Colombia y México han entablado diversas pláticas para emprender una lucha común contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada, el tema toma relevancia, tras la solicitud de Calderón de pedir apoyo internacional en la lucha contra el narcotráfico. En octubre del 2006, Calderón pidió, la ayuda del gobierno colombiano para combatir el narcotráfico en México.

Durante una visita de Fox a Colombia en el 2001, se estableció un convenio entre los gobiernos mexicano y colombiano, que llevaba el nombre de Cooperación Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico, dicho convenio se establecía con el visto bueno del Congreso de los Estados Unidos.

Ya en mayo del 2003 se hablaba de una alianza binacional contra el terrorismo, el narcotráfico y delitos conexos como el tráfico ilícito de armas y el lavado de dinero; el compromiso en ese entonces, consistía en llevar a la práctica la resolución 1373, lanzada por el Consejo de Seguridad de las Naciones, que contempla: "neutralizar las acciones de las personas u organizaciones que participen en la comisión de actos terroristas". Así mismo, se empezaron las discusiones para la realización de una Convención Interamericana contra el Terrorismo.

En diciembre de 2005, con sede en Bogotá, se reunieron, los secretarios de Defensa de México, Colombia, de países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de establecer las bases para la creación del Centro Regional de Coordinación contra el Narcotráfico y sus Delitos Conexos en Centro América, el Caribe y México. Dicho centro estaría conformado de tal forma, que serviría para intercambiar inteligencia e información regional, cooperación operativa, uso compartido de recursos y modernización de equipo y tecnología para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Sí bien es cierto, que existe una necesidad real de combatir la delincuencia y el narcotráfico, no hay una estrategia real por parte de los gobiernos colombiano, mexicano y yanqui, ya que ellos mismos son socios de los grandes narcotraficantes a los cuales protegen, mientras que ocupan el ejército para mantener sometida a la población y evitar luche por sus derechos.

Con el argumento de mantener una América Latina libre de violencia, el gobierno colombiano ha ofrecido al resto de los países del continente, su “amplia experiencia” en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, cabe mencionar que dicha experiencia la ha adquirido a través de la implementación del Plan Colombia.

Una de las estrategias que han utilizado para combatir a la guerrilla colombiana, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, es acusar a la guerrilla de ser cómplice de los narcotraficantes, ya no sólo colombianos, sino ahora también de los carteles de la droga mexicanos. Para ello, Jorge Barón, director antinarcóticos de la Policía colombiana, ha realizado en el mes de abril una serie de reuniones, en las cuales se ha entrevistado con funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la República, para frenar lo que ellos mismos han llamado como “alianza perversa y peligrosa”.

Parte de los objetivos de crear esta alianza entre dependencias de seguridad pública de manera binacional, es crear las medidas judiciales que permitan dar seguimiento a los delitos de manera rápida, con ello, se busca procesar y condenar sin mayor trámite a los delincuentes; es decir, no habrá ninguna traba para encarcelar a quienes ellos consideren culpables, incluyendo luchadores populares y sociales que son frecuentemente ligados al narcotráfico y el terrorismo por parte de las autoridades.

Cabe mencionar que distintas organizaciones de lucha popular, entre ellas las colombianas y las mexicanas, quedaron dentro del catalogó de las llamadas terroristas, desde que el gobierno de los Estados Unidos, tras los ataques del 11 de septiembre, emprendiera la llamada lucha contra el terrorismo, por lo que no es raro que ahora los gobiernos mexicano y colombiano, siguiendo el dictado del imperialismo yanqui, se alíen para mantener bajo férreo control a los pueblos de ambos países, sobre todo en momentos en los que se están implementando con mayor fuerza en América Latina las reformas neoliberales.

Es necesario mencionar que el ejército colombiano, a raíz del Plan Colombia, es comandado por efectivos del ejército yanqui, además de que cuentan son un sinnúmero de asesores que se dedican a labores de espionaje y contrainsurgencia, cosa que tienen el descaro de no esconder, ya que algunos de los reportes de inteligencia que se han realizado sobre la guerrilla colombiana y sus nexos con organizaciones sociales y populares de América Latina, son reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Incluso el ex embajador de Estados Unidos en Colombia de 1994 a 1997, Myles Frechette, ha dicho que durante su periodo como embajador se realizaron labores de inteligencia interviniendo celulares y radios, la información que obtuvieron la enviaron a las autoridades colombianas con el fin de destruir por completo a la guerrilla colombiana.

Hace unos días, el ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Carlos Holguín, denunciaba la infiltración de la guerrilla colombiana en México, a través de lo que llamo organizaciones de izquierda mexicanas, y señaló que para México, resulta peligroso esto, debido a las alianzas que existen entre los guerrilleros colombianos y los narcotraficantes mexicanos, además de que, según sus propias palabras, pueden desestabilizar a al país con sus ideas políticas y sus prácticas terroristas.

Aunado a lo anterior, en las últimas dos semanas, se ha hablado de establecer un plan similar al Plan Colombia en México, mediante el cual el gobierno yanqui, proporcionará todo lo relacionado a entrenamientos policiacos, inteligencia, tecnología y recursos económicos para el combate al narcotráfico, de implantarse dicho plan, los órganos legislativos yanquis, tendrían injerencia en la supervisión del gasto de recursos, así como en la decisión para implementar medidas de lucha contra la delincuencia organizada, lo cual representaría una intervención directa en asuntos de política interna de México, además de un control efectivo sobre el ejército mexicano y corporaciones policiacas, tal y como sucede en Colombia.

Retomando lo anterior, no resulta raro que ahora el gobierno de Calderón pida ayuda al gobierno colombiano para la lucha contra el narcotráfico, ya que, para ellos representaría menos problemas pedir ayuda a los colombianos que a los yanquis, sin embargo, esto resulta ficticio, ya que hoy día, el ejército colombiano es comandado por militares yanquis y el congreso estadounidense es quien dicta la política a seguir en Colombia.

Además, con la vinculación que hacen los gobiernos mexicano, colombiano y yanqui de la guerrilla colombiana, con los narcotraficantes mexicanos, y al mismo tiempo con las organizaciones populares y sociales mexicanas, no resultaría raro que ahora traten mediante esos vínculos de ligar a las organizaciones populares y sociales mexicanas con el narcotráfico y se lance una campaña de persecución contra los luchadores sociales, esto, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, que cada vez adquiere más tinte de lucha contra el pueblo trabajador y sus organizaciones.