Para el caso de los trabajadores al servicio del Estado a quienes también se les conoce como empleados públicos, servidores públicos o simplemente burócratas; sobre sus espaldas se han descargado las funestas consecuencias de la aplicación de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
En el Gobierno del Distrito Federal (GDF) esto se aplica en diversos frentes y con justificaciones muy semejantes a las del Gobierno Federal, aquí se vive un proceso en el que se están cediendo los servicios públicos a la iniciativa privada, hoy el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipo e instalaciones del GDF se realiza por talleres y empresas de capital privado tanto nacional como extranjero; los bancos (hoy en manos extranjeras) y las tiendas departamentales también de extranjeros se encargan de las cobranzas de los impuestos y contribuciones que antes realizaban los trabajadores de base de la Secretaria de Finanzas. Antes del año 2000 existía una área con trabajadores de base que se encargaban de la nómina del GDF, sin embargo, ésta función hoy la realiza personal subcontratado por una compañía española que para distinguir sus funciones del resto del GDF se denomina SIDEN.
La separación y procesamiento, así como la recolección (en áreas específicas del DF) de la basura, hoy está en manos de empresas privadas. El GDF tiene firmados contratos por prestación de servicios con una cantidad enorme de compañías privadas desplazando paulatina, pero inexorablemente, la mano de obra del propio GDF, esto sucede en las 107 unidades administrativas lo que representa un atentado flagrante a la materia de trabajo.
Si nos remitimos únicamente a los procesos de privatización, el proceso empezó con la concesión de los servicios de intendencia de los edificio públicos, hay cedidos en su totalidad a la iniciativa privada, cuando estos eran prestados por los trabajadores de base fundamentalmente agremiados a la Sección 15 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Por otro lado, en lo referente a los servicios públicos del agua que va desde la emisión de las boletas de cobro, la detección de fugas subterráneas, las cobranzas, la verificación y lectura de tomas domiciliarias, la instalación de tomas domiciliarias y medidores, el mantenimiento de las instalaciones y equipos, la distribución del líquido y un largo etc., funciones otrora, realizadas por trabajadores de base del GDF y que hoy está en manos de particulares (algunas son filiales de grandes trasnacionales del agua como SUEZ o VIVENDI).
Por lo que toca a la situación laboral y salarial de los trabajadores en el GDF, se vive la misma política que a nivel nacional enfrentan los trabajadores en general: contención salarial, pérdida de prestaciones laborales y sociales (producto de las modificaciones de las Condiciones Generales de Trabajo del 2003), falta de insumos de trabajo y equipos de protección.
La plantilla laboral se merma de manera drástica, por un lado debido al congelamiento de las plazas que desde 1992 fue decretado precisamente en apego a esas orientaciones del imperialismo, además porque con sólo dos programas de “retiro voluntario”, implementadas entre 2005 y 2006, que el gobierno encubrió con el nombre de “jubilación anticipada” fueron rescindidas más de 10 mil plazas, mientras que el programa de basificación alcanzó tan sólo unas 6 mil, es decir, que en sólo dos años 4000 plazas se perdieron.
Bajo un esquema inventado dentro del marco de las pretensiones electorales que se denominó de “austeridad republicana” se limitan los insumos del trabajo en áreas de operación, por ejemplo, no existen los materiales indispensables para la realización del trabajo. Esto ha servido para justificar la necesidad de la privatización del mantenimiento de áreas específicas fundamentalmente de la Secretaría de Obras, sin embargo, ha estado presente, como lo dijimos arriba, en las 107 unidades administrativa, incluso en áreas de la cultura.
La aplicación en las Condiciones Generales de Trabajo del GDF se aplican sólo en cuanto a las sanciones en contra de los trabajadores, porque cuando se trata de las obligaciones de la patronal se recurre invariablemente a la falta de disponibilidad financiera, a pesar de que siempre, año con año, se presume de superávit financiero o de superación de las estimaciones de recaudación tributaria.
Por todo lo anterior los trabajadores sólo tenemos un camino, la organización y la lucha, por ello cobra relevancia la constitución del Frente Único de Trabajadores que se desarrolla a la luz de las alternativas de los trabajadores.
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