Continúan las presiones de los grandes monopolios para que el gobierno mexicano apruebe, cuanto antes, la reforma fiscal. Esto lo hace a través de sus organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo –en voz de su vicepresidente de finanzas y administración, el mexicano Carlos Hurtado– que instó a que se concrete para permitirle a México un “desarrollo sostenible”, al momento que nos habla de las “bondades” de la reforma fiscal.

Prueba de esas presiones es que desde inicios del año, el equipo operativo del secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, trabaja con diputados, senadores, fiscalistas y contadores públicos en el diseño de dicha reforma. Ahora, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Werner, ha anunciado que se está trabajando en el paquete de reforma que pondrá el presidente ante el Congreso; es decir, que se están buscando los maquillajes adecuados bajo los cuales presentarla y no le suceda, a Calderón, lo ocurrido a su antecesor tras el fracaso en impulsar brutamente una impopular iniciativa que se centraba en gravar con el 15 por ciento a alimentos y medicinas.

Aún y presentando la propuesta la próxima semana, si hay consenso en el Congreso, se revisará ésta en un eventual periodo extraordinario de sesiones entre julio y agosto, como menciona el diputado Emilio Gamboa Patrón del PRI; o hasta el próximo periodo ordinario (septiembre) debido a que los procesos electorales de julio y agosto retrasarán la presentación y discusión, como aclaran diputados del Frente Amplio Progresista. Lo cierto es que cada fracción buscará el momento que le es más apropiado para su aprobación; como lo sería para el PRI, al utilizarla para blindarse y evitar que el PAN haga uso de recursos públicos o programas sociales durante las elecciones. De cualquier forma sabemos que –al igual como lo hicieron con la nueva Ley del ISSSTE– buscarán un distractor para desviar la atención e imponer la reforma.

Otra cuestión que es constante en los debates sobre las reformas estructurales, es la búsqueda de la homogenización de la opinión pública a favor de las “virtudes” y “beneficios” de la reforma fiscal. Las voces demagógicas hablan de que “beneficia a la gente que más lo necesita”, simplifica trámites para el pago de impuestos, jala al 50 por ciento de quienes trabajan en el comercio informal, amplía la base de contribuyentes, combatir el impago de impuestos o falta de declaración por parte de los profesionales que trabajan por su cuenta y de las empresas que eluden la obligación, etc.

La reforma que Calderón enviará al Congreso “no considera la eliminación de regímenes fiscales especiales que permiten a los grandes contribuyentes no pagar impuestos, pero sí contempla modificaciones al impuesto especial a la producción y servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas, refrescos, cerveza y tabacos, y también la aplicación de impuestos ecológicos, e inclusive, no se descarta la aplicación de IVA a las colegiaturas”, según revela un amplio análisis de la Secretaría de la Hacienda Pública del “gobierno legítimo”.

Se proyecta reducir el "crédito al salario", medida para concentrar los recursos financieros, lo cual afectará, nuevamente, a los trabajadores ya que aumentará la carga fiscal para la gente de menores ingresos; asimismo, buscará la aplicación de un impuesto al ambulantaje o "comercio informal". Adicionalmente, se pretende aplicar una tasa "única al impuesto sobre la renta" de personas y empresas que podría ubicarse en alrededor de 24 o 25 por ciento, con el pretexto de que sea “pareja para todos”.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR), es un impuesto que se aplica directamente a los ingresos que obtienen las personas físicas y las personas morales (empresas), con base en una "tasa" o "porcentaje" del ingreso que se recibe por alguna actividad lucrativa. Actualmente la "tasa" es progresiva, conforme al ingreso de las personas o empresas, llegando a un máximo de 30 y 28 por ciento respectivamente. Por lo que, la propuesta de "tasa única" es retrógrada; es decir, gravaría con una mayor tasa del impuesto a quien menos tiene y desgravaría o disminuiría la tasa que actualmente pagan los que más tienen.