Las muertes maternas son aquellas que ocurren durante el embarazo, el parto y el puerperio (días posteriores al parto) a consecuencia de un problema de salud asociado a la reproducción o agravado por ésta. La mortalidad materna se mide como una tasa, es decir, la relación que existe entre las muertes maternas, por la cantidad de mujeres en edad fértil que viven en el país por 100,000. O bien en una razón de muertes maternas/recién nacidos vivos por 10,000.

Todas las muertes maternas son catalogadas como muertes prematuras, ya que la esperanza de vida de la mujer en México es actualmente de 77 años, y las muertes maternas en promedió se presentan a los 29 años.

Diversos estudios en nuestro país han demostrado que la mayor parte de las muertes maternas corresponden a mujeres con un nivel bajo de escolaridad, es decir, aquellas que viven en condiciones de pobreza. El 33% de las muertes maternas corresponde a mujeres que no fueron nunca a la escuela, tampoco tuvieron acceso a los servicios de atención médica y por tanto tampoco a atención prenatal. La mayor parte de las muertes maternas ocurren en los estados del sur del país, donde la infraestructura de los servicios de salud es más insuficiente aún que en los centros urbanos, ocupando los primeros sitios Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, que son los mismos estados que ocupan los primeros sitios por mortalidad infantil. Mientras mayor sea el nivel de marginalidad y las poblaciones donde habiten las mujeres sean más pequeñas, las posibilidades de morir por causas maternas son mayores.

El promedio nacional de muertes maternas actual es de 62.6 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, esta cifra se encuentra muy lejos de alcanzar las metas comprometidas por las autoridades de salud en los foros internacionales, de disminuir a tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna. Por si ello fuera poco, y de acuerdo a Comisión Nacional de Población (CONAPO), se calcula que no hay un registro exacto de la mortalidad materna, ejemplo de ello es que entre un 30 y un 40% de muertes no son registradas por un mal llenado en los certificados de defunción realizados, en muchas ocasiones por personal no calificado.

Estos datos adquieren singular relevancia si consideramos que las mujeres más afectadas son las que viven en condiciones de pobreza y marginación, como las que habitan en los estados del sureste del país, donde se observan más de 100 muertes por cada 100 mil nacimientos. En contraste, algunos estados del norte de la república sólo presentan tasas de 20 fallecimientos por 100 mil nacidos vivos, esto es, cinco veces menos comparativamente.

Incluso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que para una mujer, en América Latina o el Caribe, las probabilidades de morir por complicaciones del embarazo son 27 veces mayores que para una mujer en Estados Unidos. La muerte materna es la tercera causa de muerte en las mujeres adolescentes. Entre 106 millones de mexicanos que existen, 20.4 millones son jóvenes y adolescentes con características heterogéneas y pocas expectativas para sacar adelante a un hijo o hija. La mitad tiene entre 15 y 19 años, estudia y depende económicamente de su familia y tiene en esos años su primera relación sexual.

Aún cuando la mortalidad materna ha disminuido, en los últimos dos sexenios, se dio sólo a partir de que se atienden con más recursos los embarazos de alto riesgo, tanto en los servicios privados de atención médica, como en las instituciones públicas de atención a la salud en el tercer nivel. En lugar de priorizar la atención en el primer nivel de atención médica, es decir, en las clínicas periféricas, en las unidades médico familiares de las zonas rurales y de mayor grado de marginalidad.

De acuerdo a la norma oficial mexicana, la atención prenatal del embarazo incluye 5 consultas durante toda la gestación. Pero esta condición no se cumple, menos en esas zonas, donde no hay clínicas o el traslado a una unidad médica está fuera del alcance para la gente más pobre. De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidad (UNFPA), los buenos servicios de salud reproductiva y el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de todas las mujeres, garantizaría que todo niño que nace sea deseado y tenga una mejor calidad de vida.

Ante la discusión simplona y moralista, que se dio con respecto a la despenalización del aborto, de si la vida inicia o no antes de la doceava semana de gestación; lo realmente importante es garantizar que las mujeres tengan derecho a la salud y que los niños que nazcan tengan mejores condiciones de vida y de desarrollo en todas las esferas, que tengan acceso a la salud en forma universal y no sólo reciban la atención raquítica médica que los gobernantes pregonan para los nacidos en el sexenio de Calderón.

No se trata de respetar los planes de vida de las mujeres, sino de si están o no en condiciones de brindar a sus hijos condiciones de una vida digna, porque hasta ahora no es una responsabilidad ni social ni del Estado, incluso frecuentemente, ni de la familia, sino sólo y exclusivamente de las mujeres.