Habitantes de la Sierra de Zongólica han sufrido un sin fin de agresiones, por parte del ejercito, la muerte de Ernestina Ascensión, no es la única , antes de que se presentara este lamentable hecho, los habitantes de esta región se habían quejado constantemente ante los mandos militares del robo de leña, el abuso de autoridad y el maltrato del que eran objeto por parte de los soldados que resguardan la zona.

El caso de la indígena náhuatl, es parte de una larga cadena de crímenes y abusos cometidos por parte del ejército mexicano contra la población, sobre todo en las zonas rurales, donde haciendo uso de su supuesta superioridad como autoridad e institución federal, roban las pocas pertenencias de los campesinos pobres, realizan cateos en las casas sin orden alguna, en busca de armas en zonas donde supuestamente hay presencia de grupos guerrilleros o de narcotráfico, uno de los delitos más cometidos por los soldados es la violación sexual contra las mujeres.

Muchos han sido los casos de delitos cometidos por elementos del ejército mexicano, estos no son casos aislados o de mal comportamiento, pues los soldados son adiestrados para demostrar su supremacía ante la población, además de que gozan de impunidad y aunque los delitos que cometen son del fuero común, las instituciones de seguridad están incapacitadas para investigar los hechos y menos aún, pueden sancionar los delitos, ya que los casos son atraídos por la Procuraduría de Justicia Militar, donde los casos son cerrados.

Según la propia Constitución mexicana, el ejército en tiempos de paz debe permanecer en sus cuarteles, sin embargo, hoy día podemos ver cómo los militares se encuentran en las calles de prácticamente todo el país, en algunos casos por los aparatosos operativos contra el narcotráfico y en otros porque a ellos se les ha encargado la tarea de la seguridad pública, esto con el argumento de que la policía, en sus tres niveles, está permeada de elementos corruptos y aliados del narcotráfico.

Cabe mencionar, que también el Ejército mexicano es una institución corrompida, penetrada por el narcotráfico al cual le sirven como cuerpo de seguridad; por si eso fuera poco, militares de alto rango son socios de los principales cárteles de la droga.

Lo cierto es que la presencia de los militares en las calles, es una forma de intimidación hacia la población, sobre todo en momentos en que el pueblo ha expresado su descontento ante la política del régimen. Actualmente existen retenes militares a lo largo y ancho del país; de forma autoritaria e intimidatoria, los soldados detienen vehículos particulares en las carreteras del país, con lujo de violencia, ordenan a los conductores se identifiquen y revisan de forma exhaustiva los vehículos.

En las operaciones especiales en contra de movimientos populares, los militares han cometido un sinnúmero de abusos, tanto de autoridad, como sexuales, como ha sido en el caso de la represión en Atenco y Oaxaca, en los que, como en el caso de Ernestina Ascensión, los casos han sido cerrados, tanto por las autoridades como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora no sabe qué inventar para limpiar de culpas al Ejército y a las autoridades que son responsables de los abusos cometidos contra el pueblo. Este suceso se convirtió en una clara demostración de la bancarrota del gobierno.