"Hay mucho interés en aumentar los flujos de inversión en servicios financieros, de ciencia y tecnología y servicios ambientales como tratamiento de agua o nuevas tecnologías para su transporte”: dijo el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard, en la Cumbre de Grandes Ciudades sobre Cambio Climático –realizada en Nueva York-, al referirse a la captación de la inversión extranjera en la Ciudad de México.

Al igual que lo están haciendo, a nivel federal, con las reformas estructurales –ir modificando pequeñas clausulas, artículos “secundarios”, etc., a la par de ir aplicando distractores, para en la práctica facilitar dichas reformas-, el GDF propicia desde hace ya varios años el avance de las políticas neoliberales, delegando funciones propias a empresas privadas.

Así, encontramos un doble discurso, por un lado, lanzan consignas de “buena voluntad” contra la privatización de Pemex, Luz y Fuerza del Centro, y la Comisión Federal de Electricidad, así como la defensa del patrimonio nacional (como el agua, la luz, el petróleo), y; por otro lado, hacen convenios con empresas privadas para delegar sus funciones, entregándoles en “charola de plata” cuantiosas ganancias.

Veamos algunos de los ejemplos, en diversos sectores del GDF, donde se marca esta tendencia privatizadora:

Servicios de Agua. Veolia, una de las dos principales empresas francesas del sector agua y de gran influencia a nivel mundial- tiene un contrato con el Distrito Federal (DF), para la gestión de servicios comerciales y obras de rehabilitación en las redes; atiende a 2.4 millones de usuarios. Suez, otra empresa francesa- también tiene presencia en el DF, en el área comercial, rubro que abarca: la facturación del servicio, la conexión del líquido, la lectura de medidores y cobranza, además de que se hacen obras de mejora en las redes de agua potable y renovaciones de cañerías; ésta empresa participa en el DF por medio de la empresa Lacmex, y factura un millón de usuarios.

Finanzas de la Ciudad. Nos encontramos, de unos años a la fecha, con que los servicios de cobranzas a contribuyentes en el DF –como el predial, el suministro de agua, corralones, licencias, registro civil, etc.- se pueden realizar en bancos y establecimientos comerciales. Esta situación testifica que el GDF da libre arbitrio a ciertas empresas para jinetear y controlar a su interés parte del erario público del DF, antes de que éste llegue a la Secretaría de Finanzas del DF.

El GDF contrata asesoría financiera de empresas internacionales como Fitch, Moody's y Standard and Poor's, privilegiando al sector privado sobre el público –como las universidades públicas- para este rubro; “debemos tener de nuestro lado a las empresas más profesionales que nos ayuden a optimizar nuestro manejo financiero y que el mercado así lo reconozca”: afirma Mario Delgado (encargado del erario público del DF), por eso se firmó el contrato con Protego (empresa de consultoría financiera, fundada por Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari), de marzo a diciembre, por 100 mil pesos mensuales.

Seguridad pública. La Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF) ha establecido una serie de acuerdos con diversas empresas privadas de seguridad, con el objetivo de “hacer eficiente el combate al hampa”, entre ellos con la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), Carmart -operadora de Lo Jack en México, y Security Services (ADT)-, para mejorar la atención de alarmas contra robo de vehículos particulares y de carga, y atender emergencias en domicilios. La SSP-DF argumenta que debido a los buenos resultados de este tipo de convenios -¿se referirán a la expropiación de predios como La Ford o La Fortaleza?-, se han ampliado en algunos casos, como el suscrito con Lo Jack, que ha incrementado la aportación de equipo para la detección de autos robados. Claro, sus operativos nunca han afectado, en lo mínimo, los intereses de la élite del narco y del hampa.

Tercerización. El GDF ha venido implementando políticas laborales, con su personal de base, precarias. Además de negar plazas, contratando sólo personal eventual, éste proviene de empresas privadas que se dedican a la contratación de personal (subcontratación) para ofrecer sus servicios a otras empresas que así lo requieran, negando con esto la posibilidad de contar con un sindicato –sólo que sea patronal o de protección-; así mismo, se fomenta la competencia, no sólo entre los eventuales para conseguir la “planta”, sino entre éstos y los trabajadores sindicalizados, por las diferentes condiciones laborales en las que se encuentran. Entonces, a parte de imponer políticas flexibles de contratación, se fomenta la creación de empresas “fantasma” que viven de exprimir al máximo la fuerza de trabajo.

El GDF ha impuesto políticas neoliberales que pasan a contra luz, aún presentándose como un gobierno de alternativa al neoliberalismo, defensor del “Estado del bienestar”. Estas concesiones, aunque parezcan mínimas, preparan el campo para la implementación de las reformas estructurales y para la legalización de prácticas –perjudiciales para los trabajadores-, que en las legislaciones actuales son ilegales, pero en la práctica se han venido desarrollando, como la flexibilización, la precarización y la subcontratación laborales.