En México la clase obrera y los trabajadores asalariados venimos enfrentando una terrible situación de miseria, explotación, desempleo, corporativismo, represión, militarismo, que vienen reduciendo nuestro nivel de vida y nuestros derechos laborales y sindicales, esencialmente a partir de la consolidación de la corriente fascista del Yunque-PAN en el poder del Estado, y la puesta en marcha de la aceleración de las etapas de sus planes de saqueo promovidos por el imperialismo.
En esta situación, la política sindical del régimen fascista, necesita ser discutida de forma concienzuda por los activistas, corrientes sindicales, grupos de trabajadores y los sindicatos democráticos e independientes, engarzando el análisis de las demandas más apremiantes de nuestra clase y nuestras tareas en el actual movimiento de masas.
Con el arribo de Calderón, de forma ilegitima a la Presidencia de la República, el anuncio de cómo quedaría estructurado el nuevo gabinete con Javier Lozano Alarcón, como nuevo Secretario del Trabajo, inmediatamente los trabajadores advertimos el nuevo escenario económico y laboral al cual tendríamos que enfrentarnos, pues conocíamos su historia, de haber estado al frente de la Dirección de Autorización y Control de Crédito Externo Privado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y coordinador de Asesores del Subsecretario de Normatividad y Control Presupuestal durante el sexenio de Ernesto Zedillo, junto con el cual, diseño los primeros programas de ahorro para el retiro de los trabajadores, lo que trajo consigo la pérdida de la jubilación y pensión de los trabajadores del Apartado “A”, con la evasión de la patronal y el Estado hacia esta obligación suya y la entrega del dinero de los trabajadores a la banca privada, tal como hoy lo pretenden con la reforma impuesta a la Ley del ISSSTE contra los trabajadores del Apartado “B”.
Los hechos no mienten, esta situación viene a confirmar de forma tajante a que clase sirven estos personajes. Aunado a lo anterior, el 2007 trajo consigo la noticia amarga, para los explotados y nuestra familias, de la contención salarial del 3.9% dictada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en contraste con el aumento salarial del 49% a los militares.
No existe interés por parte de la patronal para reconocer el derecho al salario remunerado, suficiente para garantizar la alimentación, vestido, vivienda, educación, salud y desarrollo integral del trabajador y su familia; lo que le importa –a la patronal- es mantener la máxima extracción de ganancias a costa del sudor y sangre del obrero, asegurándose la reproducción de la mano de obra barata, cancelando toda oportunidad a los hijos de éstos y entregándolos en las garras de la explotación fabril. Además de esta situación, la oligarquía implementa la especulación económica con el alza de precios en los productos de primera necesidad, condenando a mayor hambre y carencias al pueblo trabajador.
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