Desde el inicio del gobierno de Ulises Ruiz, en Oaxaca, se han implementado acciones contra los derechos de los trabajadores. No solo las organizaciones sociales resintieron la política fascista de URO, también los trabajadores asalariados y sus sindicatos comenzaron a padecer los efectos de esta política de golpeteo y cerco. Basta recordar el hecho de que los voceadores más humildes, por ejemplificar el caso, eran perseguidos por la Unidad Policial de Operaciones Especiales, la policía ministerial y todos los aparatos policíacos oaxaqueños, como los delincuentes más peligrosos y buscados en todo el estado.

A esta situación se suma la ola de provocaciones patronales en todos los rincones del estado, representada en los abusos más descarados contra los trabajadores como lo es la retención salarial, el despido injustificado, la agresión física, la amenaza, el financiamiento de grupos de choque al interior de los centros de trabajo y los sindicatos mismos, la creación de grupos políticos gobiernistas al interior del movimiento sindical.

Entre otros fenómenos que se hicieron presentes en empresas como Rodi+Raban, Romasa, Zetuna, Cemento Cruz Azul y sindicatos como la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el autodenominado “Consejo Central de Lucha” (CCL), la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud con Genoé Ruiz López quien actualmente es secretario general de la Sección 38 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y aliado de URO.

Esta campaña de formación de grupos charros y gobiernistas al interior del movimiento sindical, hoy puede observarse, respondía a toda una política de estado encaminada a sentar las bases necesarias para garantizar la entrada de proyectos y mega proyectos de inversión imperialista en territorio oaxaqueño, en detrimento de las condiciones de vida, trabajo y organización de la clase obrera y los trabajadores en general.

Debe ser señalado el hecho de que en el 2006, el aumento “otorgado” por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) para el área geográfica “C” (que comprende a los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, entre otros) fue tan solo del 4.0% lo que en términos reales vino a representar $45.81 pesos diarios al trabajador.

Cuando URO inició su mandato, la CNSM giró un aumento al salario mínimo para el área geográfica “C” del 4.6%, que representaba entonces $44.05 pesos diarios al trabajador; es decir, al término del Foxismo y con URO al frente del ejecutivo del estado de Oaxaca, los asalariados tuvimos un aumento al salario nominal de $1.76 pesos al día.

En ese mismo año 2006, el magisterio democrático de la Sección XXII SNTE-CNTE presento el 1º de Mayo su pliego petitorio en el cual, una de las demandas fundamentales era la rezonificación económica por vida cara, lo cual generó la molestia de los círculos más oscuros y reaccionarios de la burguesía en Oaxaca dando luz verde a la política represiva en contra de un sector tan importante como es el magisterio para éste estado.

Esta situación, la nula respuesta a las demandas magisteriales y de las organizaciones que como Promotora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo se movilizaban por demanda económicas por ese entonces, y sumando a esto, la represión sufrida el 14 de junio, vino a materializar los esfuerzos de cientos de organizaciones sociales y sindicales a nivel estado para la constitución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en días posteriores, para pasar de ser una lucha económica y gremial a una lucha eminentemente política, clasista, de masas, democrática y revolucionaria, tanto por su contenido como por sus planteamientos programáticos y organizativos.

El gobierno del estado supo jugar su papel como defensor de los intereses de la burguesía e intentó mediatizar la opinión del proletariado y los asalariados de la ciudad, con los efectos de la crisis económica y política provocada por su incapacidad para dirigir la vida de la entidad. Los despidos en masa, el cese y cierre de empresas como acto de simulación por “pérdidas o quiebra” se generalizaron en Valles Centrales; el fantasma de la desocupación y la retención de salarios, no solamente para el magisterio, ocuparon muchas páginas en los periódicos locales de manera cotidiana durante poco mas de tres meses. Muchos hoteles, bares, restaurantes, coctelerías, etc. pertenecientes a los sindicatos patronales “Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Oaxaca” y la “Asociación Mexicana de Restaurantes”, jugaron este papel enviando a miles de trabajadores a las calles como medida de presión en contra del movimiento social que se hacía extensivo a cada vez más rincones del estado en claro rechazo a la política fascista del tirano.

Según datos oficiales, publicados por la junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) de Oaxaca, en el 2006 se perdieron aproximadamente 48 mil empleos y de esto, ni la patronal ni el Estado burgués asumen su responsabilidad como causantes del conflicto y prefieren culpar a la APPO y a los propios trabajadores por “perturbar la paz y armonía social de la entidad”.

En el 2007, con la llegada de FECAL a la presidencia de la república, la CNSM decretó un aumento del 3.9% al salario mínimo vigente, lo que sumando al encarecimiento de la vida presentado este año, ha venido a sumergir en una mayor miseria a nuestra clase en uno de los estados más pobres del país.

El tirano y sus amos burgueses en Oaxaca nunca estuvieron solos, desde el inicio del conflicto contaron con el respaldo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y otras agrupaciones patronales dispuestas a acabar con el movimiento popular en ascenso y evitar su desborde a nivel nacional.

A este fin tuvo lugar la represión administrativa que sufrimos los trabajadores a lo largo y ancho del estado de Oaxaca, fundamentalmente en las empresas paraestatales (CFE, PEMEX, etc.) e instituciones de servicios básicos para la población (IMSS, ISSSTE, SEP, SCT, SSA, Gobierno del Estado y Ayuntamientos, etc.).

De ello hablan por un lado las declaraciones de José Escobar, presidente de la COPARMEX y las de sus amigos en el estado, así como las actividades descaradas del gobierno y sus instituciones como la suspensión de pagos por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca al magisterio, la interrupción de servicios médicos o el maltrato en ellos a los trabajadores del Apartado B, fundamentalmente a aquellos cuyos sindicatos estuvieran involucrados en el conflicto, la cancelación de subsidios y recursos para instituciones como la Secretaría de Salud, cuyo sindicato estaba en huelga también.

Con todo lo anterior, la patronal sigue al cause de su política fascista contra los derechos laborales y sindicales de los trabajadores en todas las ramas de la producción y sectores; capitalizando hasta el más mínimo detalle del conflicto para respaldar a su lacayo como gobernador del estado y garantizar la obtención de su taza media de ganancia.

Los trabajadores del periódico Noticias con el respaldo del FSODO y la APPO tomaron las oficinas de la JLCyA exigiendo la respuesta satisfactoria e inmediata a su conflicto y en defensa de su legítimo derecho a la libertad de asociación; otros sectores de trabajadores que venían despertando a la lucha social veían en esto una esperanza de que sus conflictos y demandas colectivas o individuales tuvieran respuesta.

No obstante, como hemos señalado más arriba, la burguesía fue hábil al jugar sus cartas y aprovechó la misma toma de las oficinas de la JLCyA para dar paso a mayores despidos e irregularidades laborales en el terreno legal a sabiendas de que nadie, ninguna institución, podría obligarla a respetar los derechos de los trabajadores siempre que respetara en su accionar los límites del fuero local y federal.

De esta manera los 48 mil trabajadores de los que habla la JLCyA que perdieron su empleo durante el conflicto en Oaxaca, no pudieron demandar despido injustificado ni reinstalación pues no existía ninguna autoridad competente para ello.

Además de ello, muchos trabajadores que durante el conflicto encontraron en la lucha por la independencia sindical su mejor arma, tuvieron que renunciar momentáneamente a ella pues las solicitudes de registro sindical y tomas de nota, al igual que todo acto que requiera de la intervención de la JLCyA se encontraban cancelados por el conflicto mismo, lo que patrones y charros supieron aprovechar mejor que nunca para dar otro golpe más al movimiento sindical.

A estos se suma el hecho de que en Oaxaca las instituciones de gobierno, cualquiera de estas, sirven a los intereses de la burguesía y a URO, por lo tanto, resulta prácticamente imposible una solución satisfactoria por la vía jurídica que ofrece la legalidad burguesa. Este es otro de los motivos por el cual el pueblo de Oaxaca no cree más en las instituciones.