Cuando los gobiernos quieren privatizar una institución o una empresa pública, su primer afán es pretender demostrar que es lo mejor para el pueblo. Nos quieren hacer creer que: es tan ineficiente su desempeño que no vale la pena el que sea de la nación, por lo que la privatización es un mal necesario a fin de lograr un mejor funcionamiento; que una vez que dicha empresa o institución deje de estar en manos de la burocracia, mejorará su funcionamiento. Inclusive, ventilan problemas de corrupción para justificarla.

Esta ha sido la forma de todas las privatizaciones o desmantelamiento de las propiedades del Estado, no es una excepción lo que ocurre con las instituciones de seguridad social, como es el caso del ISSSTE.

Se sabe, desde hace varios años, que el presupuesto -de manera deliberada- es insuficiente para el ISSSTE; por ello, ahora Calderón asegura que en los próximos 90 días se resolverá el rezago en la atención médica que existe.

Durante años han sido insuficientes los servicios del ISSSTE para atender la salud de los trabajadores del Estado, pero nunca le ha importando al gobierno, ya que finalmente a los grandes burócratas, nuestros impuestos le pagan seguros de gastos médicos mayores en instituciones privadas de salud, de tal forma que ellos no son usuarios de estos servicios deficientes de atención médica. Y podía haber seguido siendo así, de no ser por el gran negocio que resultará a corto plazo administrar los fondos para el retiro de los 3 millones 300 mil trabajadores.

El principal objetivo de la nueva Ley del ISSSTE, más que una urgencia presupuestaria, responde a la intención del gobierno de desmantelar la seguridad social en nuestro país. La seguridad social es y ha sido durante mucho tiempo una conquista irrenunciable para los trabajadores, que debía asegurar para todos: el acceso a la vivienda, los préstamos administrativos, la promoción de la salud y la atención de las enfermedades, el derecho a una vejez digna después de una vida de trabajo, actividades recreativas y deportivas.

La promesa de que el gobierno aumente sus aportaciones a los fondos del ISSSTE, será a cambio de más años de trabajo de hombres y mujeres, de mayores aportaciones económicas del trabajador. Fraccionar en cuentas individuales los recursos para la seguridad social dará menor rendimiento al trabajador por su dinero ahorrado.

De acuerdo a lo aprobado en la nueva Ley, se jactan de que hasta los trabajadores contratados como eventuales o pagados por honorarios, podrán hacer uso de las prestaciones del ISSSTE. Para el gobierno y la burguesía, no ha sido suficiente disminuir el monto de los salarios, ahora es a través del desmantelamiento de la seguridad social, como aspiran a incrementar sus ganancias.

Frente al espejismo creado a la nueva Ley, hoy el gobierno Calderón, sólo ha dispuesto una ridícula cantidad de dinero para mejorar los servicios del ISSSTE, es más que demagogia afirmar que en 90 días resolverá el rezago de atención médica, si como institución no se tiene la capacidad instalada de atender dignamente a todos los derechohabientes. Detener esta política, involucra no sólo a los trabajadores y derechohabientes del ISSSTE sino a todo el pueblo, por lo que debemos redoblar nuestro esfuerzo por detenerla.