El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito por Estados Unidos, Canadá y México, que entró en vigor en 1994, éste junto con los demás Tratados de Libre Comercio que el imperialismo gringo ha suscrito con otros países de América, son un instrumento, mediante el cual, los monopolios y el gobierno estadounidense pretenden constituir un bloque hemisférico a su servicio.

Esa era la intención general para la suscripción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), estos instrumentos, así como otras medidas son la forma que toma la expansión del imperialismo, en este caso el imperialismo estadounidense, en su necesidad de mantener la máxima ganancia de su oligarquía financiera y monopolios.

El TLCAN, así como el resto de los Tratados de Libre Comercio implica no sólo la supuesta desaparición de barreras al flujo de bienes y servicios a través de las fronteras de los países, implican también acuerdos para liberalizar la entrada de capitales, lo que introduce relaciones económicas cualitativamente diferentes a las del simple intercambio de mercancías.

Recordemos que en la década de los ochenta y todavía al principio de los noventa, los Estados Unidos, como parte de la crisis general, registraban enormes excedentes de producción de granos y otros productos del campo, que habían sido producidos con grandes subsidios del gobierno gringo. Además, ese país también presentaba elevados déficits en sus balanzas comerciales y fiscales, he aquí la razón fundamental de su posterior estrategia que enumeraremos en lo general: Con la entrada de México al GATT (Acuerdo General de Comercio y Aranceles, por sus siglas en inglés), hoy Organización Mundial de Comercio, en el año de 1986, se sientan las bases formales de la política imperialista implementada en el campo por el gobierno Mexicano.

No obstante, ésta última, se empezó a expresar de una forma más estructurada, como toda una estrategia, con las exigencias que en 1987 el Banco Mundial (BM) impuso al gobierno mexicano como condición para el préstamo de 300 millones de dólares, dinero que supuestamente sería para modernizar el sector agropecuario mexicano. En esencia, dichas exigencias preparaban el camino al TLCAN y particularmente su capítulo agropecuario para con México.

Las exigencias del Banco Mundial para dar el préstamo a México fueron: el desmantelamiento del sistema de precios de garantía, que en ese entonces agrupaba a 12 cultivos básicos; también pedía que se aumentasen los precios del fertilizante producido en México, que estaba considerado entre los más baratos del mundo y que se elaboraba en una empresa paraestatal, elevar el precio del agua para riego de tierras agrícolas y de la electricidad para las bombas destinadas a éste último. Que se pusiese en venta a un gran número de empresas estatales relacionadas con el campo, y que se despidiese a un amplio contingente de trabajadores de la Secretaría de Agricultura y por último se atrevieron a ordenar que se eliminara el sistema de tortibonos, o cupones, orientado a asistir a las familias de pobres que consumían tortillas de maíz.

El argumento central que en ese entonces daba el BM, era que la intervención del Estado mexicano en los mercados agrícolas, distorsionaba el libre encuentro de la oferta y la demanda y, por lo tanto, la libre fijación de los precios de los productos agrícolas.

Como se puede ver, el TLCAN y en especifico su capítulo agropecuario, en México significó el fin de una fase de desarrollo de la acumulación capitalista en el campo mexicano, para darle paso a otra, la fase de acumulación capitalista en el campo bajo la plena dirección y dominio de los monopolios, en interés de la oligarquía financiera y el imperialismo.

El desarrollo de la fase imperialista en el campo, ha tenido las siguientes implicaciones: la desarticulación de prácticamente todas las cadenas de producción-comercialización-transformación-consumo final, de bienes del campo, en prejuicio de los campesinos medios y pobres (en total ruina), y en beneficio de los monopolios agroindustriales y agropecuarios. Los grandes monopolios trasnacionales como: Cargill, Archer Daniels Midland, Nestlé, Monsanto, Novartis, Aventis; así como algunas empresas mexicanas: Minsa, Maseca, Tablex, Bimbo, Moltrin, Munsa, Arancia, Almex y las grandes compañías de refrescos embotellados establecidas en el país, han sido algunas, entre otras, de las beneficiadas con esa rearticulación.

El Estado mexicano ha funcionado como agente directo de los monopolios para la aplicación a raja tabla de todas las medidas tendientes a esto, así se explica la férrea oposición del Estado mexicano a la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, ya no digamos su cancelación. Todo el aparato estatal está sólo al servicio de los monopolios, de la oligarquía financiera y el imperialismo; el campo no es la excepción.

La apertura de las fronteras de México al maíz, leche, fríjol y azúcar -en 2008-, para cumplir con lo estipulado en el capítulo agropecuario del TLCAN, significa el punto más álgido de la política agropecuaria imperialista en el campo mexicano. Significa también la posibilidad de enfrentarse de manera abierta con su contrario: con los millones de campesinos pobres y medios, plantea a los proletarios de hacer causa común con ellos, contra el imperialismo.