La terrible situación de los presos sentenciados y procesados en México, tanto del fuero común, como del fuero federal, evidencian el carácter clasista y opresor del régimen burgués mexicano contra el proletariado y el pueblo, es una manifestación palpable de cómo el Estado mexicano y sus instituciones no respetan ni siquiera su propia legalidad burguesa.

Tanto el poder judicial como el poder ejecutivo se han encargado, el primero de llenar las cárceles con gente inocente, de extracción trabajadora, y el segundo de mantenerlos en las cárceles en condiciones terribles. Para confirmar lo anterior tenemos los datos que nos brinda el informe de Amnistía Internacional titulado “México, Leyes sin justicia: Violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública, 2007”, sólo el titulo lo dice todo, es también revelador el “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 2004”, otro tanto para completar el terrible cuadro nos lo aportan los investigadores Elena Azaola y Marcelo Bergman en su estudio “De mal en peor las condiciones de vida en las cárceles mexicanas (Revista Nueva Sociedad No. 208, marzo-abril 2007).

Así, tenemos que Amnistía Internacional (AI) se “horroriza” que en México existan leyes en materia penal que no necesariamente buscan la justicia, y que es altamente probable que una gran mayoría de presos sentenciados sean inocentes, es decir, con tal de cumplir con sus metas de supuesto combate a la delincuencia, el Poder Judicial en México sentencia a gente inocente, AI también documenta las graves violaciones a los derechos humanos y a la legalidad burguesa que comete el Poder Judicial tanto federal, como del fuero común en los procesos de los presos sentenciados y procesados.

Dicho informe fue presentado antes de la sentencia de 67 años contra Ignacio del Valle y otros dos dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. El diagnostico del alto comisionado de las Naciones Unidas en su apartado sobre los derechos civiles caracteriza así la situación de los presos: En los reclusorios, “subsiste en gran medida el hacinamiento, la corrupción, los castigos ilegales, la falta de fuentes de trabajo, las condiciones de vida infrahumanas (en materia de comida, alojamiento, servicios mínimos, como agua, atención médica); la violencia y la falta de trabajo, estudio y capacitación. Especialmente dura e indigna resulta la vida de las mujeres en reclusión. Esta situación se reproduce a lo largo del país y es corroborada por los informes de la mayoría de las comisiones estatales de derechos humanos”.

Por su parte, los investigadores especialistas en el tema Elena Azaola y Marcelo Bergman, mediante dos encuestas efectuadas en 2002 y 2006 en prisiones, nos permiten visualizar la terrible situación de los presos en México, los datos obtenidos en dicha investigación, nos dan el siguiente cuadro, tan sólo de un cuarto de millón de presos: hacinamiento, falta de atención médica cuando se requiere, y la necesidad de pedir a los familiares alimentación complementaria. Los datos duros: 26% de los internos no dispone de suficiente agua para beber; 63% considera que los alimentos que les proporcionan son insuficientes; 27% señaló que no recibe atención médica cuando la requiere; además, sólo 23% dijo que la institución le proporciona los medicamentos que necesita; un tercio de los presos opinan que el trato que reciben sus familiares cuando los visitan es "malo" o "muy malo"; 72% dijo que se siente menos seguro en la prisión que en el lugar en donde vivía antes; y 57% dijo desconocer el reglamento del centro penitenciario. Otro dato destacado de esta investigación, es que en los últimos diez años ha habido un incremento sin precedentes de la población en prisión.

Otro elemento del carácter de clase que tiene la situación de los presos en México, es que la gran mayoría de los presos son gente de escasos recursos, provenientes de la clase obrera, de los campesinos pobres, de los indígenas y desempleados. Según lo reportado en los informes presidenciales, en julio de 2003 la población penitenciaria era de 183,547 personas privadas de su libertad, de las cuales 77,651 estaban bajo proceso y 105,896 eran sentenciadas (6.25% mas que en 2002). Del total de las y los internos, 27.23% corresponde al fuero federal y el resto al fuero común. De ese total mas del 90% son gentes de escasos recursos cuya culpabilidad está en duda y otros son notoriamente inocentes (miles por problemas agrarios, por dificultades financieras, por conflictos con el patrón o por tratarse de presos políticos, encerrados en las cárceles del régimen al luchar por mejores condiciones de vida y trabajo).

Queda claro que ante la situación que vive el capitalismo en México, se eleva los índices de delincuencia, sobre todo de delitos como el robo; el régimen busca llenar las cárceles con el proletariado y masas populares no importando la forma, ni sus leyes, por lo que es urgente, la lucha contra la criminalización de la pobreza, contra la violación a las libertades democráticas y, en general.