En los últimos días las movilizaciones contra la nueva ley del ISSSTE aclararon que, las condiciones para un más amplio desarrollo del la lucha de clases están dadas a lo largo del país, se realizaron marchas y mítines en la Ciudad de México y en varios estados, como Oaxaca, Michoacán, Morelos, Jalisco, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Aguascalientes, Tlaxcala, Veracruz y Baja California, también hubo suspensión de labores, cierre de carreteras, oficinas públicas y de casetas de cobro.

La respuesta de los trabajadores continúa y dentro de las diversas acciones en que se ha expresado, desde los amparos masivos y toma de instalaciones, se acrecienta una conciencia de rompimiento con el régimen capitalista.

La respuesta que está dando el conjunto del Estado es minimizar la lucha y endurecer la posición del carácter irreversible de la reforma, así lo declaró Miguel Ángel Yunes, que "no se le cambiará ni una coma" al texto de las reformas, en el mismo sentido el secretario de Gobernación, asintió que sólo “ofrecerá explicaciones y aclaraciones” sobre los beneficios de las reformas, es decir, que las demandas de los trabajadores afectados con dicha Ley no serán resueltas.

Una vez consumada la reforma, el Estado sólo se está preocupando por desactivar las protestas, está manteniendo una política de oídos sordos con la intención de alargar el conflicto y debilitarlo, por varios caminos busca desarticular, en negociaciones regionales, por concepto de prestaciones a la secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con la intención de fragmentar la capacidad de lucha unificada que se ha mantenido en estas jornadas; por otro lado la tendencia represiva se mantiene en constante acoso de movimiento de masas con la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) contra el campamento de la CNTE, y las declaraciones del senador panista Gustavo Madero, en el sentido de delimitar a formas jurídicas de los amparos a las protestas, argumentando que una vez que se optó por este medio, la movilizaciones no proceden y en consecuencia, si no tienen legitimidad deben ser reprimidas.

En medio de este panorama nacional, la estrategia de la militarización y el terrorismo de Estado siguen dejando evidencias en todo el país, en días pasados el asesinato de una familia a manos del ejército en Sinaloa, por pasarse un retén, nuevamente evidenció la brutalidad con que se conducen las fuerzas armadas con la población civil. Por si fuera poco, en el Distrito Federal se operó toda una provocación que consistió en la colocación de mantas con mensajes a la banda de pistoleros conocidos como “los zetas”; también se encontraron artefactos aparentemente explosivos en las estaciones del metro Copilco y Miguel Ángel de Quevedo; pero lo que despertó más alarma fue el abandono de tres cadáveres en la colonia Ampliación Granjas San Antonio, delegación Iztapalapa, que estaban envueltos en cobijas, amarrados con cinta canela y un letrero que explicaba “por secuestradores, asesinos y rateros”, cabe destacar que los culpables por supuesto no se consideran ni asesinos, ni secuestradores, ni rateros y si se pone un poco de atención en el color verde olivo de las cobijas iguales en donde venían envueltos se pueden encontrar pistas, más aún si las comparamos con las que utiliza la tropa del ejército.

Este criminal montaje responde a las intenciones de que el ejército también patrulle la Ciudad de México, consolidando así el despliegue de tropas por todo el país y apostando los retenes en el centro político, y en el escenario principal en donde se desarrollan las protestas populares actualmente con la intención de amedrentar la movilización social.

Otro elemento que se suma a esta política, es la licitación del espionaje telefónico y por medio de correos electrónicos sin la autorización solicita de un juez, esta práctica ya se desarrollaba con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), pero ahora se pretende generalizar con la participación de la Procuraduría General de la República, PFP y la Agencia Federal de Investigación, lo que consolida los rasgos fascistas que esta tomando el Estado mexicano.

En otro frente en el que la oligarquía está trabajando, es en la afirmación del poder político de Felipe Calderón, dado que su ilegitimidad y la inestabilidad con que venia desenvolviéndose ponía en riesgo la continuidad de la política de reformas estructurales, en esta ruta se inscribe la imposición de la dirección calderonista en el PAN, la visita al Vaticano y la cobertura de organizaciones de derecha europeas las cuales ya reconocieron su “calidad como un presidente conservador y liberal” que estará dispuesto a imponer los intereses de los imperialistas. El objetivo que la oligarquía esta persiguiendo, es la centralización del poder en manos de un ejecutivo capaz de maniobrar políticamente en situaciones adversas, sin verse presionado por otros grupos de poder como “el Yunque” por lo que el respaldo del PAN en conjunto es necesario para estabilizar al gobierno de Calderón.

En este frente de la oligarquía se acomodaron los gobernadores de los estados, pues para ellos que la federación sea la protagónica de la seguridad nacional les permite desfalcar el presupuesto, argumentando la utilización de los recursos en el combate al narcotráfico.

La lógica que ésta siguiendo el régimen se perfila claramente a distanciarse de las soluciones de las demandas de los trabajadores y muestra su clara decisión de consumar el programa del neoliberalismo y en este sentido está dirigiendo sus esfuerzos para consolidar su frente contra las resistencias de los trabajadores.