La condena a 65 años y 6 meses a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), se convierte en una evidencia del rumbo fascista, que el régimen de Felipe Calderón está tomando respecto al auge de los movimientos sociales y políticos de masas en nuestro país.

Lo excesivo e injusto de la condena corresponde al grado de odio que la burguesía les tiene a los valientes pobladores de Atenco, que con el machete en la mano enfrentaron a las fuerzas de la Policía Federal Preventiva en el 2001, impidiendo con la lucha popular el proyecto de un nuevo aeropuerto para la ciudad que pretendía arrebatarles sus tierras. El revanchismo evidente en el caso del movimiento de Atenco se encamina a convertir a los presos políticos del FPDT, en victimas de un “castigo ejemplar”, ese es el mensaje para todos los que luchan en favor de los trabajadores del campo y la ciudad. Los 65 años de prisión simbolizan el yugo para los que se rebelen contra el imperialismo.

El capitalismo en México acentúa el terrorismo de Estado, como política de contención de la lucha de clases, así lo demuestra la brutal represión de Atenco y Oaxaca en donde las violaciones y los asesinatos de participantes en el movimiento fueron el elemento para disuadir de la lucha al grueso de la población.

Para consolidar el terrorismo de Estado el régimen encontró un sustento jurídico en la reformas aprobadas por el senado al Articulo 139 del Código Penal Federal, en la que impone sanción de seis a 40 años de prisión, y hasta mil 200 días de multa, "sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".

En la lógica del imperialismo, el termino de terrorismo se aplica a cualquier disidente u opositor a la política del Estado; en México el respeto al orden burgués se denomina “Estado de Derecho,” las dos ideas pretenden hacer creer que el Estado representa el interés del conjunto de la población y todo aquel que atente contra el “orden y la paz” debe ser castigado con todo el rigor de la ley, este ambiente de criminalizar las protestas sociales es sostenido por todos los medios de comunicación, y su objetivo es crear el consenso entre la población para el uso de la fuerza como mecanismo para solucionar los problemas sociales, así vemos como se repiten constantemente mensajes televisivos tendientes a moralizar a la opinión publica respecto a problemas como el robo, la piratería, y recientemente aparecen spots en donde el ejército aparece como el defensor de la población frente a los narcotraficantes y delincuentes. En la mayoría de los casos en estos mensajes aparecen niños, como para hacer referencia a los “sentimientos nobles” que defiende el Estado, acompañados de frases huecas como “tienes el valor o te vale”.

Con el esquema del respeto al “Estado de Derecho” y el “respeto a las instituciones”, la burguesía se adjudica como la única poseedora de la razón hacia donde dirigir los destinos del país, y ahora con la nueva redacción del Articulo 139 de Código Penal Federal, todo aquel que no esté de acuerdo y manifieste sus derechos a discrepar de la políticas del régimen será catalogado como terrorista. En nuestro país, las masas de trabajadores del campo y la ciudad siempre han hecho uso de la presión política para defender sus derechos, así ocurrió durante la huelga de la UNAM, en 1999-2000, en el caso de Atenco, en La Parota y en el estado de Oaxaca, en todos estos casos se establecieron mesas de diálogo en donde el Estado rompió los acuerdos y alargó los conflictos en medio de feroces campañas de linchamiento para finalmente reprimir.

El uso de la movilización en las calles, y de la lucha política se expresa hasta en el hecho de colgar mantas en la calle o de publicar materiales con el fin de justificar una demanda particular de la población, con el fin de impedir o hacer cambiar de opinión a las autoridades sobre algún acontecimiento; de tal manera que una marcha ahora atenta contra las vías de comunicación y el cierre de carreteras, como medida legitima ante autoridades que no escuchan a los pobladores, es hoy un acto terrorista. Con la nueva redacción del Código Penal, estos derechos son catalogados de terrorismo, pues con estos medios finalmente se trata de presionar al Estado a tomar una determinación.

Esta reforma pasó súbitamente sin que los partidos como el PRD, PT y Convergencia hicieran nada por impedirlo, resulta una burla su oposición legaloide y evidencia que respetan al régimen burgués del cual forman parte; eso sí, cuando se trata de subirse los sueldos todos están de acuerdo, pues antes que estar con los trabajadores, ellos ven por sus propios intereses y sólo se preocupan por conseguir escaños y gubernaturas, llegando al grado de declarar que la fuerza del ejército es la única capaz de enfrentar al narcotráfico, como lo hizo el gobernador perredista, Lázaro Cárdenas Batel.

El uso brutal de la fuerza y el creciente protagonismo del ejército en asuntos civiles se ha fraguado paulatinamente con el empleo de propaganda negra que consiste en filtrar rumores tendientes a atemorizar a la población de peligros inexistentes, es el caso de declaraciones de la existencia de células de Al- Qaeda en México, la salida de control de bandas como los marasalvatruchas, de la existencia de elementos del grupo terrorista ETA, de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o de agentes venezolanos del gobierno de Hugo Chávez. Este ambiente de miedo es indispensable para justificar tanto la presencia policial y militar como para explicar las grandes partidas presupuestales a estos rubros.

La dictadura capitalista se expresa en innumerables acontecimientos y consiste en que sólo los intereses de la burguesía son atendidos, la dictadura se manifiesta en el olvido de la salud de los trabajadores, en el aumento de la edad para el retiro, en los nulos derechos laborales, en los miles de estudiantes rechazados de la aulas y en el salario de hambre que obliga a los trabajadores a trabajar doble turno para poder sobrevivir, y cuando esto colma la paciencia de los proletarios y salen a las calles a exigir mejores condiciones de vida o a exigir respeto a su fuente de trabajo, como las tierras de los pobladores de Atenco, el Estado reprime e impone la ley a golpes.

Los acontecimientos de la lucha de clases se están extendiendo en México y los movimientos de las masas populares se están consolidando y encontrando terreno fértil para implantarse en medio de la grave situación que se vive, por lo que el imperialismo busca a toda costa mantener su dominio a base de sangre y fuego, así lo constatan los encarcelamientos de los luchadores de las masas trabajadoras, el uso creciente de paramilitares en Chiapas y Guerrero, y la militarización del país, esta escalada del terror burgués evidencia que la supuesta democracia, no es sino, una lucha a muerte por mantener explotados a los proletarios y campesinos pobres.

La burguesía mexicana, encabezada por Felipe Calderón, está decidida a mantenerse como clase privilegiada y por esto se esfuerza en crear un régimen de terror, para ello es necesario que el ejército sea el sustento de la estabilidad de un sistema que hoy enfrenta serias dificultades por controlar a las masas trabajadoras.

Es indispensable hacer frente al militarismo y al terrorismo de Estado en las calles y vincular la lucha por la libertad de los presos políticos a la construcción de una fuerza capas de derribar al régimen que los encarceló, hoy esta tarea se puede ampliar con la participación en la construcción del Consejo Nacional de Huelga.