de las fuerzas políticas a partir de la salida del PRI del poder, existe un reacomodo en el control del narcotráfico, esto no queda exento de la intervención extranjera que se ha venido presentando hacia nuestro país y que se refleja ahora en la exigencia por parte del gobierno yanqui, acerca de que el gobierno mexicano obtenga el control político total en fenómenos determinantes (medios, iglesia, narcotráfico, etc.), como instrumentos de opresión y continuación del sistema.

La fase desarrollada del capitalismo, expresada en monopolios, exige adecuarse a esta época a través de los medios más sofisticados para seguir perpetuándose, más a sabiendas de la algidez en la lucha de clases que viene manifestándose con niveles de organización claros. Ello empieza a representar el principal obstáculo a vencer y para esto buscaran apaciguar las aguas utilizando el aparato coercitivo y represivo expresado en el ejército, pues saben que las corporaciones policiacas han dejado de ser suficientes para detener la protesta e inconformidad; Estado Unidos lo sabe, y no está muy convencido de que Calderón sea capaz de mantener el control, es por eso las presiones por trasladar una versión mexicana del Plan Colombia con el argumento de “ayudar” en la lucha contra el narcotráfico.


Los imperialistas, en contubernio con la burguesía nacional, están dispuestos a costa de sangre y fuego, a defender el sistema que les favorece y los mantiene en un lugar privilegiado, no en vano al arribo de su mandato, Calderón declaró que para hacer frente a la delincuencia y al terrorismo (los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca han sido categorizados como delincuentes y terroristas), la lucha costará tiempo, recursos y por desgracia probablemente hasta vidas humanas, además de decir, que no cederá ninguna plaza pública y mantendrá mano dura, esto en los hechos refleja el combate no al narcotráfico, sino a los brotes de descontento social, en sí al movimiento popular.