La oligarquía y su gobierno centraron su postura de consolidación en torno a la política antinarcóticos, más como una cuestión de legitimación que como verdadera lucha frente al hampa y sus secuelas en la vida social y económica del país, pero los hechos van dejando un saldo negativo tanto en uno como en otro aspecto.

En primer lugar, el principio con el cual fueron ensamblando su combate al narcotráfico ubicó una escalada militar en términos cuantitativos, es decir, en una mayor presencia del ejército y policías en el territorio nacional, como principal premisa para controlar y luego erradicar la venta de drogas en México, congratulándose con la disposición de las fuerzas armadas ante las posibles protestas que desde los primeros días del calderonismo sostienen una persistente lucha.

Calderón y los monopolios se habían fijado la tarea de desatar una escalada militar que permitiría enfrentar una de las lacras del capitalismo, al tiempo que según sus razonamientos les llevaría a acallar cualquier descontento sentando presencia a la acción contrainsurgente del ejército, que si bien en un momento sembraron el temor de los trabajadores, pronto cayó en el descrédito e impotencia, pues los resultados tenían que verse con urgencia, máxime hablando de un régimen impuesto y sin consensos.

La tarea antinarcóticos quedó empequeñecida frente a la naturaleza del problema, mismo que se han esmerado en ocultar, pues los “buenos propósitos” no tienen punto de apoyo firme, se trata de un sistema internacional de operaciones del narco, dirigidas por poderosos monopolios (carteles colombianos, mexicanos, norteamericanos, monopolios y bancos de nivel internacional), una economía que mueve ingentes recursos financieros con estructuras internacionales arraigadas con fuerza a partir del desmantelamiento del llamado Estado de bienestar y las reformas salinistas.

Así pues, al final los personeros del régimen se fijaron una nueva meta de cara al fenómeno, la de abocarse a agredir a bandas menores, controlar a los más violentos y permitir que los poderosos sigan haciendo el negocio.

El tráfico de influencias, la corrupción y cooptación de mandos policiacos, políticos de partidos, gobernadores y demás instituciones estatales, es uno más de los fenómenos conocidos como narco-política en los que el régimen ya ni siquiera se preocupa por fijar alguna posición más allá de dedicarse a adoctrinamientos morales, pues se sabe atado en esos esquemas, cuenta de entre sus subsidiarios, desde los tiempos de Fox, a los principales grupos de narcotraficantes de nuestro país.

Ahora, la violencia se convierte en la norma, a la del narco se agrega la de los militares y policías contra el pueblo y en los combates contra el narcotráfico provocando mayores problemas de los que se suponía resolvería, agregando nuevas cargas que llevan a nuevos contingentes a diseñar consignas a propósito de la actuación del ejército, pues su injerencia en la vida del pueblo mantiene las viejas bases agresoras.

La espiral la han de continuar a fuerza de impulsar toques de queda contra la población, suspender las garantías individuales y olvidando el objetivo originalmente declarado para actuar abiertamente y sin tapujos contra la marcha del movimiento de masas, ya que el ejército, está controlado en un grado en que solo es una máquina en cumplimiento de órdenes “desde arriba”.

Es ahora una norma que las policías y ejército aparezcan en cualquier punto donde se tenga conocimiento, se crea o se espere un acontecimiento relevante de la lucha popular, aparentemente salvaguardando las vías públicas y las plazas, pero en los hechos actuando por fuera de las leyes, violando el derecho a la protesta, el derecho a usar los espacios públicos.

Los fascistas desean afirmar un entusiasmo reaccionario en la tropa, esperan que en cualquier momento la aglomeración de militares propicie connatos en los que se den lecciones contra el pueblo, se brinden oportunidades para amedrentar y ya nada pueda detener o señalar el fracaso a que están llegando. En esas condiciones persisten en sistematizar la violencia oficial, articulan nuevos lazos entre sus distintos institutos represivos, coordinan combates y redistribuyen las operaciones antipopulares al tiempo que enfrentan al soldado impotente, oprimido por los altos mandos y bajo constantes amenazas, a la acción de fuerzas de elite equipadas y preparadas en su seno, pero bajo la paga de los narcos.