Los recientes acontecimientos en el estado de Michoacán en donde el ejército incursionó de manera aplastante, con tanquetas y bazucas reafirmaron la gravedad del proceso de militarización en México, las funciones de uno de los poderes del Estado burgués (el judicial), fue suplantado de facto por Ejército.
La brutalidad de las escenas en donde la artillería se utilizó en una colonia popular altamente poblada, y el asesinato de los presuntos narcotraficantes sin intentar capturarlos, provocó reacciones de alarma en la población, al grado que en las altas esferas del Estado se cuestione por ésta y otras razones la actuación militar.

Nuevamente el trabajo sucio le tocó realizarlo a José Luis Soberanes, titular de la desprestigiada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual recomendó que el ejército regrese a los cuarteles y las operaciones contra el narcotráfico sean asumidas por la policía.

La llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón con el objetivo de mostrar la nueva cara represora del régimen, ha pasado por una serie de fracasos que iniciaron con la escasa captura de los cabecillas del narco, posteriormente el ajusticiamiento de policías y militares pone en tela de juicio la eficacia de ejército frente a las mafias armadas del país; sin embargo, lo que ha despertado más el odio de la población es la impunidad de que gozan los militares involucrados en la violación y asesinato de la señora Ernestina Ascensión en Veracruz y las recientes denuncias de otras cinco mujeres violadas por el ejército en el estado de Michoacán.

El precio de sacar a las hordas militares a asuntos judiciales le está costando más caro al régimen de lo que se esperaba, dado que existe una tendencia a limitar el uso del ejército por parte de los partidos burgueses de oposición, pero sobre todo por el odio sembrado en las masas proletarias que no se han amedrentado ante los mensajes fascistas del régimen como fue la aprobación al Artículo 139 del Código Penal federal que criminaliza la protesta social, prueba de ello son las exitosas jornadas de lucha de mayo en contra de la reforma a la ley del ISSSTE.

Tomando como referencia las últimas acciones de las fuerzas armadas, podemos encontrar evidencias de lo que se manifiesta tan sólo como la punta del iceberg, de la nueva política de la oligarquía y el imperialismo.

Los actuales conductores del régimen son, principalmente, los grandes empresarios beneficiados con las políticas de privatización de los últimos 20 años, los multimillonarios de los sectores específicos: minería (Germán Larrea y Alberto Bailleres), banca (90 por ciento trasnacional), telecomunicaciones (Carlos Slim), cemento (Lorenzo Zambrano), farmacéutica (Isaac Saba) y televisión (Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego), el pan industrializado (la familia Servitje), avícola (Robinson Bours), vidriero (Sada González), por citar algunos.

De la misma manera los intereses de las empresas trasnacionales se entrelazan con la política de privatización del régimen Halliburton, Monsanto, Repsol, HSBC, CITIBANK, entre otras. Estas empresas son las interesadas en las reformas estructurales, pues les permitiría poner sus capitales en funcionamiento en ramas que todavía tienen cierta protección como la energía, el petróleo y la industria agropecuaria.

Este amalgamamiento de intereses es resultado de años de dependencia de la burguesía mexicana respecto al mercado norteamericano que da salida a sus mercancías y también es consumidor del petróleo nacional, lo que permite al Estado tener una fuente de financiamiento que se traduce en capital para empresas beneficiadas por el Estado como Hildebrando y los hijos de Martha Sahagún entre otras, el imperialismo negocia con esta dependencia a cambio de contar con facilidades para sus capitales, situación que emparenta a la oligarquía con el imperialismo.

Estas dos fracciones de la burguesía (principalmente), son las más interesadas en que el actual modelo del capitalismo siga su curso en nuestro país y para ello es necesario que el Estado refuerce su dominio sobre los trabajadores de México, pues no sólo se juegan las ganancias inmediatas, sino toda una visión hemisférica del imperialismo cristalizada, en el Plan Puebla Panamá.

Los estragos que las privatizaciones han causado entre la población, originan que en el país se viva una creciente crisis política de la cual resaltan, la ilegitimidad del gobierno de Calderón, que provocó una sacudida a la estabilidad del régimen durante la resistencia al fraude, que fue controlada por la socialdemocracia encabezada por López Obrador, la inconsistencia del régimen en estados como Oaxaca y Michoacán, sumados a la agitación que a nivel nacional causó la aprobación a la ley del ISSSTE.

Esta crisis política, y los actuales vacios de poder que se están evidenciando con el fracaso militar son considerados por la oligarquía, que busca el consenso con las otras facciones burguesas para impulsar una reforma del Estado que de sustento jurídico a los nuevos métodos represivos que se usarán para mantener la privilegiada acumulación capitalista en México.

Esta reforma del Estado busca desvanecer por completo los últimos rasgos de la participación del Estado en la economía y en la planificación social como, educación seguridad social y protección al empleo, para dejar en manos del mercado y con ello de los monopolios la totalidad del manejo social.

En medio de estas disputas, los otros sectores que pugnan por la reforma del Estado como el PRI, el PRD y demás partidos burgueses sólo buscan reconstruir un modelo que les permita seguir existiendo como parásitos de las finanzas públicas sin trastocar los principios capitalistas.

Con el avance de las posiciones de derecha en el congreso y el senado existe el riesgo de que se amplíe mediante nuevas reformas o mediante la reforma del Estado, el marco jurídico de la participación militar en asuntos civiles, que en los hechos ya avanzó con el Artículo 139.

Esta primera etapa, del gobierno de Calderón, deja rastros de los planes neocoloniales que serán defendidos por el ejército, por lo cual están buscando mejorar las condiciones para controlar mediante el miedo a los trabajadores.

Esta tendencia a sostener al régimen de las bayonetas, es un síntoma de cómo la oligarquía y el imperialismo están luchando desesperados ante el nulo consenso con los trabajadores, que actualmente tienen un gran radio de acción para poder desplazar al capital, mediante un frente amplio de trabajadores de la ciudad y el campo.