Las organizaciones de los trabajadores y el movimiento obrero-popular, se enfrentan a una política laboral por parte del Estado que consiste primordialmente en implementar las medidas necesarias que le permitan incrementar la explotación y por ende sus ganancias.

La aprobación por parte del Congreso de la Unión de las recientes reformas a la Ley del ISSSTE, y el consentimiento y la tibieza de la gran mayoría de las organizaciones sindicales, son un preámbulo de lo que el gobierno espera con una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sin duda el control corporativo sea del charrismo mas recalcitrante, del neocharrismo o de algunas organizaciones sindicales autodenominadas “independientes”, se ha convertido en un verdadero lastre para la clase obrera y los trabajadores, que mediante el más férreo control y la represión o la manipulación política e ideológica, se encuentran maniatados a un sindicalismo adherido al sistema político mexicano y por consiguiente a los intereses de los capitalistas.

Los dictados del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, tienen considerados un paquete de reformas reaccionarias a la legislación laboral de todos los países donde tienen influencia, que para el caso de México, pretenden eliminar los costos para el capital en rubros como: la estabilidad en el empleo, la jornada máxima de 8 horas, las pensiones, las liquidaciones, los contratos colectivos, el derecho de huelga, etc. En los consensos y acuerdos que se han venido negociando entre los diversos sectores involucrados, la mayoría de las direcciones de las organizaciones sindicales legalmente registradas, sólo están interesadas en salir bien libradas en sus cotos de poder y mantener los privilegios que le significan la simulación sindical. La presión ejercida desde el poder del Estado contra algunos dirigentes, como el caso de Napoleón Gómez Urrutia, tiene la pretensión de mantener a raya al charrismo sindical, para que a su vez, estos estén en condiciones menos ventajosas de poder ejercitar alguna presión en contra de las reformas y mantengan un control de sus agremiados.

Entre otras cosas, la reforma laboral pretende legalizar los contratos a prueba, cosa que en la actualidad se practica por la mayoría de las empresas, sin embargo, esto le ha significado la manutención de juicios y despachos jurídicos para evadir la responsabilidad laboral que les significa: la selección y clasificación constante de la plantilla laboral; y por consiguiente, los constantes despidos injustificados en la actual ley. Para el gobierno, esto le mantiene el sostenimiento de los Tribunales del trabajo, verdaderos aparatos burocráticos para atender los procesos legales de miles de juicios laborales. Con la legalización de los despidos -estos en su mayoría se volverían justificados-, los trabajadores no podrían acceder a una liquidación y con ello, se acrecentaría el ejército industrial de reserva, abaratando aún más la fuerza de trabajo y eliminando la estabilidad en el empleo que actualmente se encuentra protegida por la Ley Federal del Trabajo y la Ley burocrática del Apartado “B”.

Del mismo modo, en la actualidad el pago del salario se encuentra determinado por jornada de trabajo, estableciéndose, en la Ley Federal del Trabajo, la jornada de 8 horas como máxima. En los cambios que se tienen considerados por los empresarios, estos de manera unilateral ajustarían los horarios de trabajo y las jornadas a las necesidades del capital y a semejanza de los Estados Unidos, es decir, el pago se tiene contemplado por hora. Esta medida vendría a perjudicar las percepciones salariales, además de pretender dividir a los asalariados como actualmente se da por las horas extras, ante los salarios miserables de la clase trabajadora. De esta manera, la contratación y los salarios estarán a merced de las leyes del mercado, de la oferta y la demanda de la mano de obra, obligándose la clase obrera y los trabajadores a jornadas extenuantes, para poder acceder a un poder adquisitivo que le permita su sobrevivencia y reproducción como clase social.

Otra de las orientaciones del imperio capitalista, radica en acotar, aún más, la formación y reconocimiento de las organizaciones sindicales, aún y con que en la actualidad se ha convertido en un verdadero privilegio para aquellos lideres sindicales con las influencias necesarias para ello, además de la contratación colectiva. En la actual legislación, los requerimientos para el reconocimiento de una organización sindical son mínimos, con la salvedad de que la autoridad laboral en cuestión, se reserva el derecho de otorgar tal reconocimiento, pidiendo a quienes solicitan el registro los medios que considere idóneos, para comprobar que tal solicitud cumple con los requisitos legales, esto le ha permitido mantener un férreo control de los sindicatos. No obstante, ante la gran diversidad de organizaciones sindicales de igual variedad de ramas de la producción, la pretensión consiste en promover la creación de sindicatos blancos y de protección que sean más fáciles de controlar, no porque los actuales se salgan del huacal, sino porque los sobornos hacia ellos les son más costosos.

Por si esto no fuera suficiente, en los proyectos de reforma laboral se contempla la constitución de “comités de empresa”, que elimina la restricción actual a que en las organizaciones de los trabajadores se encuentre agremiado el personal de confianza –léase supervisores, jefes de personal, jefes de línea, gerentes, etc.- donde estos comités de empresa podrían establecer convenios laborales paralelos a los Contratos Colectivos de Trabajo, minando de esta manera la fuerza de los trabajadores, dividiéndolos y por supuesto, restándole prestaciones a las organizaciones sindicales y otorgándoles mayores prerrogativas a las organizaciones controladas por su personal de confianza.

Los cambios a las leyes laborales, de permitirlo la clase trabajadora, tal y como se vislumbra en los acuerdos de alcoba del charrismo y los patrones, significaría la eliminación del derecho de huelga. Para llevar a cabo un movimiento de este tipo y exigir la firma de un contrato colectivo, impedir violaciones a él o para su revisión, no se tendría que llevar a cabo bajo la aceptación y votación de una mayoría, pues sólo sería llevado a cabo por quienes así lo deseasen, sin que legalmente nada ni nadie pueda impedir a los esquiroles el acceso a la planta. Además, la actual legislación contempla el estallamiento de una huelga previo a cualquier votación o recuento, previniendo cualquier acto de represión patronal y con la reforma deja de proteger estos derechos de los trabajadores. Cierto que ello se ha prestado a que muchos líderes sindicales del charrismo más gansteril, durante muchos años acogidos por el sistema, cometan verdaderas fechorías y extorsionen a los empresarios; sin embargo, esto sólo demuestra que en la mira de estos cambios de lo que se trata, es de proteger y beneficiar los intereses del capital.

El sindicalismo conciliador, principalmente el reformista, intenta ocultar el hecho de que ya se ha vendido a los intereses patronales, negociando las conquistas históricas de la clase obrera. Para ello trata de crear falsas expectativas sobre las posibilidades de que en la reforma, la clase trabajadora pueda negociar en condiciones ventajosas, ciertas concesiones a las condiciones de trabajo de los sectores más desprotegidos: las embarazadas, los niños, los minusválidos, etc.; a sabiendas de que el pueblo trabajador en la actualidad no se encuentra lo suficientemente organizado y articulado para contrarrestar las pretensiones patronales y pro-imperialistas. Por ello, la única posibilidad que tiene la clase obrera y los trabajadores para detener esta ofensiva capitalista, que se prevé a corto o mediano plazo, consiste por un lado en lograr derogar la reforma a la ley del ISSSTE, además de oponerse tajante y categóricamente a cualquier reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Pero, en esta lucha por conservar las conquistas laborales, juegan el papel más importante las organizaciones sindicales, de trabajadores, populares, sociales, democráticas, progresistas y revolucionarias que al contrario del charrismo, se encuentran fuera del control del Estado. Ellas son las encargadas de promover la más amplia unidad de la clase trabajadora, donde procesos de convergencia como el Consejo Nacional de Huelga (CNH) deben convertirse en los órganos de lucha y organización para los combates venideros.